Menem acaba de emitir el Decreto 197 de “normalización” del PAMI, que establece el ‘cese de la intervención’ y la conformación de un directorio (según la Ley 19032) que incorpora, en minoría, representantes de jubilados … designados por el gobierno. Los diarios han presentado este paso como un “saneamiento económico-financiero, para el que se destinarán los fondos necesarios” (Clarín, 8/3). Los sindicatos como las organizaciones de jubilados consideran esta medida progresiva y resultado de la lucha de los jubilados, porque significaría la recuperación de la “autonomía” del Instituto, bajo control de sus propios beneficiarios.

En realidad, el Decreto gubernamental configura la continuidad y el agravamiento de la política de liquidación de esta obra social, que bajo el dictado del Banco Mundial, llevaron adelante las intervenciones de Markovic y Alderete últimamente.

El decreto establece que, hasta 1998, el Instituto permanecerá en la órbita del Presupuesto General de la Administración Nacional (art. 22). Un préstamo de 220 millones, que el Instituto recibirá del ANSSAL, “sólo podrá ser aplicado a la cancelación de deudas del Instituto pendientes de pago al 31/12/96” (art. 8). Y debe ser devuelto a partir del 98 con la recaudación propia, cuando ésta supere los 200 millones mensuales.

Estos 200 millones mensuales figuran como un techo para el gasto del PAMI. “Durante 1998 el Estado Nacional ‘garantizará’ al Instituto un ingreso mensual de 200 millones” (art. 20). El presupuesto del PAMI era de 300 millones cuando empezaron a declinar sus prestaciones.

Lo más notable es que para asegurar que a futuro no se supere ese techo, el propio decreto establece una “redistribución” de los aportes patronales, llevando el aporte al PAMI actual de 1,4% a un despreciable 0,59%, y asignando la diferencia al ANSeS. Con lo que queda garantizado que futuros aumentos de la recaudación no se asignarán al financiamiento del Instituto.

En otros puntos se establece que “los pasivos constituidos con el Banco Mundial, serán cancelados con los recursos propios del Instituto” (art. 16), y que luego de su desvinculación del Presupuesto Nacional, el Instituto deberá financiar los gastos médicos de los jubilados que opten por otras obras sociales. Y también los gastos de sepelio de jubilados y pensionados nacionales, incluyendo a los transferidos de las ex-cajas provinciales (art. 19). Se hará cargo también de los gastos de atención médica de los pensionados no contributivos y discapacitados que pasaron a la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social (art. 17).

Con todo esto, lejos de otorgar la “autonomía” al PAMI, la disposición menemista agrava el ahogo presupuestario y endeuda a largo plazo a la obra social. La consecuencia inevitable de este desfinanciamiento es la reducción de las prestaciones, los activos y el personal del Instituto, como lo pone de manifiesto el propio decreto. El Ministerio de Salud, según el artículo 31, determinará el monto de las “cápitas” (gasto mensual por beneficiario), “ajustándolo” al decreto 292/95, que estableció una cápita fija por una prestación mínima (PMO). El artículo 18, dice además que el nuevo directorio continuará con el proceso de ordenamiento de gastos administrativos y de prestaciones médicas según lo previsto por el Presupuesto Nacional 1997. El decreto contempla también que hasta el 30 de junio del 97, se instrumentarán medidas de desvinculación del personal, financiadas a través del Fondo de Reconversión Laboral (art. 9). La Reforma del Estado a toda marcha.

La continuidad total de esta política con la intervención queda establecida al otorgarse al presidente del Directorio (nombrado por el gobierno) todas “las facultades que el decreto 925/96 le otorgó al Interventor Normalizador” (art. 24). El nuevo directorio que nombrará en su totalidad el gobierno menemista, con mayoría de representantes estatales y minoría de jubilados y burócratas sindicales, también digitados “a propuesta” de organizaciones colaboracionistas, jugará el mero papel de encubrir formalmente la dictadura del “Presidente-Interventor”. Está perfectamente estatuido por el decreto. Mientras el PAMI permanezca dentro del Presupuesto (art. 3), el presidente tiene la suma del poder. Dicta las normas de organización y funciones de las dependencias, distribuye competencias y funciones. Designa y remueve a todos los funcionarios jerárquicos. Elabora y propone planes de acción, creación de nuevos servicios y supresión de los existentes. Dispone la distribución de recursos. ¡Y hasta elige al vicepresidente!

Queda claro que la función de los directores ‘truchos’ será rubricar la política que Menem y el Banco Mundial dispusieron para el PAMI. No hay saneamiento sino mayor endeudamiento. No hay autonomía sino máxima dependencia financiera y política del poder central y el Banco Mundial. No hay democratización sino verticalismo y conducción despótica del Presidente-Interventor. No hay recuperación del PAMI, sino consumación del vaciamiento y liquidación de la obra social.

La ‘normalización’ trucha debe ser denunciada como una prolongación bajo otra forma de la misma política menemista.