Un informe que dio a conocer el ultraoficialista diario La Nación (17/6) desnuda la falacia de la campaña de Macri contra la que denominó “industria del juicio” (es decir, la defensa de sus derechos por parte de los trabajadores) que -se animó a sostener- provocaría el cierre de empresas y la liquidación de fuentes de trabajo.

 

La nota destaca que en 2016 se iniciaron en el país 160.000 juicios laborales, que se sumaron a los 340.000 que ya había en trámite, llevando el total a 500.000. Pero que, como los tribunales se encuentran colapsados, con menos juzgados de los necesarios, con espacios reducidos que dificultan las tareas y sin la tecnología necesaria para tener una actividad mínimamente normal, sólo están en condiciones de tratar alrededor de 35.000 juicios al año, es decir el 7% de los acumulados.

 

Luego de describir las condiciones deplorables en las cuales se desarrolla la actividad en los juzgados laborales (“la gente trabaja sin las más mínimas y básicas normas de seguridad e higiene”, dice la nota), la periodista transcribe declaraciones de jueces, quienes denuncian que “tienen falta de conectividad y que, además, luchan contra un sistema informático de gestión” que es “poco eficaz” y que “hace nuestra tarea mucho más lenta”.

 

A todo esto no se refirieron ni Macri ni el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien salió a apoyar al Presidente en su ataque a los trabajadores y en defensa de los intereses del conjunto de los capitalistas. Es que ésta es una política consciente, destinada a extender por años los juicios y presionar a los demandantes para que firmen acuerdos perjudiciales, de montos menores a los reclamados, por no estar en condiciones de esperar el largo tiempo que demanda llegar a la sentencia.

 

Lejos de que exista una “industria del juicio”, los trabajadores que deben enfrentar la prepotencia patronal, la falta de respeto de los convenios y de los derechos laborales más elementales y que, en general, como última instancia, deben recurrir a la Justicia, encuentran también allí la valla del Estado, como lo certifican los datos de la nota.

Garavano también respaldó a Macri en su ofensiva contra los abogados y jueces que “integran la mafia de los juicios laborales”, obviando conscientemente el dato de que sólo una ínfima cantidad de los juicios acumulados tiene sentencia cada año. Es un cuadro similar al que se vive en el fuero previsional, donde se tramitan también casi 500.000 juicios de jubilados por liquidaciones mal realizadas por la Anses, que los llevan a cobrar haberes sustancialmente menores a los que les corresponden.

 

El violento ataque macrista a los jueces del fuero laboral es parte de la ofensiva antiobrera y tiene el propósito de “domesticar” y “encuadrar” a los magistrados “rebeldes” que “fallan a favor de los trabajadores”. Ante un selecto grupo de abogados de bufetes de empresas, amenazó con remover a los que no se sometan, a través de la Magistratura y nombró como ejemplo a los dos integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo que avalaron el convenio de los bancarios, ubicado por encima del tope establecido por el gobierno, lo que generó una crisis con ese sector del Poder Judicial.

 

La ofensiva oficial forma parte de la política del Ejecutivo nacional y de los gobiernos provinciales de liquidación de los convenios colectivos y los derechos laborales, conquistas históricas logradas por los trabajadores luego de largos años de lucha. Por eso desde todos los sectores empresarios salieron calurosamente a aplaudir los dichos de Macri: industriales de la provincia de Buenos Aires, Idea, la UIA, la Sociedad Rural Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción -este último, uno de los sectores que emplea más trabajadores en negro y menos respeta los derechos laborales.

 

Pablo Moyano, de Camioneros, adelantó hace dos días cual será la política de la CGT: la burocracia sólo prevé organizar una movilización para algún momento del mes próximo para “hacerle ver a Macri que las cosas están mal” (Ambito, 17/6).

 

Esto, no sólo frente a los cierres de empresa y despidos diarios, a los tarifazos no compensados, a las paritarias que van en el claro camino de ser superadas una vez más por la inflación, sino cuando incluso los empresarios de su propio gremio acaban de ofrecerles un aumento del 18% en tres cuotas hasta mediados del año próximo.

Hay que defender las conquistas alcanzadas con años de lucha. La burocracia está al servicio del ajuste. Se necesita una nueva dirección en los sindicatos.

 

Frente a la política antiobrera del gobierno y de los gobernadores de todo pelaje, los trabajadores necesitan una alternativa política propia. El Partido Obrero-FIT levanta un programa y llama a organizarse en defensa de los intereses de los trabajadores.