La ley de convertibilidad fiscal, que se aprestan a votar el menemismo, el duhaldismo y la Alianza, es un nuevo ataque contra las masas trabajadoras, los jubilados y la educación.

Es que con el cuento de bajar el déficit fiscal, la ley plantea ponerle un tope al gasto público para garantizar el pago de los intereses de la deuda.

Sin vueltas lo reconoció Roberto Alemann: “Si los intereses suman 10.000 millones anuales, una cantidad similar o equivalente al déficit, significa que no podemos pagar esos intereses” (Clarín, 30/5).

Como la ley de convertibilidad fiscal no propone aumentar los impuestos ni combatir la evasión patronal, los intereses deberán pagarse con el achique de los gastos en salarios de los empleados públicos, en jubilaciones, en educación o salud.

Tanto el PJ como la Alianza no disimulan que quieren poner en marcha “una nueva reforma del Estado” para “eliminar organismos redundantes y (promover) la privatización de empresas públicas residuales” (La Nación, 4/10/98), como declaró Jorge Remes Lenicov, el ‘futuro’ ministro de Economía de Duhalde. El aliancista Rodríguez Giavarini dijo también que la nueva ley debe “estar acompañado de una reforma del Estado” (Clarín, 30/5).

Entre los organismos “superfluos” está el Hospital Nacional Baldomero Sommer, el Instituto Malbrán o el Servicio Geológico Minero Argentino (Ambito Financiero, 27/5).

Este ataque de Duhalde y De la Rúa contra los trabajadores y la educación, no les quita el sueño al MTA o al CTA, que siguen encolumnados detrás de estos políticos patronales, aunque la Alianza, por boca de Rodríguez Giavarini, diga que la votación de esa ley “sería muy bien recibida por los mercados internacionales” (Clarín, 30/5).

Derrumbe

La ley de convertibilidad fiscal, sin embargo, no puede resolver el hundimiento del plan económico, el colapso de las finanzas públicas y el desborde de la deuda.

La propia ley que el PJ y la Alianza pretenden votar dice que la meta de no tener déficit fiscal se suspende “en condiciones de severa crisis internacional o catástrofe o emergencia interna determinada por el Poder Ejecutivo”. (Clarín, 30/5). Es decir, si ya rigiera, el Gobierno la habría suspendido.

Más importante aún es que el déficit fiscal está en aumento no porque subió el gasto público, sino porque aumentaron los intereses de la deuda y porque la recaudación de impuestos está en baja por la crisis y los suculentos subsidios que el gobierno les dio a las grandes patronales.

Por la rebaja de los aportes patronales, como denunciamos en Prensa Obrera, el gobierno transfirió a la burguesía unos 5.000 millones de pesos por año y otros 4.000 millones se llevan las AFJP. Bastaría con anular la jubilación privada y restituir los aportes patronales para terminar con el déficit.

Pero tanto el PJ como la Alianza quieren seguir rebajando los aportes patronales, hasta eliminarlos, lo que llevará a un mayor déficit. Entonces, necesitan aplicar a fondo un nuevo ataque a las masas, a los jubilados y a la educación. En este contexto, se explica el proyecto del gobierno de eliminar la jubilación mínima o PBU, postura que tiene ahora el visto bueno del nuevo ministro de Trabajo.

El Partido Obrero denuncia al PJ y a la Alianza y plantea:

• Desconocimiento de la deuda externa.

• Anulación de la rebaja de los aportes patronales

• Anulación de la jubilación privada.