"Nos negamos a morir en la cárcel" decía una de las banderas colgadas en los techos de Devoto durante los reclamos. La bandera está más vigente que nunca.

Como resultado de los reclamos de abril, se conformó una mesa de diálogo entre representantes de los pabellones, el gobierno nacional y el Servicio Penitenciario Federal. En la misma se les prometió a los internos la implementación de un protocolo de higiene específico: desinfecciones, entrega de productos de limpieza, toma de temperatura dos veces al día y asistencia médica permanente.

Dos semanas después, se conocieron cuatro casos más de contagios en un mismo pabellón, y al día de hoy suman siete los conocidos. Los internos denuncian que no solo no se están realizando los controles de temperatura (ya que cuando llega la atención médica ni siquiera les abren las rejas) sino que tampoco entregaron los productos de limpieza ni barbijos.

Los reclamos originales

El 24 de abril, luego de que se confirmaron los primeros infectados, los presos del penal de Devoto desarrollaron una protesta, mal llamada "motín" por algunos medios de comunicación. Este escenario se repitió previamente en distintas cárceles del país, poniendo de relieve la urgencia de estos reclamos.

En primer lugar, pusieron de manifiesto las pésimas condiciones de higiene en las que se encuentran, la imposibilidad de mantener un distanciamiento debido a la cantidad de presos que hay y la pésima alimentación, sumado a la imposibilidad de recibir los víveres que sus familias les dan en tiempo y forma.

En segundo lugar, reclamaban prisión domiciliaria o excarcelación para delitos menores no violentos. Este pedido fue completamente tergiversado por los medios hegemónicos, quienes instalaron que “querían salir todos”, lo cual generó muchísima polémica y repudio en las redes hacia la protesta de los internos. Este reclamo apunta a la liberación de quienes están transitando el final de su condena, quienes pertenecen al grupo de riesgo y las mujeres embarazadas o con niños pequeños.

Por último, expusieron el maltrato ejercido por parte del personal penitenciario, lo cual quedó claro en las distintas protestas, donde se reprimió brutalmente dentro y fuera del penal.

El rol de la justicia

Recordemos que uno de los grandes problemas de la situación carcelaria, el hacinamiento, encuentra su principal causa en la enorme población sin condena. Los presos en "prisión preventiva" representan aproximadamente el 60% de la población carcelaria. La gran parte de estos  internos son personas de los estratos sociales más bajos, que en general se les dicta la preventiva utilizando uno de sus requisitos -el peligro de fuga-, para el cual se debe evaluar el "arraigo" (determinado por el domicilio, la residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo). En definitiva, en este caso, condiciones socioeconómicas previas determinan de forma discriminatoria la pertinencia de una medida que restringe la libertad ambulatoria de una persona.

Por otro lado, hemos visto cómo la justicia se manejó de manera rápida y arbitraria para aquellos que cuentan con influencias, dinero o están cercanos al poder, incluyendo en su lista violadores, genocidas o el exvicepresidente Amado Boudou. Estas liberaciones de ningún modo reflejaban el reclamo de los reclusos, y sirvieron y fueron utilizadas para torcer la opinión pública en contra de un reclamo válido y urgente.

La situación de las familias

A todo esto, fuera del penal, las familias apoyaron esta protesta y también fueron brutalmente reprimidas. Es necesario entender que cuando alguien está preso, toda la familia está presa. Su vidas giran en torno a días de visita para varones, días de visita para mujeres, día de entrega de alimentos, colas interminables solo para sacar número, cacheos, etc.

No nos olvidemos que para realizar lo mencionado anteriormente, muchas veces se debe dejar de trabajar o de ir al colegio, con las consecuencias económicas y psicológicas que esto trae. El Estado es responsable de las pésimas condiciones que deben atravesar las familias de los internos para poder visitarlos, haciendo aun más desgastante y doloroso este proceso. En este momento, las familias se encuentran en una total incertidumbre ya que no son informados de los contagios existentes.

Ante está difícil situación, la respuesta del Estado bajo ningún punto de vista puede ser el abandono. Tanto el Estado como el SPF deben garantizar las condiciones necesarias para que las cárceles cumplan una función de reinserción social y no de marginación ni segregación. No pueden ignorarse la superpoblación carcelaria y las condiciones de higiene actuales. Exigimos el cumplimiento inmediato de las disposiciones de la mesa de diálogo.