El adelantamiento de las elecciones a marzo está a punto de venirse abajo. El cambio de fecha de las internas del PJ es mucho más que una postergación e incluso más que un cambio de metodología en lo referente a quienes podrán votar. Está denunciando la posibilidad de que las internas se dejen definitivamente de lado: concebidas para darle una salida a la desintegración del peronismo, sólo han servido para profundizarla. Hay indicios de que la totalidad de los candidatos preferiría ir directamente a la elección general, para lo cual se adoptaría una variante de la ley de lemas, lo que en cualquiera de los casos sería inconstitucional. Con ley de lemas o sin ella, una elección nacional con varios candidatos del peronismo agudizaría la desintegración del PJ y agravaría la crisis política general. Pero, además, sin las internas, todo el andamiaje político quedaría golpeado como consecuencia del vacío que se crearía hasta el comienzo de la campaña electoral. El gobierno se vería forzado a adelantar aún más las elecciones y a profundizar con esto su debilidad administrativa y política, dejando colgado del pincel el arbitraje de la crisis económica. El voltaje alcanzado por el empantanamiento del plan electoral explica la anulación de los viajes previstos por Duhalde a la inauguración de las sesiones de la ONU y al Vaticano.

La base económica de esta desestabilización política es muy clara: el PBI sigue cayendo, ahora se dice que “la crisis todavía no tocó fondo”, los despidos masivos y las quiebras tocan nuevos topes, el 55% de la población ha ingresado a los niveles de pobreza. Bastaría con un aumento de tarifas, incluso del 10%, para elevar ese porcentaje al 70%.

 

Contradicciones explosivas

El FMI ha reiterado que no aceptará ningún acuerdo hasta que el Estado no recapitalice los bancos, que se aumenten las tarifas, que se privatice la banca pública y que se restablezcan las ejecuciones hipotecarias. Echa leña al fuego, porque la contradicción de este planteo es flagrante: con mayores tarifas, ejecuciones y empapelamiento del Estado con títulos públicos, mayor será la depresión económica. Como lo demuestran las crisis de Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú y otros, los capitales internacionales se están retrayendo por la necesidad de hacer frente a los déficits financieros que tienen en los países centrales, de modo que no volverán a Argentina como consecuencia de un acuerdo con el Fondo. Ahora mismo, Lavagna está impulsando un gigantesco saqueo de las finanzas públicas al legislar que los impuestos puedan ser pagados con títulos públicos y conceder que estos títulos desvalorizados puedan ser usados para cancelar deuda externa por parte de las empresas privadas.

Es decir que Duhalde está amenazado de un abandono del gobierno como resultado directo de la crisis económica, o sea que ni siquiera tendrá que asistir al derrumbe de su plan político. Las empresas privatizadas no han dejado de ganar dinero en el curso del corriente año; en algunos casos, incluso, han revertido las pérdidas que tuvieron en el 2001. Alegan lo contrario porque sus deudas están en dólares, pero esto lo podrían resolver con una refinanciación a largo plazo. Al reclamar el aumento de tarifas pretenden, por lo tanto, proceder al pago inmediato de la deuda externa. Es precisamente lo que Lavagna está permitiendo con la autorización para que los bancos cancelen los préstamos que les dio el Banco Central con los títulos de la deuda externa que tienen en su poder.

 

Centroizquierda, un recurso último

El acuerdo entre los restos de la Alianza con Zamora y la Ccc-Pcr, para impulsar la caducidad de todos los mandatos, debe ser relacionado con esta potencial crisis terminal del gobierno de Duhalde, sin que ello signifique dejar de lado el carácter electoralista de la “suspensión” que han proclamado de sus campañas electorales, las que no dejan de existir porque los candidatos proclamados o virtuales del centroizquierdismo digan lo contrario.

La concentración que ha sido convocada para el viernes 30 frente al Congreso nacional habla por sí sola, porque pone claramente en evidencia que el centroizquierda pretende que los diputados y los senadores se encarguen de convocar a una Constituyente que haga caducar todos los mandatos. El centroizquierda quiere que “todo cambie” pero sólo en el marco del régimen actual, sin ruptura de la continuidad jurídica, política y de clase. En esta medida, le ofrece al sistema una oportunidad final de encarrilar la crisis, para el caso de que ésta ya hubiera roto los diques de contención actuales. Si en cambio la patota bonaerense logra llegar a marzo con la ayuda de sus aliados y la neutralidad provisoria de sus adversarios, el reclamo de la caducidad de los mandatos habrá cumplido su función de slogan electoral y de soporte del plan oficial.

El punto es que la dimensión de la catástrofe social y la desintegración capitalista superan lo que pueda ofrecer como salida para el pueblo una renovación electoral completa; de otro lado, el gobierno sólo podría convocar una Constituyente regimentada y parcializada, que carezca de poder y coexista con el régimen actual, y que sólo pueda deliberar, por ejemplo, sobre la inocua caducidad de mandatos. El acto de soberanía popular que podría ofrecer a los trabajadores una inmediata perspectiva de protagonismo en la superación de la catástrofe que los afecta, o sea una Asamblea Constituyente soberana, sólo podría producirlo un nuevo gobierno y un nuevo régimen, concretamente un gobierno de representantes de las organizaciones en lucha. Lo que De Gennaro y Carrió no quieren de ninguna manera, y lo que Zamora ha demostrado que tampoco quiere porque se ha aliado a aquéllos (en torno a los mandatos) y no con las organizaciones piqueteras, asambleas populares, sindicatos en lucha y empresas ocupadas.

 

El desenvolvimiento de una situación revolucionaria

La situación política ha evolucionado considerablemente desde diciembre pasado; la diferencia más acusada es la creciente desintegración del peronismo como consecuencia de su fracaso en el gobierno. Esto significa que en el plano del orden existente, no existen centros con autoridad política. Del lado de los trabajadores ha ocurrido lo contrario: aunque no son efectivamente organismos de poder, las organizaciones en lucha han ganado una creciente autoridad política e incluso ha crecido en ellas la conciencia de esta autoridad política. En esta medida y en este cuadro son alternativas de poder cuyas posibilidades dependen en gran medida de la orientación que adopten, especialmente por la importancia que tiene la estrategia política en la tarea de ganar a las grandes mayorías populares.

El bloque Cta-Ari-Ccc (Pcr)-Zamora pretende claramente sustituir a las organizaciones en lucha como alternativa a una crisis final del gobierno. No importa que Zamora o la Ccc-Pcr luego no lleguen a un frente electoral con Carrió; lo que importa es que han plantado ahora al centroizquierdismo como una alternativa política, esto en detrimento y en oposición a las organizaciones en lucha. No es casual que Zamora hubiera vuelto a atacar al Bloque Piquetero, la semana pasada, en una entrevista a La Nación, y que hubiera hecho lo mismo de nuevo en el programa de Majul (repitiendo el derrotado slogan oficial de que “están divididos”). El bloque formado por la caducidad de los mandatos sólo admite a las organizaciones en lucha por la puerta de servicio y como puntal de una política en la que no tuvieron participación.

El levantamiento popular argentino ya ha dado pruebas de que no es una simple rebelión: ha comenzado a contagiar en el plano internacional y se perfila como un antagonista del capital con programa propio. Es cada vez más dinámico en la forma y más claramente universal en el contenido. Por eso las organizaciones en lucha pueden aspirar a desarrollarse como alternativas de poder. Esto significa, en el estado actual de la crisis, proclamar abiertamente que la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana sólo puede realizarla un gobierno de representantes, no del centroizquierdismo y la burocracia de los sindicatos, sino de las organizaciones en lucha.

El terreno en que se podría materializar esta perspectiva es una nueva rebelión popular. Por eso llama la atención que Izquierda Unida se oponga al planteo de un nuevo Argentinazo, cuando afirma querer una Constituyente soberana; ésta es imposible sin un gobierno de las organizaciones en lucha, y éste sin un nuevo 19 y 20.

A la luz del desarrollo de la crisis política en las próximas semanas, deberá establecerse si la convocatoria de un Congreso Nacional de organizaciones piqueteras, asambleas populares, empresas ocupadas, sindicatos en lucha y centros de estudiantes y organizaciones populares combativas, no está ya a la orden del día.