Según consta en cálculos oficiales el ingreso de la vicepresidenta Cristina Kirchner por ambas pensiones vitalicias, una como expresidenta y la otra como viuda del expresidente Néstor Kirchner, asciende a $4.100.000… 180 veces el monto de los planes Potenciar Trabajo que le quiere sacar a los desocupados.

La percepción de ambas pensiones aún es objeto de resolución de la Corte Suprema, luego de que la Anses “decidiera” no apelar la devolución del beneficio previsional que le habría suprimido, anteriormente, el gobierno de Mauricio Macri.

Este hecho ya habría resultado polémico no solo por la “abstención” interesada de la Anses, a cargo de la camporista Fernanda Raverta, sino porque resultaba un trato extremadamente privilegiado y preferencial ante los cientos de miles de jubilados que tienen sus procesos judiciales contra la Anses trabados en la Justicia.

Los $4.100.000 que percibe Cristina implican, también, unas 110 jubilaciones mínimas de $37.525, lo que la aleja considerablemente de cualquier pretensión de hablar en nombre de los sectores más golpeados por el ajuste. O 280 veces el ingreso que propone para un eventual Salario Básico Universal de hambre.

Las políticas que Cristina sugiera para contener la crisis social y económica se aplican por fuera de su “jurisdicción” de privilegio. Sumas fijas por decreto y Salario Básico Universal de miseria, son políticas que redistribuyen los bajos salarios, achatando las categorías más altas, y que nivelan para abajo la asistencia económica a los desocupados.

Se trata del mismo sector que discute el ataque contra los regímenes jubilatorios especiales y el vaciamiento de la Anses, en línea con las demandas del FMI, mientras pertenecen a un sector privilegiado de la sociedad, cuya realidad material escapa a las penurias que atraviesa el pueblo trabajador.

Además, Cristina y Massa son responsables del actual congelamiento salarial de los trabajadores del Congreso de la Nación, algo que denuncia, incluso, la burocracia sindical.

Basta de jubilaciones y pensiones privilegiadas, 82% móvil para los jubilados, pago inmediato de los fallos con sentencia firme, aplicación de los reajustes reconocidos por la Corte Suprema y pago de las sumas retroactivas. Por un seguro universal al desocupado que cubra la canasta básica de $100.000.

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