Políticas

20/10/1992|370

Noticiero político

De la Rúa y la Coordinadora dan seguridades a Todman

Mientras posa de opositora, la UCR continúa siendo uno de los sostenes decisivos del régimen menemista.

Dejó pasar la inconstitucional interven­ción a Corrientes, votó la ley educativa cle­rical, dio el quórum necesario para la privatización de la Caja de Ahorros (es decir, que "te votó con el culo“), compite con el menemismo en la aplicación de la política limitacionista en la universidad y, finalmen­te, terminó “salvando“ a Grosso luego de emprender “una transa política y econó­mica con los hombres del menemismo” (Clarín, 18/10), es decir, prendiéndose en la “joda” de la bancarrota de la municipalidad porteña. Y esto sólo por citar algunos de los “casos” ocurridos desde que la UCR “rompió el diálogo político’’ con el gobier­no. ¡Lo que habría sido si no lo hubiera roto!

El editorialista dominical de Clarín (18/10) llega a afirmar que los radicales tienen “un comportamiento opositor que la mayoría de las veces mi este tiempo pareció agotarse en los Juegos de la piro­tecnia. Un alambicado lenguaje para decir que la UCR promueve una desvergonzada demagogia opositora para la tribuna mien­tras que, en los hechos sostiene al régimen menemista. Así, el partido que se auto-eligió como el depositario de la “ética en la polí­tica” está protagonizando la más descomu­nal estafa política a la ciudadanía.

Más aún, el radicalismo se postula como el “albacea testamentario" de Menem y lo hace, precisamente, ante el imperialismo norteamericano. Una información ¿pareci­da en “La Nación" (10/10) —confirmada posteriormente por “Clarín "(18/10)— esta­blece que se realizó “una reunión reserva­da entre miembros de la embajada nor­teamericana —sin la presencia de Terence Todman pero con la concurrencia de James Walsh y Abraham Feldman— y los dirigentes radicales Jorge Vanossi, Mar­celo Bassani, Horacio Jaunarena y Da­niel Larriqueta. Los diplomáticos se mostraron interesados en saber cuál se­rá la actitud del radicalismo respecto de las privatizaciones”. Con el mismo obje­tivo existió “una conversación telefónica de Terence Todman con Femando De la Rúa” (Clarín). “Al seguir la línea esta­blecida por De la Rúa, los políticos ex­presaron que no se revisarán las pri­vatizaciones, “pero a las posibles irre­gularidades (La Nación).

En el sigilo de la embajada norteameri­cana, lejos de las cámaras de TV, los radica­les votaron con retroactividad a favor de todas y cada una de las privatizaciones menemistas, “Irregularidades’’ incluidas. Los funcionarios de la embajada escucha­ron exactamente lo mismo que Alfonsín, Angeloz y De la Rúa dijeron al día siguiente de la aprobación de la ley de privatización de YPF: que la confiscación del petróleo no sería revisada para garantizar la “seguri­dad Jurídica del Estado democrático"

¡Pero el “respeto de le seguridad jurídica "vale para todos los actos del gobierno menemista, desde el indulto a bs genocidas tota el ingreso al “plan Brady”! Así la UCR se compromete ante el imperialismo a “respetar” el 100% de la “obra" del gobierno al que dice oponerse, mientras despotri­ca desde la TV.


Ley anti-tabaquismo: Un veto para crear nuevas adicciones

Bajo la presión conjunta del “lobby" de las empresas tabaqueras, de publicidad, de los medios de prensa, de los gobernadoras de las provincias tabacaleras y hasta de los clubes de fútbol, Menem vetó la “ley anti- tabaquismo". Votada después de dos años de dormir en el Senado, la ley prohibía la publicidad de cigarrillos en todos los medios—incluido el "sponsoreo" de activi­dades deportivas y culturales—, además de prohibir la venta de cigarrillos a menores de 16 años y fumar en lugares públicos.

Al vetarla, Menem afirmó que la ley “significaría causar una disminución en todo lo que hace a la actividad producti­va, en un momento en que necesitamos producir y mantener fuentes de trabajo” (Clarín, 14/10), una obvia hipocresía de parte de quien, al mismo tiempo, pretende imponer la "flexibilidad laboral" para faci­litar los despidos.

El veto menemista tiene un único objeto: defender las fabulosas ganancias de los pulpos del tabaco, un “negocio "que ronda los 2.000 millones de dólares por año y que cuenta con muchos “asociados". Uno de ellos, el principal, son los acreedores del Estado, pues recauda, al menos teórica­mente, más de 1.600 millones anuales del impuesto a los cigarrillos. El propio Cavallo le recordó a Menem que la ley "podría provocar una baja en el consumo y, por consiguiente en la recaudación impositi­va” (Clarín, 14/10). El “lobby” tabacalero hasta logró el “milagro” de que Claudia Bello y José Romero Feris reclamaran con­juntamente el veto presidencial.

Otros “asociados" son las empresas de publicidad y los medios de prensa que se reparten más de 50 millones al año prove­nientes de la publicidad de cigarrillos. Preci­samente, los artículos más cuestionados de la ley eran los relativos a la publicidad. ¡Pero la publicidad de cigarrillos, como lo señala el doctor Aquiles Roncoroni, director del Insti­tuto de Investigaciones Médicas, no es otra cosa que un arma para “crear nuevas adicciones” (La Nación, 13/10)! Basta ver al “rublo de Camal", a los “vaqueros de Marlboro’’o lo tilingos de Kool para darse cuenta que el catedrático tiene toda la razón. “Nunca se ve —continúa Roncoroni— la imagen del fumador agobiado por la bronquitis crónica, cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral o enferme­dades cardiovasculares”.

En los Estados Unidos (en Argentina no existen estadísticas similares), “en este siglo murieron más norteamericanos por cáncer pulmonar que en todas las gue­rras que se libraron: la mortalidad en USA es mayor de 1000/día (caída de 3 aviones 747 llenos sin sobrevivientes). Fumar provoca más muertes prematuras en USA que la suma de SIDA, cocaína, heroína, alcohol, incendios, accidentes de tránsito, homicidios y suicidios” (Ídem). Pero mientras en los Estados Uni­dos, la venta de cigarrillos cae un 1% cada año, en los países del “Tercer Mundo" crece un 2,5% cada año.

Los que lucran con la destrucción de la salud pueden dormir tranquilos. Gracias a Menem, sus balances no tendrán sobresal­tos.

Luis Gurevich


“Tango” 01: "... Y el que no afana es un gil"

La compra da un avión presiden­cial con ducha, comedor, cama da dos plazas (¿para un presidente  separado?) y hasta con un sillón especial de peluquería, despertó la justa Indignación popular. Mientras semejante “chiche” costaba 70 “palos verdes", el país dejaba de recibir las vacunas antisarampionosas -cuya falta provocó la epidemia del año pasado— por una deuda impaga de apenas 400.000 dólares o se anulaba una campaña en regla contra el cólera, que sólo hubiera costado unos po­cos millones. Pero según informa el corres­ponsal en Buenos Aires de la montevideana "Brecha” (9/10), la compra del avión no fue sólo un “caprichito costoso” del presiden­te

La compra del avión fue autorizada por un decreto firmado por los ocho ministros, que sólo apareció en una versión “resumi­da” en el Boletín Oficial. La razón por la que se apeló al “resumen” fue, simplemente, tapar las huellas del negociado montado con la compra del avión. Según el decreto “completo” —que “Brecha” da a cono­cer— la compra del avión y su “equipa­miento VIP” fueron contratados directa­mente, sin llamado a licitación, lo que ya constituye una violación de la ley (puesto que es imposible argumentar razones de “necesidad y urgencia” para comprar un avión “VIP”). Pero lo más “interesante” no es esto.

En el decreto se autoriza la compra por un monto de 69,291 millones de dólares cuando la revista 'Business Airplanes´ especializada en la ´atención de ejecuti­vos exigentes, como usted´ publicó en su edición de mayo pasado la lista de precios de los aviones súper-ejecutivo... Según ‘Business Airplanes’, un avión 757-200 totalmente equipado, con un salón súper-VIP para diez pasajeros, una cabina VIP para cuarenta pasajeros, comedor, suite con baño privado y ducha incluida, salón de reuniones y sala de Juegos cuesta exactamente 53,550 millo­nes de dólares. El aparato puede encare­cerse 500.000 dólares si se lo dota de un segundo tanque de combustible (que no es el caso según consta en el decreto), un equipo especial de aire acondiciona­do o un equipo especial de comunicaciones" (Brecha, 9/10).

Evidentemente, o los sillones de pelu­quería, no previstos en el equipamiento “estándar”, son decididamente caros, o en el camino se ha quedado un “vuelto” de 13 millones de dólares, el 25% de lo que cuesta el avión según “Business Airlines”.


San Juan: La curia con la corrupción

La jerarquía eclesiástica se ha puesto en marcha para salvar del juicio político al gobernador sanjuanino, Jorge Escobar, acusado de peculado y malversación de caudales públicos. Un video presentado por la direc­ción provincial de ATE muestra que personal y maquinarias del Estado provincial fueron usados para realizar trabajos de refacción en la finca particular del gobernador en la lo­calidad de Jáchal.

Con el objeto de evitar el juicio político al gobernador, el obispo sanjuanino, monse­ñor Distéfano, organizó una “reunión de conciliación” entre el gobernador y dirigentes de ATE. "Distéfano"-“informa un enviado especial de Clarín, 10/10— fue el eje del encuentro (en el cual) los ministros habrían propuesto un convenio integral que obviamente incluye negociar la embestida politice que podría concluir con la destitución de Escobar". El “convenio” restituiría a ATE 1,5 millones de dólares retenidos por Escobar, que llevaron al cierre de la farmacia sindical. Paro la “conciliación” propuesta por Distéfano y claramente inconstitucional y antidemocrática puesto que no se trata da un litigio “civil” entre ATE y Escobar sino de la violación de la ley por parte del gobernador. En San Juan, la curia ha montado una conspiración a favor de la corrupción y contra la democracia.

La presión de la jerarquía eclesiástica sobre ATE para que desista de sus acusa­ciones respondió a "la ansiedad da loa hombres del gobierno en dibujar una rápida salida a la crisis política”.

Escobar llegó a la gobernación hace varios meses gracias al “dedo” de Menem.


Marcha de abogados contra el cierre de Tribunales Laborales

Una asamblea general en la que participaron más de 200 aboga­dos resolvió, por unanimidad, la convocatoria a una marcha sobre el Palacio de Justicia (sede de la Corte Suprema) para denunciar el cierre de los tribunales laborales de Cerrito, medida que afecta la situación de más de 150 mil trabajadores, pendientes de cobrar los jui­cios ahora detenidos por la clausura de esa sede.

La moción aprobada fue efectuada por los abogados del PO y sectores indepen­dientes, quienes también llamaron a consti­tuir un frente de acción (actos, movilizaciones, volanteos) contra estas medidas de la Corte, cuya finalidad es subvencionar en forma encubierta a los capitalistas ya que con el cierre de estos juzgados se ahorran de pagar sentencias por millones de dólar­es. La moción del PO propuso desenmasca­rar, además, que toda esta situación forma parte de una política consiente del gobierno Menem-Cavallo. La Corte Suprema resolvió recientemente el pago de los créditos labo­rales a la denominada "tasa pasiva”, infe­rior al propio costo de vida, lo que lleva a la depreciación de las deudas con los obreros.

El PO denunció, asimismo, que el go­bierno se apresta a modificar todo el sistema de porcentaje de honorarios, lo que junto al reciente decreto de peritajes, beneficiarlos grandes capitalistas que pagan menos el trabajo realizado por los defensores de k» obreros y obligarán a los trabajadores —si se pide una parida en un juicio—a depositar sumas imposibles de reunir (¡5%del monto reclamado!)

El objetivo es terminar con las deman­das laborales, llevando a los obreros a aceptar "conciliaciones" miserables sede del ministerio de Trabajo.

La asamblea resolvió convocar la marcha sobre el "Palacio de Tribunales” para el próximo Jueves 22 de octubre 8 las 12 horas y autoconvocarse en asamblea permanente todos los lunes a las 14 horas en la sede del Colegio Público anexo Tribu­nales, Lavalle 1212. Resolvió, además convocar a la marcha a la Asociación as Abogados y de Laboraistas como paso preparatorio de una gran movilización que incluya a las decenas de miles de trabajado­res afectados por los juicios y a los empleados judiciales.

J.C.C.