Jorge Altamira, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, presentó el siguiente Proyecto de Declaración para su discusión en la Legislatura porteña

Proyecto de declaración

La envergadura de la crisis política desatada en el Senado de la Nación plantea la necesidad de convocar en forma inmediata a una Asamblea Constituyente

La denuncia de sobornos en el Senado de la Nación ha dejado planteada una irreversible crisis política e institucional. El funcionamiento del Estado nacional se encuentra objetivamente cuestionado y de hecho paralizado. Cualquier intento, de los muchos que ya se están esbozando, para esquivar las responsabilidades o darle largas a las impugnaciones efectuadas, sólo conducirá al agravamiento de la crisis en el tiempo. Las denuncias involucran tanto a una rama del Poder Legislativo como a ministros y funcionarios de Inteligencia que responden al Poder Ejecutivo. Están igualmente afectados por las versiones políticas y periodísticas senadores del Partido Justicialista y del bloque de la Alianza.

Los sobornos que se discuten públicamente constituyen una doble afrenta a la soberanía popular, porque estuvieron dirigidos a lograr la sanción de una ley, la de Reforma Laboral, que es repudiada por la inmensa mayoría de los trabajadores y que dio lugar a dos extraordinarios paros generales. En estas condiciones, esa reforma anti-laboral añade ahora a su carácter anti-obrero una incuestionable nulidad jurídica. De aquí en más, la mentada reforma laboral quedará inscripta en la conciencia nacional de la misma manera que lo fueron las concesiones a los pulpos de la electricidad, en 1938, obtenidas por medio de la coima al Concejo Deliberante de la Capital Federal de esa época. El repudio a este cohecho de carácter entreguista pasó a figurar de manera prominente en los movimientos de reparación nacional que tuvieron su culminación el 17 de octubre de 1945.

El congelamiento político del Senado, determinado por las denuncias de soborno a varios de sus integrantes, así como su inevitable parálisis legislativa, amenaza con derivar en un régimen político de excepción, expresamente condenado por quienes pusieron en pie el sistema constitucional argentino y conocido como la “suma del poder público”. La prensa diaria ya está señalando que el Poder Ejecutivo Nacional pretende recurrir, con el pretexto de la inhabilitación objetiva del Senado para deliberar, a los decretos de necesidad y urgencia para sancionar una emergencia económica que dispone, entre otras cosas, medidas expropiatorias parciales contra los trabajadores del Estado, los jubilados e incluso los proveedores.

Adoptado por el menemismo como sistema, en violación a todas las normas constitucionales, el régimen político del decretazo ya ha vuelto por sus fueros de una manera igualmente inconstitucional, para seguir aplicando las políticas antinacionales que exigen el Fondo Monetario Internacional y los grandes grupos capitalistas locales, tanto nacionales como extranjeros.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no puede dejar de ver estos desarrollos políticos sino como un atentado a los principios más elementales de la democracia política e incluso del estado de derecho. La impasse que se ha creado en el Poder Legislativo se encuentra reforzada, precisamente, por las maniobras políticas que, cabalgando sobre ese empantanamiento, procuran establecer el régimen del decretazo y, por su intermedio, un nuevo “shock” económico que sería sinónimo de otra gigantesca confiscación social, en especial, contra los jubilados, las provincias y los derechos adquiridos de los trabajadores que aún se mantienen precariamente, como el sistema de obras sociales. La protección de los cohechos y las maniobras políticas inspiradas por los intereses capitalistas dominantes se combinan para inviabilizar una salida “normal” a la presente crisis, como podrían serlo los recursos de juicio político tanto a los funcionarios designados como a los representantes electos.

Es por este motivo que la Legislatura se pronuncia por el impulso a un movimiento de opinión nacional y a una movilización popular colectiva para reclamar la convocatoria de una Asamblea Constituyente electa que tome a su cargo el gobierno de la Nación; proceda a una reestructuración integral del sistema político que lo haga responsable en forma directa ante los electores y el pueblo y tome medidas urgentes que hagan cesar el saqueo del país por parte de los usureros internacionales; permitan que la Nación tome a su cargo el manejo de los recursos estratégicos, previsionales y financieros fundamentales; y proceda a restablecer los derechos sociales y laborales de los trabajadores y el enérgico mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo.

El reclamo de que se convoque a una Asamblea Constituyente electa integralmente soberana tiene en cuenta que los sucesos del Senado constituyen una suerte de fase final en el proceso de descomposición del régimen constitucional que se pretendió restaurar en 1983. En las filas activas de esta descomposición militan desde hace largo tiempo el Poder Judicial, denunciado por innumerables encubrimientos y complicidades con el delito; las Fuerzas Armadas, cuyos mandos continúan protegiendo a los genocidas de la dictadura y realizan una implacable acción contra las tentativas de esclarecer los crímenes cometidos entre 1974 y 1983; la policía del gatillo fácil, la Bonaerense, la vinculada al atentado a la Amia y la denunciada en múltiples oportunidades por las llamadas cámaras ocultas en su complicidad con el delito e incluso en su organización; y finalmente la propia burocracia del Estado, como se ha visto reflejado en el proceso de las privatizaciones, en el Pami, en el ‘affaire’ IBM-Banco Nación, en los decretos que autorizaban la exportación de un oro que Argentina no producía, en los canjes de títulos de la deuda pública que aumentan el endeudamiento nacional y mejoran las cotizaciones de los bonos en beneficio exclusivo de la banca que los tienen especulativamente en su cartera (como ocurriera recientemente con el canje de los Brady); la lista es enorme y hasta podría ser infinita.

Pero los sucesos del Senado constituyen, por sobre todo, una manifestación última del fracaso de la restauración constitucional que comenzó en 1983. Una restauración que partió de reconocer la continuidad jurídica con la dictadura militar, incluido su Poder Judicial, así como de sus compromisos financieros internacionales. Una llamada democracia que no solamente se negó a investigar la formación de la deuda externa y su estatización, sino que por medio de la emisión de pagarés, títulos y bonos, inició en 1985 el proceso de borrar las trazas de la gestación de la deuda hasta convertirla en una masa anónima de bonos con derecho a 150.000 millones de dólares del patrimonio nacional y, más importante aun, con derecho a fijar la política económica de la Nación. Un régimen político que tiene su política económica determinada en el extranjero, está vaciado de cualquier contenido y debe obligadamente transformarse en un cascarón de prebendas, como hoy lo testimonia el Senado. Para llegar al presente estado de putrefacción, las instituciones del Estado y sus partidos debieron antes abdicar de todas sus responsabilidades democráticas y actuar como correas de transmisión de los intereses de los pulpos capitalistas. Es este régimen el que abdicó de la justicia con la sanción de la Obediencia Debida, el Punto Final y el Indulto, y el que, en supremo acto de hipocresía, decretó luego la nulidad de la Obediencia Debida de cara al futuro, otorgándole con ello una legitimidad histórica que hasta entonces nunca había tenido.

La experiencia de los últimos veinte años vuelve a confirmar que la entreguista burguesía nacional y el régimen capitalista como tal, son incapaces de viabilizar un régimen efectivamente democrático.

Esta envergadura de la crisis exige, objetivamente, una Asamblea Constituyente electa que reorganice política, nacional y socialmente al país. No es casual que la crisis político-institucional coincida con el punto más alto de la descomposición económica, siendo ella misma reflejo del fracaso de todos los planes neo-liberales y privatizadores que han impulsado en diferente grado los dos gobiernos anteriores y el actual. La recesión económica es la más prolongada de la historia nacional; la tasa de desocupación, sub-ocupación, pobreza y desnutrición es la más alta y la de mayor duración que se conozca; el índice de hipotecamiento del país es el más elevado.

La presente declaración no tiene, naturalmente, efectos o alcances jurídicos, ni es ése su propósito. Pero traza una perspectiva y, en oposición al oportunismo en boga, y a las maniobras y trenzas de corto alcance, ofrece un programa y una salida. Es una responsabilidad que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de asumir, por una parte, frente al pueblo de la Ciudad, y por la otra como parte integrante del Estado federal.