27/08/1998 | 598

No necesitamos un defensor del pueblo sino un gobierno de trabajadores

Por Editor

La insistencia de la CTA y organizaciones afines a ella, en promover a Claudio Lozano como defensor del pueblo en el gobierno de la ciudad, es la mejor muestra de cómo se encuentra comprometida en el apoyo a que la Alianza sea gobierno nacional a partir del 99. El defensor no es un representante político sino un funcionario de contralor designado por la Legislatura. En nombre de impedir los abusos de la burocracia, su función es hacer que se cumplan cabalmente las leyes del Estado en el ámbito local.


Pero la CTA no es una organización ‘civil’, o sea defensora de los derechos de la población en general, sin que para el caso importe si son obreros o patrones, sino una organización de la clase obrera. Su cometido no es hacer cumplir las leyes, sino imponer los reclamos de los trabajadores, incluso si para ello hay que hacer que se deroguen leyes, se violen leyes, se hagan nuevas leyes o se imponga el deseo de los trabajadores por la vía de los hechos. Al poner el cumplimiento de la legislación vigente por encima de las reivindicaciones obreras, la CTA se autodefine como patronal, aunque pretenda disimular esta condición hablando de los derechos civiles. No es casual que Lozano cuente con el apoyo de varios legisladores de Nueva Dirigencia.


Ningún defensor del pueblo bajará la desocupación, aumentará los salarios y las jubilaciones, elevará el servicio popular de la salud y de la educación, o logrará que cese el pago de la deuda externa. El defensor del pueblo sólo sirve para darle lustre a un sistema y encubrir sus fechorías – y también, claro está, para la carrera política de su titular y la de sus ‘sponsors’.

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