La catarata de críticas y acusaciones que Elisa Carrió, la lideresa de la Coalición Cívica (CC), lanzó contra una serie de dirigentes y funcionarios de Juntos por el Cambio (JxC) por haber urdido un complejo entramado de negocios y de pactos con el ministro de Economía del gobierno nacional, Sergio Massa, adquirieron una gravedad mayor en el momento en el cual los ligó al narcotráfico.

Carrió llevó el “fuego amigo” a otro nivel en las declaraciones que hiciera antes de brindar una charla sobre salud mental en el Instituto Hannah Arendt, el think tank de su partido, con el ministro de Salud porteño Fernán Quirós.

Cristian Ritondo (exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires bajo el reinado de Vidal), Gustavo Ferrari (exministro de Justicia de Vidal en la misma provincia y asesor de Larreta), Emilio Monzó (expresidente de la Cámara de Diputados bajo la era Macri) y Rogelio Frigerio (exministro del Interior de Macri) fueron quienes recibieron los embates más duros de “Lilita”.

Los primeros tres han sido acusados por Carrió de mantener una sociedad y una estructura de negociados con el massismo, y a Frigerio lo señaló como el arquitecto de maniobras turbias realizadas con la caja de Aysa. La jefa de la CC también apuntó contra Larreta, al que definió como “amigo” de Massa en la “época de Anses”, así como reforzó su ofensiva contra Ritondo, a quien acusó de haberla espiado con drones de la policía bonaerense. “Yo cubrí a un gobierno [por el de JxC] y me tuve que aguantar operaciones de toda la Side de mi gobierno, de Ritondo, de Massa, que afectaron a mi familia”, dijo (La Nación, 11/8).

Carrió ha denunciado, asimismo, que massistas y cambiemitas montaron un “sistema de impunidad” para blindar a los fiscales Julio Novo y Claudio Scapolan de las denuncias que pendían sobre ellos por vínculos con el narcotráfico, una causa que estuviera en manos de Sandra Arroyo Salgado, la cual tiene actualmente más de 30 procesados (15 de ellos con prisión preventiva) y en la que se vieron involucrados policías, funcionarios judiciales y abogados. Ernesto Tenembaum, en la porteña Radio Con Vos (11/8), señaló que estos fiscales tenían relaciones con el intendente sanisidrense Gustavo Posse (JxC), con Jorge Macri y con Sergio Massa. La referente de la CC, además, ligó a esos fiscales con Ritondo.

La batería de denuncias golpeó a algunos elementos de la clase capitalista, como al titular del Banco Macro, Jorge Horacio Brito, y a José Luis Manzano y Daniel Vila, los nuevos capos de Edenor. Facundo Manes y los exponentes de la Unión Cívica Radical (UCR) fueron vinculados por Carrió a negociados con el Macro, los cuales tendrían lugar en las provincias que se encuentran en manos de los radicales. Enrique “Coti” Nosiglia, de la UCR, fue emparentado por Carrió con el corruptísimo Manzano.

El carácter mafioso, narco y conspirativo del Estado

El raid mediático de Carrió no expuso ninguna novedad, solo confirmó otra vez que el Estado burgués argentino está metido, al igual que el resto de los Estados burgueses del mundo, hasta los tuétanos en actividades ilícitas. El carácter mafioso del aparato estatal ha sido mantenido e incluso reforzado por todos los partidos políticos que han detentado el poder en las últimas décadas, en función de los intereses particulares de sus exponentes y de los intereses de los grupos capitalistas a los cuales responden y que están involucrados en esas movidas. Existe un sinfín de ejemplos para demostrarlo.

Bajo el imperio de Massa, quien aunque Carrió no lo diga ha sabido cultivar buenas relaciones con el expresidente Macri, la ciudad de Tigre se ha convertido en una plataforma narco casi por excelencia. El fenecido exintendente de Paraná, Sergio Varisco (JxC), fue condenado en 2019 a seis años y medio de prisión por participar en la comercialización de estupefacientes. Mario Ishii, el intendente pejotista de José C. Paz, captó el grueso de la atención política nacional en 2020 por encubrir venta de droga. El ministro de Seguridad del Frente de Todos, Aníbal Fernández, se vio salpicado hace unos años por estar vinculado a negocios con la efedrina. La masacre de Puerta 8, en la que 24 personas murieron envenenadas por cocaína, o la masacre de Monte, la cual tuvo a la actual funcionaria de Massa, Sandra Mayol, como encubridora de la estructura narco erigida allí, son otras pruebas en ese sentido.

La clase capitalista, tanto nativa como extranjera, utiliza estructuras como la banca o los casinos para el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas. El narcotráfico es inherente al régimen social capitalista, en tanto el capital encuentra en él un nicho para obtener ganancias. Es una de las tantas expresiones de la putrefacción, decadencia y parasitismo del capitalismo como régimen social dominante a nivel internacional, cuyas consecuencias son sufridas por la clase obrera.

En el narcotráfico se hallan implicados los aparatos de inteligencia y el imperialismo. Ritondo, por ejemplo, fue colocado por Vidal en la cartera bonaerense de seguridad con la recomendación de la DEA y la embajada yanqui. Los servicios de inteligencia, como ocurre en países como México o Colombia, se entrelazan con el narconegocio y otros “mercados” como las redes de trata, mientras se utilizan para perseguir y conspirar contra los trabajadores. Esto es patrimonio de los macristas, pero también de los K, como lo testifican los lazos que ha tejido Néstor Kirchner con Jaime Stiuso, un elemento ligado a la CIA y al Mossad; o el antiobrero Proyecto X de Milani, Garré y Cristina Kirchner.

Argentina fue transformada por la burguesía y sus gobiernos en una gran plataforma narco. Dejó de ser un país de tráfico y consumo y pasó a ser un fabricante de estupefacientes. Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) reveló que unos 20 líderes narcos “operan con sus clanes familiares desde las cárceles”. Las redes delictivas que funcionan en el país están enredadas en casos de homicidio, secuestros extorsivos, tráfico de armas de guerra, etcétera. Desde los puertos, que están bajo el dominio de los capitalistas, por ejemplo, se exporta cocaína a Europa hace más de una década.

Varios municipios del conurbano bonaerense (gobernados por las fuerzas de la grieta), por su parte, son la muestra de la impunidad con la que las bandas desenvuelven sus actividades, así como también las provincias. “Las organizaciones criminales colombianas y mexicanas tercerizan la logística en empresarios locales, pero supervisan el tráfico en puntos cruciales como Orán, Santiago del Estero y los puertos de embarque. Poco influyen en el mercado interno, salvo el pago en especie a ciertos elementos corruptos de las fuerzas policiales santafesinas por la cobertura de su ingreso en los puertos” (La Nación, 31/5).

La crisis que se ha desatado en el conglomerado derechista es una expresión de la crisis en la que está sumida la burguesía que opera en Argentina, pero también de la descomposición en la que ha ingresado.

Lo expuesto por Carrió confirma que peronistas, macristas y radicales nos han llevado a un desastre en toda la línea y a un retroceso social de características brutales. La permanencia de ella en Juntos por el Cambio durante todo este tiempo, sin embargo, la ha convertido en cómplice de la corruptela que impera en ese espacio.

Al compás del crecimiento del narcotráfico, de la corrupción y de los delitos en general, se ha incrementado la pobreza y la decadencia del país.

Solo un gobierno de trabajadores puede terminar con esto.

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