Con el cobro en julio los cinco millones de jubilados y pensionados a quienes Alberto Fernández, Martín Guzmán y Fernanda Raverta ilusionaron con cobrar un bono reciben solo los $23.065 pelados de la mínima (los demás no recibieron ni siquiera promesas de bonos).

El bono fue prometido para junio, luego para julio y ahora sin fecha. ¿Lo pagarán en medio de la campaña electoral? Quizás. Es la confesión de que la nueva movilidad, que no tiene en cuenta la inflación y establece ajustes trimestrales de los haberes verdaderamente miserables, se vuelve políticamente insostenible para el propio gobierno que la impulsó en el Congreso en diciembre de 2020. Ahora bien, definamos exactamente el carácter de los bonos: son por fuera del haber y por lo tanto no alteran la desvalorización histórica, que se concreta mes a mes, aún para los que lo reciben -que son solo los de mínima y sin doble beneficio de pensión.

La impostura del gobierno no puede ser mayor. En momentos en que acaba de negociar pagos al Club de París por 430 millones de dólares, paga a China el crédito soberano por la obra de la represa Cepernik que está paralizada, y por supuesto cancela puntualmente los intereses al FMI.

A los 8,5 millones de jubilados y pensionados les deben 19,5% que fue lo perdido durante el gobierno de Macri y que Fernández se prometió recuperar durante su campaña electoral. Les deben también la diferencia respecto a la movilidad suspendida en 2020 -como ha sido ratificado en juicios en Bahía Blanca y en Córdoba. Las cuentas son simples: por la fórmula suspendida debía aumentarse el 42%, pero Fernández otorgó a los de la mínima 35,30% (con bonos que no aumentaron la base del haber) y a los de la máxima el 24,2%. Perdieron todos y encima se desvalorizó el monto del haber sobre el que luego de diciembre 2020 se calculan las actualizaciones trimestrales.

2021: mayores pérdidas de los jubilados y pensionados

La falta de recomposición de todo lo perdido ha llevado a los haberes jubilatorios a los niveles más bajos de los últimos años, sean los de la mínima o sean los de la máxima -hoy con un tope arbitrario de $155.000. La jubilación mínima es de 144 dólares calculado con un piadoso tipo de cambio de $160, cuando los financieros superan los $170 y con ellos remarcan las empresas, en particular alimenticias.

La mínima de $23.065, las pensiones no contributivas de $16.145 que reciben 1,4 millones de personas, la PUAM (pensión al adulto mayor) de $18.452 que hoy cobran 3 millones, colocan a todo este universo por debajo de la canasta de indigencia, valuada en abril en $26.677.

En lo que va de 2021 se viene perdiendo ostensiblemente. La movilidad de marzo del 8,07% estuvo por detrás del 13% del primer trimestre. El 12,1% de junio no compensa la inflación del 25% que se calcula para el primer semestre.

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El gobierno de Fernández va en camino de profundizar esta política, ya que la fórmula de movilidad impuesta en diciembre del 2020 la disoció específicamente los índices de inflación, que se disparan mes a mes. Por el contrario, las actualizaciones se basan mitad en los aumentos de los sueldos, completamente en caída por las paritarias a la baja, y mitad por recaudación. Pero este último ítem varía enormemente según los impuestos de que se trate, cuando en el caso de los aplicables al sistema previsional caen los aportes patronales por las evasiones constantes de los capitalistas y las eximiciones que determina el propio gobierno en nombre de la pandemia y la crisis económica.

Esta penuria hace que los jubilados tengan que salir a changuear o que vayan masivamente a los comedores populares, o se caminen cuadras y cuadras para recibir con enorme pesar un bolsón de comida de los que reparte el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras, mostrando con lágrimas en los ojos sus recibos de con haberes miserables. Más difícil es todavía recibir asistencia del PAMI. Se suman los reclamos de dos millones de adultos mayores que, teniendo la edad, no se pueden jubilar por no llegar a los 30 años de aportes en blanco.

Se enfrentan dos políticas

El gobierno de Fernández, con la complicidad de los opositores de Cambiemos, saquea a los jubilados para logrando arrimarse al superávit fiscal “por el ajuste en jubilaciones y en sueldos de los estatales”, como reconocen los enviados del FMI a Guzmán.

Las organizaciones de jubilados autoconvocadas protagonizaron jornadas nacionales de lucha contra la suspensión de la movilidad en 2020 y ahora por movilidad automática, el 82%, un aumento de emergencia y un haber mínimo de $65.000. Tambié reclaman por recomposición de lo perdido en los últimos años, por direcciones electas en Anses y en las cajas provinciales, en Pami y en las obras sociales de trabajadores activos y jubilados.

El Plenario de Trabajadores Jubilados ( integrante de la Coordinadora Sindical Clasista) y el Polo Obrero lanzan como continuidad de la lucha una campaña por la obtención de las jubilaciones pendientes para todos los adultos mayores, por una moratoria general cuyos fondos deben ser cubiertos por el Estado y los capitalistas, que son los responsables de haber impuesto el trabajo en negro y que se han beneficiado con la explotación sin límites de los y las trabajadoras precarizadas; y poniendo fin al trabajo informal cuya perpetuación es una decisión consciente.

Vamos a los barrios de todo el país a empadronar a adultos mayores sin jubilación y a encarar las acciones necesarias, prácticas y de lucha, para conquistar este derecho que la CGT y la CTA han abandonado hace años.

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