Se está produciendo una sorda lucha entre empresas ligadas a la industria energética. A los roces que provocó el precio sostén del barril de petróleo en 45 dólares entre las empresas que venden el crudo y las refinadoras, se suma ahora la especulación con el gas ante la llegada del invierno (y el consecuente aumento del consumo del mercado interno) y el anuncio de subsidios a la producción.

La última subasta de Cammesa (Compañía Mayorista del Mercado Eléctrico S.A.), la encargada de adquirir el fluido para generación de energía, reflejó una caída en picada de la oferta en relación a la cantidad y el volumen. Mientras en marzo se ofertaron 63 millones de m3/día y en abril 88 millones de m3/día, esta semana bajó a 27 millones de m3/día, gran parte proveniente de la cuenca neuquina.

La restricción de la oferta de gas no se debe a una falta de producción, sino a la especulación ante el anuncio del lanzamiento de un nuevo Plan Gas Plus 4, que establecería una especie de “BTU criollo” a 3,5 dólares por millón, un precio 40% superior a los 2,5 dólares pagado en la subasta de esta semana por Cammesa. A diferencia del precio sostén del petróleo, no es un precio de referencia sino un subsidio estatal a la producción gasífera en boca de pozo, que embolsarán enterito las productoras.

Este subsidio choca con la caída del precio del GNL en el mercado mundial (hoy más cerca de los 2 dólares por millón de BTU), es decir que sería más barato importarlo para generar energía, que producirlo en el país. El plan sería un gran negocio a costa de las tarifas que paguen los usuarios en estos meses de mayor consumo, pero echaría leña al fuego de las presiones inflacionarias.

Todo esto sucede cuando las petroleras vienen haciendo grandes negocios con la exportación, hacia donde han orientado la producción tras la caída de la demanda de combustibles: desde el inicio del año ya se han solicitado casi tantos permisos de exportación como en la totalidad del año pasado. Contando desde el comienzo de la cuarentena la oferta de exportación superó los 4 millones de metros cúbicos (unos 26 millones de barriles), equivalentes a casi seis meses de la producción neuquina. El negocio esta lubricado por la reciente baja de retenciones que decretó el gobierno nacional.

Las empresas que encabezan la oferta de exportación petrolera son YPF y Pan American Energy (las mayores productoras a nivel nacional), pero también se anotaron Tecpetrol, Pluspetrol, y una subsidiaria de YPF controlada por una “off shore” (Compañía de Hidrocarburos No Convencionales), que es parte del entramado con Chevron para explotar Loma Campana. Respecto a la producción de Neuquén, un 70% de un almacenamiento de alrededor de 6 millones de barriles ya habría sido colocado para exportación (Río Negro, 27/5). Agreguemos que los dólares que embolsan gracias a este negocio quedan en el exterior, como testimonia la parálisis total de la inversión: durante abril las fracturas en Vaca Muerta se redujeron a cero.

Los subsidios estatales a las gasíferas y petroleras impactan de manera directa en los precios que pagamos los consumidores. En definitiva el gobierno rescata a los pulpos capitalistas a costa de las familias trabajadoras. Si por un lado podría pensarse que los bonistas ven con preocupación estos subsidios mientras crece el déficit fiscal, lo cierto es que los mismos fondos de inversión tienen acciones en YPF y el resto de las empresas en el país, y también en las que proveen de GNL a nivel mundial, si hubiera que importarlo para generar energía o consumo domiciliario.

La única salida favorable para el país y para los trabajadores es la nacionalización sin pago de toda la industria energética bajo control obrero.