Políticas
10/10/2026
Nuevos aportes a la trama del ingreso de Harbour en Vaca Muerta
Se reafirma la complicidad del gobierno de “La Neuquinidad”.
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Durante el año 2023 ocurrió una sucesión de hechos que hilvanan la adquisición de los activos de Wintershall Dea en Vaca Muerta por parte de la británica Harbour Energy (antes llamada Premier Oil que operó ilegalmente en la explotación de recursos hidrocarburíferos en territorio nacional usurpado por Gran Bretaña en Islas Malvinas y mar adyacente). El cambio de nombre ocurrió en el año 2021 luego que Premier Oil fuera penalizada por el Estado nacional hasta el año 2028.
Pero estos cambios cosméticos no carecieron de un objetivo preciso, que no fue otro que un taparrabos de una empresa pirata británica para poder poner sus pies en Vaca Muerta como si se tratara de una empresa sin pasado en Malvinas. Con nombre nuevo, dio otro paso. Inició negociaciones con una empresa alemana, Wintershall, que vendía activos en varias partes del mundo, entre ellos dos áreas en Vaca Muerta y su participación en el proyecto Fenix off-shore en el mar austral argentino. Así se produce la adquisición-fusión con la empresa Wintershall Dea que poseía parte de la concesión No Convencional en las áreas Aguada Pichana Este y Aguada San Roque, junto a otras socias como YPF S.A., PAE de la familia Bulgheroni y la francesa Total.
Los decretos 1433/23 y 1529/23 son evidencia
El 11 de agosto del año 2023, el gobernador de Neuquén de ese entonces, Omar Gutierrez del MPN, ya había perdido la gobernación en las elecciones de abril de ese año, a manos del actual gobernador, Rolando Figueroa de “La Neuquinidad”.
Tanto el perdedor como el ganador de la elección denominaron los meses hasta la efectiva toma de posesión (el 10/12/2023) como “período de transición”, donde instalaron una especie de cogobierno al punto que la elaboración del Presupuesto del año 2024 presentado en octubre 2023, fue elaborado en forma conjunta por el gobernador saliente y el entrante.
Por lo tanto resulta difícil creer que la firma de un decreto sobre cesiones de participación de empresas líderes en Vaca Muerta sobre áreas concesionadas para una explotación No Convencional, fuera una autorización unilateral de gobernador saliente. Por eso la firma del decreto 1529/23 debe considerarse un producto del “período de transición”. Por dicho decreto se autorizan cesiones cruzadas de participaciones en tres áreas, Aguada Pichana Este (APE), Aguada Pichana Oeste (APO) y Aguada Castro.
En APE tenía participación Wintershall con un 22,5% de la sociedad que la explota y un porcentaje similar en Aguada San Roque. Como Total tenía un juicio cruzado con la provincia del Neuquén y reclamos mutuos sobre varias áreas entre las cuales se encontraban APE y Aguada San Roque, en junio de 2023 y para facilitar las cesiones que se autorizaron en agosto, tanto la petrolera francesa (con intereses comunes con Wintershall en el off-shore austral) como la provincia firmaron un acuerdo para cerrar los litigios legales, que fue convalidado por el decreto 1433/23, allanando así el camino no solo a las cesiones posteriores, sino a la venta de su participación en ambas áreas de Wintershall a Harbour Energy.
Para esa fecha las negociaciones de venta entre la primera y la segunda ya estaban en curso. O sea se refuerza la idea que el gobierno de la provincia no podía desconocer que a partir del 30 de junio de 2023 esa venta ya había entrado “en vigor”, y Harbour Energy ingresaba a Vaca Muerta.
El proceso taparrabos
En diciembre del año 2023, poco después del decreto 1529/23, Harbour Energy inició negociaciones con Wintershall Dea para el proceso de adquisición. Con un detalle. Si bien el acuerdo final se firmó el 3 de setiembre de 2024, la adquisición “entró en vigor el 30 de junio de 2023” (The Acquisition has an effective date of 30 June 2023, dice el documento en inglés). O sea dos meses antes del decreto de cesiones cruzadas en el área APE donde Total creció en su participación pero YPF S.A. y PAE S.A. bajaron la suya.
Con lo cual cuando se firmó el decreto, ya estaba en vigor la adquisición del activo de Wintershall en Vaca Muerta por parte de Harbour Energy, lo cual implicaba que el 22,5% que la primera tenía en el área APE pasaron a manos de la segunda. Todo este movimiento no pudo pasar inadvertido para el gobierno nacional y menos para el provincial. Los datos son todos públicos y ampliamente difundidos por los medios de comunicación y por las propias empresas.
Tampoco puede pasar inadvertido que en su presentación a los inversores de octubre de 2026, las áreas de Vaca Muerta en manos de Harbour Energy son destacadas como proyectos “long life” y se informa de la primera fase de desarrollo de Aguada San Roque con objetivo en petróleo a iniciarse el año entrante.
Y por si fuera poco, en agosto de este año Harbour Energy creó en el país un empresa comodín cuyo único socio figura bajo el nombre de Wintershall. Un nuevo taparrabos para su expansión en el saqueo de los recursos en el país figurando como si fuera una empresa con asiento en Alemania.
Pero el poncho no aparece
El decreto 1529/23 es muy ilustrativo acerca del proceso de las cesiones entre empresas. Se confirma que se autorizan porque las empresas deben presentar la minuta de escritura pertinente de las cesiones, y tras la intervención de diversos organismos estatales. Entre ellos la Dirección Provincial de Economía de la Energía y la Dirección General de Permisos y Concesiones que constatan que las empresas cumplan los requisitos para realizar las cesiones.
Se deja constancia también que tanto el Poder Ejecutivo Provincial como el Ministerio de Energía y Recursos Naturales ejercen su facultad como órganos de contralor en tanto son Autoridad de Aplicación. El expediente del decreto debe pasar también por la Secretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos, la Dirección Provincial de Coordinación Legal del Ministerio y la Fiscalía de Estado que avala finalmente el trámite.
Como puede apreciarse, no se puede ceder la participación en una concesión de explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta sin que pase por el cedazo de varios organismos, hasta la emisión del decreto que autoriza esas cesiones.
Sin embargo el decreto relacionado a Harbour no aparece. Un caso de “seguridad jurídica” por ausencia de jurisdicidad, un clásico de “La Neuquinidad”.
La Fiscalía de Estado es parte de la trama, pero el Ministerio Público Fiscal tiene material para investigar. Habrá que ver.
