Vuelven los tribunales militares y el “estado de excepción”

Bastaron apenas cien días en la Casa Blanca para que Barack Obama diera un giro de 180 grados en su promocionado planteo de “combatir al terrorismo en el marco de la Constitución”.

Obama autorizó la continuidad de los tribunales militares, un sistema de justicia extraordinario creado por Bush en 2006 y ratificado por el Congreso que operan a puertas cerradas y aceptan como prueba las confesiones obtenidas bajo tortura.

Prohibió la publicación de fotos de las prácticas de torturas realizadas por la CIA y los “equipos especiales” del ejército.

Confirmó que los militares y agentes directamente implicados en las torturas no serán juzgados porque “cumplieron órdenes”.

El cierre de la prisión de Guantánamo ha quedado en la nebulosa; la alharaca armada en torno a esta prisión le permitió al gobierno de Obama mantener el silencio sobre las “cárceles secretas” que la CIA opera en todo el mundo, las cuales siguen funcionando sin ninguna alteración. “Guantánamo es sólo la punta del iceberg (…) Estados Unidos aún retiene a cientos de prisioneros en otras de sus cárceles  en distintos lugares del mundo, en condiciones iguales o peores que en Cuba” (La Nación, 16/5). 

Obama no se limitó a sancionar la continuidad del núcleo de la política represiva de excepción montada bajo el gobierno de Bush. Hizo sus propios agregados: puso al frente de la misión norteamericana en Afganistán al general McChrystal, quien durante muchos años dirigió “el ala ejecutiva de asesinatos” (la definición es del periodista Seymour Hersh) en Irak, que reportaba directamente al vicepresidente Cheney (Sur, 17/5).

El giro de Obama tuvo lugar en un clima “político caldeado (y) conflictivo” (La Nación, 16/5). La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó a la CIA de “engañarnos a todos” acerca del uso extendido de las torturas. Leon Panetta, el hombre puesto por Obama al frente de la CIA, le respondió que “la CIA no engañó a nadie”, una forma poco elegante de llamar a Pelosi mentirosa. La reinstauración de los tribunales militares y la prohibición de la publicación de las fotos habría sido impuesta, según la mayoría de los medios, por el propio Pentágono y los jefes militares en Afganistán e Irak. Obama actuó, además, bajo la presión de la muy ruidosa ala derecha del partido republicano, encabezada por el ex vicepresidente Cheney, que lo acusa de “desproteger a Estados Unidos”.

En el partido republicano, el ala fascista (Cheney) está imponiendo su preeminencia sobre los llamados “centristas” (McCain) y establece el tono de la agenda de la oposición.

Para los grupos de derechos humanos que apoyan a Obama, todas estas decisiones fueron “un golpazo” (La Nación, 16/5).

“Estado de excepción”

Un editorialista del New York Times acusa a Obama de “conservar elementos importantes del sistema de la era Bush”; es decir de mantener en pie (con algunas pequeñas modificaciones) el “estado de excepción” montado por Bush.

El “estado de excepción” consiste en el establecimiento de un andamiaje jurídico y legal distinto al establecido en el orden constitucional existente, aunque dictado por una autoridad constitucional (Ejecutivo) y legitimado por las restantes (Congreso y Corte Suprema). El “estado de excepción” constituye una completa subversión del llamado “estado de derecho”: viola la Constitución, el derecho de habeas corpus, el derecho a defensa en juicio, las normas del proceso judicial (nadie puede ser condenado sin pruebas obtenidas de manera legal) y las convenciones internacionales firmadas por Estados Unidos.

En Prensa Obrera (Edición On Line, nº 4), anticipamos que “Obama no termina con el ‘estado de excepción’ ni restituye el ‘imperio de la ley’…”. Sostuvimos que, por el contrario, “Obama buscará crear un nuevo marco jurídico -distinto del constitucional, es decir, un nuevo ‘régimen de excepción’- para tratar con los prisioneros” y hasta anticipamos que “Obama está obligado a reconocer la legalidad del ‘estado de excepción’ establecido por Bush”.

Luis Oviedo