La crónica de los diarios sobre la vuelta de las fiestas electrónicas en Costanera Norte, a un año del desastre de Time Warp, es por demás reveladora. En el boliche “Mandarine Park”, se reunieron el sábado pasado 5200 jóvenes. La fiesta, según constata una periodista de La Nación, contó con un enorme despliegue de fuerzas de seguridad, personal sanitario y seguridad privada. El dispositivo incluyó a la Cruz Roja, la cual, además de sus puestos de atención, entregaba volantes “con información sobre el consumo de drogas”. El dispositivo se corresponde con las exigencias de la ley de eventos masivos que sancionó la Legislatura este año, como supuesta salida a la grave crisis política planteada por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp.

 

En cualquier caso, y según relata la cronista, las drogas de diseño “circulaban cómodamente por un predio que, salvo el VIP, se organizó al aire libre”. Dealers “ofrecían pastillas de éxtasis a 200 pesos”. Como saldo, “24 personas debieron ser atendidas por la Cruz Roja”, y una “tuvo que ser derivada al hospital Fernández con un cuadro de intoxicación”. La información da cuenta también de la provisión gratuita de agua en bidones para hidratar a los consumidores de pastillas, lo cual no evitaba el negocio de las botellas de agua a 50 pesos. El conjunto del ´evento´ transcurría bajo la vista de 26 inspectores de la Agencia de Control Comunal, también, en este caso, de acuerdo a lo que marca la ley.

 

Así las cosas, el escenario de Time Warp volvió a instalarse en la Costanera Norte, en esta ocasión, bajo el manto de las regulaciones estatales. Con seguridad, la línea entre la vida y la muerte para los jóvenes atendidos por la Cruz Roja o en el Fernández, fue muy delgada. Recientemente, en Santa Fe, y bajo diversos recaudos y controles, murieron dos jóvenes intoxicados en las mismas circunstancias.

 

Probablemente, los derechistas que lean la crónica de esta fiesta apuntarán a la inefectividad de los efectivos de seguridad o a su presencia insuficiente, para reforzar los dispositivos represivos sobre las fiestas. La crónica que citamos, sin embargo, da cuenta de una fuerte presencia de la Prefectura. La conclusión es otra: la renovada intoxicación masiva de jóvenes, en presencia de todos los estamentos –policías, inspectores, agentes de salud– del Estado, sólo demuestra que el gigantesco negocio del narcotráfico transcurre como una rama más de la organización social capitalista, y bajo la venia del Estado que protege sus intereses. La “zona liberada” de prefectos, empresarios y funcionarios que permitió Time Warp fue ahora ampliada, abarcando a la Legislatura porteña y a todas las instituciones del Estado.

 

La producción de drogas de diseño, su distribución e ingreso a los megaeventos no podría tener lugar sin ese amparo estatal. A su turno, los beneficios gigantescos de este negocio construido a costa de la vida y la salud de los jóvenes alimentan las arcas del capital financiero, muchos de cuyos bancos han sorteado la bancarrota a costa de recibir los fondos de los narcos. La megaintoxicación de jóvenes, por lo tanto, está unida a la decadencia y descomposición capitalista. Los derechistas que miran este escenario de espanto apuntan rápidamente a “la música” o “el megaevento”. Pero como dijo un conocido locutor de radio, “no es la música”. Es el régimen social que se escuda en la fiesta masiva para dar lugar a una de sus manifestaciones más aberrantes. Es muy abundante el material científico que da cuenta de las consecuencias letales –en lo físico y psíquico– de las llamadas “drogas de diseño”. La respuesta a esta crisis ha tenido dos vertientes principales. Por un lado, la de quienes reclaman prohibiciones y reforzamientos represivos, aumentando la capacidad de extorsión del mismo Estado y fuerzas de seguridad que son cómplices de este filón de negocios y de su desarrollo. Por el otro, la miseria política de los progresistas –e incluso izquierdistas– que asumen al consumo de drogas como “dato”, del mismo modo que lo hacen con la miseria social y otras lacras del régimen actual. Y a partir de allí, han consagrado al “control de daños” como la estación terminal de su política frente a la droga. La fiesta de este sábado es la consumación de esta línea: o sea, el escenario de la descomposición y la muerte en ciernes, bajo la mirada atenta de la Cruz Roja. Los apologistas del `consumo responsable` se escudan en la libertad humana, como si esa libertad existiera para una juventud sometida, alternativamente, al desempleo o a la superexplotación; a la angustia y a la inseguridad de la existencia y, por lo tanto, al acoso de los dealers. El infierno de “pastillas” tiene, para el capitalismo, dos cometidos: por un lado, desarrollar un gran filón de negocios. Por el otro, destruir las energías físicas y morales de la juventud, para que éstas no se vuelquen contra el orden social existente. Por eso mismo, la lucha contra la droga, y contra su consumo, por medios políticos, es una convocatoria a la juventud a sumarse a la lucha por una transformación social, o sea, por abatir al capitalismo y al Estado que han elevado este negocio infame a una escala industrial jamás conocida. Esto fue lo que dijimos en la Legislatura, frente a la hipocresía del “control de eventos”. Esto es lo que volvemos a decir ahora.