El asesinato de Lucas González en manos de un policía de la Ciudad tuvo un enorme impacto. La vida de jóvenes deportistas que venían de probarse en un club de fútbol fue amenazada y la de una de ellos perdida por un grupo de policías de civil.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, intentó ocultar las responsabilidades que le caben en el asesinato del joven y los cientos de casos de gatillo fácil protagonizados por la fuerza metropolitana, diciendo que serán “inflexibles” con los policías “que estén fuera de la ley”. A su vez, el presidente Alberto Fernández dijo, en un tweet que luego borró, que “no puede ser que las fuerzas policiales sigan matando chicos inocentes”; en un intento, también, de ocultar el rol de su gobierno en el reforzamiento represivo y el envalentonamiento de las fuerzas. A un lado y otro de la “grieta” nos gobierna el gatillo fácil.

La raíz del gatillo fácil

La masacre de Barracas no se conjuga como un hecho aislado. En los cinco años en que la Policía de la Ciudad opera como tal, los casos de gatillo fácil promedian los 121. Al otro lado de la General Paz, la policía bonaerense comandada por Berni, compañero de coalición (cruces más, cruces menos) de Alberto Fernández, asesinó a 150 pero tan sólo durante la cuarentena estricta de 2020. Lo que comprueba el cinismo del mandatario nacional y el mandatario porteño para desligarse de un verdadero modus operandi, aduciendo casos y efectivos de la policía puntuales.

La cuestión del gatillo fácil es, ante todo, la cuestión de un aparato policial putrefacto. Es la cuestión de las cajas negras, las redes de coimas y la captación de pibes en los barrios para mandarlos a robar a punta de pistola o extorsiones; por lo que fue desaparecido y asesinado Luciano Arruga hace once años en Lomas del Mirador. Los policías que asesinaron a Lucas lo hicieron de civil y sin identificaciones, luego de descender de un auto y amenazarlos con armas. Esto es muy importante de tener en cuenta, porque se trata de un método recurrente de las fuerzas policiales para orquestar sus negociados ilegales.

Basta con mencionar que el homicidio se produjo cerca de la Villa 21-24, donde operan redes de narcotráfico que venden droga a plena luz del día y ante los ojos de la Policía de la Ciudad. En la zona es habitual la presencia de estas brigadas policiales, de civil y sin identificaciones, a fin de “meter las manos en la masa” pero sin ser descubiertos. En alevosa coparticipación con el narcotráfico, los agentes le cobran coimas a quienes se acercan a comprar estupefacientes. Pero el mismo procedimiento llevan adelante para otros de sus negociados turbios, como la captación de jóvenes para ser enviados a robar. Esto explica que un enorme porcentaje de los casos de gatillo fácil se registren en situaciones donde los oficiales o no estaban identificados, o estaban de civil, o, en muchísimos casos, ambas.

La población trabajadora rehén de la policía y del delito

Lucas y sus amigos huyeron despavoridos, pensando que estos hombres armados sin identificación ni uniforme policial que los amenazaron querían robarles. Allí se produce la balacera que se cobra la vida del joven. Esto coloca un segundo problema, y para nada menor. Las situaciones delictivas son un hecho inobjetable, y el hartazgo popular por estas, también. Un trabajador que gana un salario que roza la línea de indigencia y pierde un celular que pagaba en cuotas en un robo de cinco minutos, sin duda tendrá una bronca totalmente genuina. El problema del delito es un escollo para la población trabajadora, y es por esto que la derecha que pide balas y mano dura, cuyo resultado se cristaliza en este crimen, lo utiliza como el caballo de Troya de su planteo. Pero nos venden una “solución” que solo refuerza el problema.

El punto nodal del asunto es que es la propia policía la que, por un lado, le arrebata a las familias trabajadoras la vida de uno de sus pibes cada 21 horas (Correpi). Los casos que comprueban la injerencia policial en el robo a mano armada (entre otros delitos mayores) abundan en ejemplos. Por tanto, la mano dura como “respuesta” solamente reforzará a la mafia policíaca que libera las zonas para los robos.

Luego, vienen siempre las maniobras de encubrimiento. El proceder es el mismo: apartamiento, apertura de sumario e investigaciones inconducentes. En la mayoría de los casos, los efectivos se reincorporan sin más, a lo sumo cambiando de dependencia.

El pez se pudre por la cabeza

El poder político a menudo se distancia, cuando de evitar el escándalo se trata, de las decisiones de la justicia sobre estos fallos. Un argumento falaz, partiendo de que es el ejecutivo quien designa a los jueces. Es una postulación que incluso se da a la inversa cuando hay que avanzar sobre los policías asesinos, ya que en ese caso, en general, los gobiernos suelen encomendarse a “esperar que actúe la justicia”. Pero estas maniobras no son suficientes para camuflar sus propias responsabilidades. El último informe de Correpi presenta datos muy interesantes al respecto: Larreta puso, por ejemplo, abogados a disposición de los policías protagonistas del gatillo fácil en 8 de cada 10 casos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Asesoría Legal Policial, conformó la defensa del 80% de los agentes asesinos.

En la provincia de Buenos Aires, por contrapartida, el gobierno de Kicillof mantiene hace dos años en el cargo a Berni, que ha sido un encubridor profesional de los policías del gatillo fácil. Que se paseó por los canales de televisión presentando falsedades sobre la desaparición de Facundo Castro y desde el primer minuto dijo que “no iba a cortar ninguna cabeza” en la fuerza provincial. Que presenta al día de hoy a todos los pibes muertos como “delincuentes abatidos” en una campaña fascistizante, anunciando sobre la mano dura que “él es peor que Espert” (que postuló dejar a los delincuentes como queso gruyere -sic) porque “no le tiembla el pulso para hacerlo”.

La impunidad para la violencia estatal está garantizada también por todos los gobiernos. Prueba de eso es el caso de Santiago Maldonado, cuya causa sigue completamente paralizada. Eso sí: la causa que avanzó bajo el gobierno de los Fernández fue la que condenó a tres años y cuatro meses a César Arakaki y a tres años a Daniel Ruiz, procesados por luchar contra la reforma previsional macrista. En un fallo escandaloso se los encarceló aun con la querella policial retirada por la falta de contundencia de las pruebas. Cuando se trata de condenar a los luchadores, la grieta también se cierra; y la justicia tiene una celeridad impensable a la hora de condenar policías asesinos.

En esencia, hay todo un régimen político que se vale (y necesita) de las fuerzas represivas controlando a punta de pistolas las calles de un país ahogado en la miseria y en las vísperas de una profundización brutal del ajuste. Aunque los Larreta y los Fernández abunden en palabras, sus gobiernos son enteramente responsables por los asesinatos policiales. No se trata de un eufemismo ni de una metáfora: nos gobierna el gatillo fácil. Es hora de decir basta. Este lunes, la familia de Lucas convoca a jornada de marcha de velas sin banderas en Tribunales desde las 19 horas.

Luego, el martes 23 vamos a la movilización que se dará cita desde las 15 horas en avenida 9 de Julio y avenida de Mayo contra el gatillo fácil y la represión. Tenemos que tomar en nuestras manos la tarea por la cárcel a los policías asesinos de Lucas. Discutamos en asambleas barriales cómo nos organizamos contra el delito organizado y sus complicidades policiales y políticas. Rechacemos la baja de la edad de imputabilidad y la profundización de la mano dura. Abramos los libros de las comisarías al control popular y barramos a las cúpulas policiales en la perspectiva de desmantelar el aparato represivo del Estado de conjunto.