El decreto de reforma de las Obras So­ciales es un primer paso hacia la privatiza­ción total del sistema de salud y por ende hacia la destrucción de las mínimas con­quistas que tiene la clase trabajadora en este terreno Significativamente, el decreto ha recibido el respaldo unánime de los pul­pos módicos y farmacéuticos y de uno de sus voceros, el diario “La Nación”. Para Amoldo Bauni, de la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga “las medidas son positivas porque constituyen una prime­ra etapa hacia una mayor competencia en el sistema” (Cronista, 12/1 /93), posición compartida por dirigentes de la Cámara de Instituciones Médico asistenciales. Ambas entidades —aclara El Cronista— “son las dos asociaciones que reúnen a la mayor cantidad de empresas de la medicina prepaga del país”.

El gobierno ha presentado el decreto como un aporte al mejoramiento de las prestaciones, al permitir la “libre elección” entre obras sociales por parte de los afilia­dos. ¿Cómo se explica, sin embargo, que un cambio en la legislación que aparentemente beneficiaría al trabajador, sea impulsado por el menemismo y tenga el beneplácito de los traficantes capitalistas de la salud?

Primero, la decisión del gobierno tiende a forzar la concentración del negocio de la salud, en “pocas, pero buenas “, al decir oficial, obras sociales. Estas han recorrido un largo camino en cuanto a “privatización, pues están asociadas a clínicas y servicios privados que se benefician con el grueso de la facturación. Naturalmente, los recursos y loe afiliados se concentrarán en las obras sociales más poderosas. De las 291 obras sociales existentes se calcula que podrían quedar en pie la mitad o la tercera parte, lo que el decreto alienta planteando “fusio­narse, federarse o utilizar otros mecanis­mos da unificación”.

Segundo, el decreto avanza en la capta­ción directa de las prestaciones de salud de las obras sociales por los pulpos privados por cuanto “deja sin afecto todas las res­tricciones que limiten la libertad de con­tratación entre prestadores y obras so­ciales” (Artículo 60) prohibiendo expresamente hacerlo con asociaciones o colegios profesionales (federaciones médicas). Esta medida tiene enorme incidencia en el inte­rior del país donde la mayoría de las obras sociales sindicales contratan servicios a tra­vés de estas entidades. Esta es una de las razones que “explican el beneplácito con que especialistas empresarios leyeron el decreto” (Página 12, 8/1/93).

Tercero. El decreto plantea que las obras sociales estarán obligadas a “garantizar una prestación básica” que será determinada por el Ministerio de Salud y cuyo carácter “básico” ya advierte sobre lo que se preten­de. Esta atención no contemplará un sinnú­mero de prestaciones, excluyendo en pri­mer lugar las de alta complejidad o terapia, y acceder a cualquiera de ellas será privile­gio de los que puedan pagar aportes “adi­cionales” que no serán precisamente “voluntarios”.

Cuarto. Al impulsar que el trabajador de un gremio pueda afiliarse a la obra social de otro gremio, el decreto es un golpe a los sindicatos por industria, lo cual, para el diario La Nación “es una diferenciación saludable porque evita la confusión en­tre (la) condición de afiliado a una obra social y (la) pertenencia a un sindicato”.

Preparan el desfalco total del sistema de salud

El decreto establece que la “libre elec­ción” sólo podrá darse entre obras socia­les, pero sólo por ahora porque se proyecta luego incluir a las “propagas” y otras orga­nizaciones médicas “con fines de lucro”. Por esto, los capitalistas involucrados en el negocio de la salud felicitan al gobierno por este “importante paso”. La estrategia del gobierno y los pulpos privados es avanzar en esta dirección, e incluso tratar de consu­marlo en la propia reglamentación del de­creto. Ya con el decreto, según Funes de Rioja, de la UIA “teóricamente nada impi­de crear una fundsción (que declara no tener fines de lucro), inscribir a través de ella una Obra Social… y que ésta contrata las prestaciones con la prepaga o al com­plejo sanitario qua la dio origen” (Página 12, 9/1/93). Para el gerente de Medicus, “prepaga” pulpo da la salud, “considera­mos qua cuando se instrumente la resolución quedaremos dentro del sistema y los trabajadores podrán optar también por una privada” (La Nación, 9/1/93).

El objetivo estratégico de los grupos privados es capturar el aporte obligatorio de los trabajadores que hoy recaudan las obras sociales, e introducir planes de salud pri­vados que deberán comprar obligatoria­mente los trabajadores en función de los sueldos. Esto plantea la quiebra del princi­pio (teórico) de “solidaridad” en el que re­posa el funcionamiento de las obras socia­les. Hoy un trabajador que gana 500 pesos, debe recibir de la obra social la misma atención que quien gana 1000 pesos. Los pulpos están en contra de este “sistema de reparto” y proponen la “libertad” para ofrecer “planes de salud” diferenciales según lo que cada uno pueda aportar. Para el que gana poco, una salud miserable, para quien gana más, una salud también misera­ble porque los sanatorios privados tendrán el monopolio de los planes de salud. El decreto menemista liquida la atención médi­ca de los trabajadores, en beneficio de los traficantes de la salud.

La aspiración de conjunto de la burgue­sía no se limita a esto. Además propone disminuir o aún eliminar el aporte patronal, hoy del 6% y descargar sobre el trabajador el sostenimiento del sistema. Se plantea por esta vía una reducción del salario, por cuan­to el trabajador terminaría pagando integral­mente o en su mayor parte la atención médica, con la consiguiente reducción del “costo laboral” para la clase capitalista.

Es significativo que los empresarios de la salud y sus voceros, que proclaman cada día la “libertad de los individuos”, no critiquen el aporte compulsivo del trabajador Se entiende, porque la contribución forzosa del trabajador es la condición para la exis­tencia del negocio capitalista. La “iniciativa privada” bajo este régimen no es otra cosa que el monopolio de la explotación.

Luchar contra el decretazo

El PO plantea frente al robo de las Obras Sociales y el decreto menemista el rechazo a toda intromisión del Estado o las patrona­les en la recaudación y destino de las Obras Sociales. La administración debe recaer en los trabajadores usuarios y los de la salud. A la “salida” capitalista opongamos el recha­zo del decreto privatizador, la duplicación del presupuesto estatal para la salud públi­ca, la expropiación de los pulpos sanatoriales y farmacéuticos y la puesta de todos los  recursos al servicio de un plan de salud I único, gratuito y obligatorio, sostenido con el aporte patronal.

La burocracia es cómplice del desmantelamiento de las Obras Sociales y hoy quiere morder del bocado que supone la concentración del negocio de la salud. El decreto apunta a asociar a la burocracia en el copamiento final del sistema de salud pública para los capitalistas.