Los candidatos santafesinos a gobernador, a intendente, así como a cargos legislativos de todos los niveles, fueron convocados a una reunión en la Universidad Católica Argentina para que “firmen un compromiso por la prevención y recuperación de adicciones”. El Frente de Izquierda no fue invitado, a pesar de que tendrá uno de los cuatro candidatos a la gobernación de la provincia, cosa no menor.

La discriminación resulta lógica, cuando vemos qué sectores promueven la iniciativa: Arzobispado de Rosario, Aciera (iglesias evangélicas), “Ni un pibe menos por la droga” (CCC/PCR), la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, el Colegio de Abogados, Movimiento Nacional Pyme, varias asociaciones empresariales y fundaciones financiadas por capitalistas (Oame, Mujeres Empresarias; Fundación Apertura, Libertad, etc.).

La “firma compromiso” encierra en el término el concepto de la convocatoria, que es eliminar las diferencias de clase que atraviesan el problema social del narcotráfico, buscando instalar el concepto de que la “droga no distingue clases sociales” y por lo tanto afectaría a todos por igual. Para evitar que se apersone la única fuerza política que precisamente va a colocar esa diferenciación y la denuncia a la clase capitalista, que es la que se beneficia del narcotráfico, los organizadores optaron por ningunear al Frente de Izquierda. Para esto contaron con la complicidad de la CCC/PCR, que ha cerrado filas con el peronismo de Omar Perotti de la “Paz y el Orden”, con Carlos Del Frade, llamando a votar a su candidato y Marcelo Lewandosky, apuntalando al PJ que acaba de perder casi 300.000 votos desde la última elección.

“Frente a las dificultades por las que atraviesa nuestra ciudad relacionadas con las adicciones, el consumo y el problema del narcotráfico, consideramos urgente e imperiosa la toma de conciencia colectiva y el diseño de más acciones para su abordaje” reza la convocatoria, una presentación encubridora desde todo punto de vista.

Primero porque Rosario está copada por el narcotráfico y la base de esa realidad no debe ser matizada para poder enfrentarla. Segundo, no es el consumo sino el lucro alrededor de la producción y distribución de estupefacientes la raíz de la actual crisis, es la búsqueda de ganancias y no el consumo –problemático o no – lo que motoriza al narcotráfico. La producción determina al consumo y no al revés, el problema no son los consumidores sino las cocinas de droga, la exportación de cocaína y marihuana vía los puertos privatizados de Santa Fe a Brasil, Europa, Asia y Oceanía; las financieras, casinos, las grandes constructoras, las concesionarias de autos y los bancos que aumentan sus ganancias lavando el dinero negro del narcotráfico.

Poner la carga de las responsabilidades del narcotráfico en los consumidores es una operación ideológica en beneficio de los capitalistas, lo que explica la firma de las asociaciones empresariales que auspician el evento, directamente involucradas en las operaciones de blanqueo, como sucede con las constructoras. Es penoso que lo hagan a cubierto de la fuerzas que se reclaman “antiimperialistas y revolucionarias” , como el PCR, que nuevamente termina en el campo de la Sociedad Rural y los dueños de la propiedad terrateniente, donde estacionan las avionetas con droga. En Santa Fe existe un régimen narco-sojero, en base a los puertos privatizados, que montó el peronismo con Menem en los ’90 y sostuvieron todos “pituquitos” del Partido Socialista, la UCR y el Frente de Todos. Para luchar contra los consumos problemáticos hay que enfrentar esos intereses económicos, no transar en acuerdos con ellos.

No a la trata de personas con consumos problemáticos a manos de las iglesias

El 13 de julio pasado descubrieron una red de trata en el centro de rehabilitación de Rosario “Remar”, donde rescataron a 90 personas. El procedimiento abarcó un total de 400 personas encontradas durante una treintena de allanamientos simultáneos en cinco provincias. Según el responsable del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, los “métodos coercitivos” para captar a personas vulnerables, “se basaban en el elemento mágico religioso”. Concretamente una de las intervenciones policiales locales fue en la iglesia evangélica Cuerpo de Cristo (Juan José Paso al 1600), donde funciona el centro Remar.

Dicha entidad se presenta como “una ONG sin ánimo de lucro, que cuenta con un número de personas dedicadas íntegramente a la ayuda humanitaria, que en su mayoría han sido primeramente ayudados a salir de situaciones precarias y que deciden amparar a otros que se encuentran en situación de emergencia (…) con presencia en 70 países gracias a la ayuda de Dios y al apoyo de miles de colaboradores voluntarios que dedican sus vidas al servicio de otros” (Rosario3, 04/08)

La “urgente necesidad de que se fije como prioridad absoluta la recuperación de personas con problemas de adicción y consumo, y que se establezcan acciones positivas para prevenir y evitar el consumo y abuso de estas”, parte de separar a las iglesias del Estado y no de seguir reforzándolas con subsidios, como lo ha hecho el gobierno de Omar Perotti a través de Desarrollo Social, y como lo hacen todos los gobiernos. El Estado terceriza en la Iglesia Católica y las Evangelistas la asistencia de personas con consumos problemáticos para sortear su responsabilidad de atender con recursos reales el sistema público de salud, que está devastado, para favorecer el lucro de la salud privada en torno al tratamiento de las adicciones (300 mil pesos por día) y para fortalecer el sometimiento espiritual de la población a la visión reaccionaria de las iglesias.

Abajo el Estado narco

Vivimos en una sociedad dividida en clases y el narcotráfico no golpea por igual a cada una de ellas. Mientras aumenta los beneficios capitalistas, azota con violencia los barrios y mata a la juventud pobre. Mientras los de arriba se enriquecen lavando el dinero narco en financieras, casinos y en la especulación inmobiliaria, los de abajo están sumergidos en la pobreza y son carne de cañón de las redes narco amparada por todos los niveles del Estado: policía, justicia y política.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, con Gabriel Solano a la cabeza, presentamos un proyecto para la creación de Centros Integrales para el Tratamiento de Consumos Problemáticos, planteando un refuerzo al sistema de salud en beneficio de la familia trabajadora, a la que le resulta imposible pagar un tratamiento privado. Para no caer en las “granjas”, verdaderas prisiones clericales donde no pocas veces se estructuran mafias que lucran con personas desprotegidas y vulnerables.

Por el desmantelamiento de las redes narco decimos fuera los búnkers de los barrios y la narcopolicía. Luchamos por trabajo genuino, salario igual al costo de vida y becas de estudio. Por la urbanización de todos los barrios populares bajo control de los vecinos, planteando medidas de fondo, como la creación de una Banca única estatal para con el ahorro provincial desarrollar la obra pública y la inversión, así como la estatización de los puertos y su puesta bajo control de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/politicas/categoricamente-no-gabriel-solano-el-unico-candidato-que-rechazo-la-reforma-laboral