13/04/2020

Nos oponemos a nuevos “operativos Dorrego” (1973) con el Ejército en las calles

La continuidad histórica del Partido Obrero.

Política Obrera #176 Viernes 9 de Noviembre de 1973

La salida del Ejército a las calles para repartir alimentos en las barriadas del Gran Buenos Aires no constituye una muestra de solidaridad frente a la pandemia, sino un operativo político rigurosamente planificado. 


La genocida represión de la dictadura creó en el pueblo argentino un feroz repudio a las Fuerzas Armadas. Los gobiernos “democráticos” posteriores trataron por diversas vías de “reintegrarlas” a la sociedad. Lógicamente, sin cambiar su esencia de recurso represivo último del régimen capitalista frente a una insurgencia popular. Los gobiernos de Cristina F. de Kirchner y el de Macri, lo intentaron por vías diferentes, pero con el mismo objetivo. Cristina Kirchner nombrando a Milani al frente del Ejército “nacional y popular”. Macri intentó sacar a través de una resolución de la Corte Suprema el 2 x 1 que liberaba a los represores genocidas. Ambos fueron bloqueados por el repudio y la movilización popular. 


El nuevo gobierno de Alberto Fernández sigue el mismo camino. Se trata de “una política de Estado”: preservar la integridad física y el apoyo moral al cuerpo de oficiales, como pilar del Estado.


Pero más allá del objetivo histórico de recuperar la potencialidad de las Fuerzas Armadas del régimen, se plantea un desafío especial. El gobierno de los Fernández tiene por delante un panorama incierto respecto de la lucha de clases. La bancarrota económica y las negociaciones con el FMI para pagar la deuda usuraria le plantean una hoja de ruta de fuerte ajuste contra las masas. El gobierno intentará usar todos los factores de contención (burocracia sindical, etc.) para imponer este ajuste sin que se plantee una irrupción generalizada y la amenaza de la creación de una situación revolucionaria. Pero quiere lograr la integración del Ejército a su esquema de poder, como reaseguro. 


La pandemia está provocando un fuerte sufrimiento social a las masas. Esto se ve acrecentado en las barriadas obreras y pobres del conurbano. Planea el fantasma de la movilización popular. Usando la cuarentena el gobierno y la clase burguesa quieren aprovechar para ir produciendo el ajuste. 


La patronal kirchnerista del frigorífico Penta decreto un lock out despidiendo 230 trabajadores. La concentración de estos frente a las puertas de la fábrica fue respondida con una salvaje represión de las fuerzas de seguridad. El sindicato se vio obligado a convocar a un paro de la rama en repudio. Una de las “justificaciones” fue que los obreros habían roto la cuarentena obligatoria. Cuando fue la patronal la que rompió la cuarentena al despedir trabajadores condenándolos a la miseria.


La tensión en las barriadas pobres está creciendo. Y hacia allí van los operativos “solidarios” del Ejército (Quilmes, La Matanza, Moreno). Varios gobernadores propusieron decretar el estado de sitio para enfrentar posibles estallidos y movilizaciones. Ya Alfonsín lo hizo en 1989 para enfrentar los asaltos a supermercados producto del hambre generado por la hiperinflación. Y también De la Rúa en 2001 en el transcurso del “Argentinazo”.


La salida del Ejército a la calle para repartir alimentos pretende ganar a parte de la opinión pública popular, especialmente en la clase media, blanqueando su poder que estaría al servicio del pueblo. Lo que facilitaría que si se produjeran levantamientos en las barriadas el Ejército podría intervenir para poner “orden”, contra el caos de los que se resistían a la cuarentena.


Se trata de acostumbrar a que la población vea al Ejército en ropas de fajina (aunque -por ahora- sin armas, pero custodiados por fuerzas de seguridad armadas). 


Es un razonamiento elemental para cualquier obrero o militante consciente. Por eso, entre la vanguardia hay un repudio a la presencia del Ejército en las calles. Y se denuncia que el objetivo de este operativo es preparar hipotéticos planes de represión (ya han salido a luz documentos que señalan la división del país en eventuales áreas de operativos de las fuerzas de seguridad).


Que sectores de la población, incluso en las barriadas pobres, lo apoyen es parte de la propaganda capitalista y la falta de una acción unificada de los trabajadores –por la entrega de las organizaciones de masas al partipacionismo colaboracionista. Los propios comandantes militares han dicho que les causa “sorpresa” el haber sido recibidos en algunos sectores con aplausos.


Es un deber revolucionario realizar una sistemática campaña para aislar políticamente al Ejército. La IIIa Internacional planteaba en sus Tesis de Organización que había que concentrar esta propaganda sobre los cuerpos más odiados por el pueblo, para ir alentando su desintegración en caso de represión. El Ejército argentino ya no es un ejército con reclutas, sino de profesionales militares, más pequeño, pero educado y entrenado en el espíritu de casta: listo para defender a las clases dominantes.


Este razonamiento elemental ha sido trastocado por el grupo de Altamira, que niega la necesidad de esta denuncia, por el carácter especial que tendría la catástrofe de la pandemia. Lo que fue criticado por un brillante artículo del compañero Juan García (al que el propio Altamira ha “contestado” con un largo texto que se pierde en diferentes disquisiciones –e insultos- escapando al razonamiento elemental en debate para el desarrollo de una política clasista y socialista).


El operativo Dorrego de 1973


Alberto Fernández no es original. Ya el camporismo había intentado en 1973 rescatar a las Fuerzas Armadas del ostracismo político en que se encontraba como resultado de la acción de masas después del Cordobazo a su política de represión y entrega. El entonces gobernador Bidegain (ligado a la izquierda peronista) armó un operativo de solidaridad social con participación directa del Ejército, en conjunto con la Juventud Peronista y Montoneros. A raíz de fuertes inundaciones en Coronel Dorrego (provincia de Buenos Aires) se planificó un operativo cívico-militar para ayudar al sufrido pueblo de esa localidad a desagotar las aguas que habían inundado sus viviendas. Durante semanas, soldados y oficiales del Ejército trabajaron juntamente con la Juventud Peronista (Montoneros) para colocar caños. La propaganda insistía en que la labor solidaria estaba demostrando un cambio, una evolución hacia un “nuevo” ejército antiimperialista. Política Obrera (organización antecesora del Partido Obrero) se opuso firmemente a esta caracterización denunciando que se pretendía “hacer pasar gato por liebre, confundir totalmente a los explotados acerca del rol represivo del Ejército con el objetivo de permitirle recomponer su imagen ante los explotados y traer nuevamente al primer plano a los pilares de la represión” (Política Obrera N° 176, 9/11/1973). 


Al mismo tiempo, Política Obrera señalaba sus diferencias con otros agrupamientos que criticaban la política de la JP por apuntalar este operativo con los militares. Respecto a la Revista Militancia, órgano del Peronismo de Base, dirigida por Ortega Peña, decíamos: “Militancia explica la realización del operativo del siguiente modo: ´Sin duda, las Fuerzas Armadas… tienen que arbitrar todos los medios posibles para ganar cierta simpatía popular, imprescindible, para volver a pesar como grupo de presión dentro y a favor de la consolidación del sistema, lo que en buen romance en Latinoamérica y en especial en Argentina hoy es la preparación política de los senderos golpistas¨”.


Pero esto no era lo esencial. “Lo que Militancia no dice es que el Ejército está detrás de Perón y que este se propone sacarlos del retroceso en que están. Con el argumento del golpismo, Militancia quiere hacer pasar lo fundamental: la ofensiva derechista y el Ejército se reagrupan en torno a Perón” (ídem Política Obrera).


El operativo fue planificado en épocas de Cámpora, pero cuando este cayó por parte de un golpe que llevó al poder –a través de elecciones de contenido bonapartista- a Perón, este permitió que continuara. Solo al finalizar el Operativo Dorrego, Perón cambia de eje –por presión de la burocracia sindical, de la derecha lopezrreguista y de amplios sectores militares- renunciando a “cooptar” al conjunto de Montoneros en apoyo a sus planes de ajuste y represión. Y no asiste al acto de cierre del Operativo. Perón se lanzaba al terrorismo derechista de las Triple A.


Organizar la intervención independiente del pueblo organizado


El operativo “solidario” del Ejército es, al decir del diario La Nación, “el mayor despliegue operacional de las Fuerzas Armadas desde la guerra de Malvinas”. Han recibido fondos extra por una suma de alrededor de 600 millones de pesos y sus oficiales están siendo integrados a comités de emergencia en diferentes niveles de la administración pública. El reparto de comida –que no surge de los fondos del Ejército- lo pueden hacer directamente las organizaciones sociales y piqueteras que vienen sosteniendo el hambre popular con sus ollas populares. Los hospitales militares deben estar integrados a un sistema hospitalario único que incorpore también las clínicas privadas, etc. Este punto –anunciado tímidamente por el ministro de Salud- fue abiertamente rechazado por el presidente Fernández.


No a la represión de las fuerzas de seguridad, fuera el Ejército de las calles. Amplios derechos democráticos, sindicales, de organización y movilización. El PO y el FIT U presentan un plan de reivindicaciones obreras y populares de emergencia: subsidio de 30 mil pesos mensuales para desocupados y trabajadores sin relación de dependencia, etc. y de salida a la crisis nacional: no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca, del comercio exterior, de las empresas privatizadas de servicios públicos y de los recursos económicos estratégicos (petróleo, minería, etc.) bajo control de los trabajadores.



 



 

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