En los próximos días asumirá un nuevo jefe de la policía provincial de Santa Fe, colocado allí por el gobernador Lifschitz. Luis Bruschi será el quinto jefe de policía en cuatro años, luego de la crisis que estalló en 2012 con Hugo Tognoli, acusado de participación en el narcotráfico y condenado a seis años de prisión a causa de ello.

La crisis por el narcotráfico, la descomposición policial y social imperante en la provincia fueron unos de los tantos motivos por los cuales el Frente Progresista estuvo a punto de perder las elecciones y por el que se generó un gran descontento de amplias capas de la población hacia el “progresismo”.

Desde que Lifschitz asumió la gobernación, emprendió una campaña de “modificaciones” en la policía provincial, como un intento de demostrar aires nuevos frente a semejante cuadro de crisis. El cambio de figuritas y medidas cosméticas dejó intacta una estructura policial la cual es una pieza clave en la criminalización de las finanzas y como organizadora práctica del gran delito: narcotráfico, contrabando, redes de trata.

El entrelazamiento policial con el delito organizado es tan fuerte que Lifschitz sabe que el destape de estas vinculaciones va a continuar y son inevitables. Por ello intentó que esta designación del nuevo jefe policial cuente el aval político de la Legislatura provincial, pero no logró que se aprobara. Lo que demuestra al mismo tiempo la conciencia de esta situación por todos los bloques políticos.

Lo que si incluyó el “plan de modificaciones” en la policía provincial fue un reforzamiento policial a través de la creación de cuatro policias “especiales”, hecho en el cual también colabora el gobierno macrista con la presencia de la policía Federal en la provincia. No olvidemos que el ministro de Seguridad Pullaro firmó el protocolo antipiquetes de Bullrich, y en los últimos dias han ido más lejos aún anunciando un “comando común” entre las fuerzas policiales nacionales y las provinciales. El macrismo pretende un monitoreo no sólo de cómo aplica el ajuste en la provincia el Frente Progresista, sino también de cómo se enfrentaría la reacción popular que provocará.

La brutal contracara de este reforzamiento del aparato policial es la participación policial en distintos grados en todos los crímenes contra jóvenes y trabajadores del último tiempo. Paula Perassi, Roberto Arrieta, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Any Rivero y la lista sigue.

La crisis por el narcotráfico sigue a la orden del día. La política del gobierno por apaciguar algunas bandas locales conocidas mediáticamente y tumbar algunos bunkers muestra sus límites. El narcotráfico se les escurre por todos lados, y las barriadas de las grandes ciudades de la provincia son el sitio en donde los trabajadores, jóvenes y niños pagan las terribles consecuencias.

Como el Partido Obrero denuncia hace tiempo, el tráfico ilegal se opera a partir de los puertos de Santa Fe con dirección a otros continentes, y en ello hay participación de las grandes empresas exportadoras y del Estado en su conjunto. El lavado luego se lleva a cabo a través del juego (casino), la especulación inmobiliaria y también a partir de los paraisos fiscales como los es Panamá, con la participación de los bancos. El narcolavado se encuentra en las entrañas de Santa Fe y en su estructura económica, y sólo a partir de allí se da el marco para la proliferación de bandas locales que comercializan una parte minoritaria de semejante negociado capitalista. Hasta que no se desbarate este esquema económico estatizando los puertos bajo control de los trabajadores y nacionalizando el comercio exterior, la “materia prima” para proliferación de bandas con alta participación y colaboración policial sigue allí presente.

En este sentido, la complicidad del gobierno, el kirchnerismo y el macrismo con la continuidad del narcotráfico y la descomposición policial es total. La Legislatura provincial y el Senado no ha tomado medida alguna en todos estos años para atacar este régimen del narcolavado y la descomposición de la policía. Ahora a lo que se limitan es a abstenerse de pronunciarse por este nuevo jefe policial, lo que delata su complicidad.

En este cuadro, nos oponemos a esta designación demagógica, mientras la crisis sigue rajando las paredes. Remoción de todas las cúpulas y efectivos policiales vinculados con el delito organizado. Apertura de los libros de registro de las comisarías y elección popular de los comisarios. Juicio y castigo a los policías partícipes de los crímenes contra el pueblo.