La patronal de Telefónica acaba de obtener un fallo favorable que la exime del cumplimiento del decreto que regula los precios de internet, telefonía y televisión paga. El DNU sancionado en 2020 pretendía congelar las tarifas de dichos servicios, aunque fue un instrumento ineficaz, vulnerado por todas las patronales a plena vista del gobierno.

La decisión estuvo a cargo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, desde donde se otorgó una medida cautelar a favor de la patronal de Telefónica de Argentina y Telefónica Móviles Argentina, en contra del DNU 690/20, que declaró como servicios públicos esenciales a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Esto ocurrió en el marco del avance de la pandemia de coronavirus, cuando más se hizo necesario el acceso a internet y comunicaciones debido al aislamiento obligatorio y a la virtualidad en distintas actividades. Sin embargo, el marco jurídico adoptado por el gobierno no fue más que una pantalla para que las patronales hicieran y deshicieran según su parecer.

Decretos de papel

Como sucediera con otros DNU presidenciales, como la prohibición de despidos vulnerada por la patronal de Techint, o la doble indemnización desconocida por Garbarino y otros, el DNU 690 nació con poca o nula efectividad.

La normativa que suponía un control de los precios de los servicios de TIC fue prontamente cuestionado por las patronales y desautorizado en el momento. Telecom Argentina fue la primera  en lanzar un aumento del 20% en sus precios, cuando el ente regulador (Enacom) había fijado una alícuota del 5%, para el mes de diciembre del 2020.

La patronal se fundó en que el decreto estaba “judicializado” y que no se avendría a sus términos hasta que no existiera sentencia firme: lo contrario de lo que sucede cuando un trabajador es obligado a pagar un importe para luego reclamar respecto a su justeza o no. De esta forma se aplicaron aumentos en las tarifas de dichos servicios, que fueron directo al bolsillo de los trabajadores, bajo la mirada impávida del Enacom.

Los sucesivos “aumentos autorizados” por el gobierno recibieron igual trato, con el agravante de la aparición de algún que otro fallo con alguna injerencia en la materia. En efecto, las patronales de las TIC adoptaron la estrategia de presentar decenas de denuncias en múltiples jurisdicciones, hasta dar con un fallo positivo dictado por la Sala II de la Cámara Federal y la Justicia federal de la provincia de Córdoba para Telecom –con participación de Cablevisión y por ende del Grupo Clarín- y la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), lo que fue utilizado para hacer extensivos los efectos del mismo a casi todas las patronales del rubro. Ahora Telefónica suma su propio fallo.

Un gobierno cómplice

La respuesta del gobierno ha sido ir apelando cada instancia, mientras las patronales imponen sus términos en los hechos, denunciando que irá a la Corte Suprema ante cada caso: como si eso valiera de algo. Solo en los primeros siete meses desde el decreto el gobierno autorizó aumentos de entre el 15 y el 20%, mientras que las empresas informaron aumentos de precios de entre el 39 y 48%.

Como ocurre con todos los esquemas de “controles” del gobierno, las telecomunicaciones han quedado al arbitrio de las patronales y sus maniobras, dando cuenta de que la cantinela de decretos y programas oficiales no es más que una cortina de humo de una política ajustadora.

Las patronales de las telecomunicaciones se quejan por el impacto de la inflación pero no dan cuenta de cuáles serían los costos reales de producción de dichos servicios.

Es necesaria la apertura de los libros de las empresas de TIC para establecer el precio de las tarifas, así como nacionalizar, bajo control obrero, las telecomunicaciones, para su puesta a disposición de la satisfacción de las necesidades esenciales de la población.

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