La marcha del caso Odebrecht en la Argentina confirma lo que señalamos en estas páginas siete días atrás (“El Lava jato en Argentina”). A saber, un encubrimiento a manos de dos bandas -una, la de las camarillas judiciales del kirchnerismo; la otra, la del gobierno macrista. El objetivo de estas operaciones cruzadas es la protección de los funcionarios y grupos capitalistas ligados a quienes gobiernan o gobernaron el país.

 

Del lado de los fiscales -cuya jefa es la kirchnerista Gils Carbó- está en marcha un acuerdo con la Justicia brasileña, dirigido a establecer “la forma (sic) en que Brasil va a liberar la información sobre los sobornos pagados en Buenos Aires… y cómo (sic) va a llegar esa información, (la cual) continuará secreta para la ciudadanía” (La Nación, 31/5). Estamos ante una tentativa de controlar y manipular revelaciones que no sólo serán explosivas para los De Vido y otros miembros del clan kirchnerista, sino también para el macrismo. En este último caso, se anotan Angelo Calcaterra -primo de Macri y ex socio de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento- y el actual jefe de la ex Side Gustavo Arribas, acusado de haber realizado transferencias ilegales desde Brasil por parte de los ‘cambistas’ del pulpo brasileño.

 

¿Qué ha hecho mientras tanto el gobierno macrista? Acelera un acuerdo con los funcionarios locales de Odebrecht “para no depender de nadie y tener información de primera mano” (ídem), o sea, manipular la información antes de que lo hagan los fiscales de Gils Carbó, y proteger de ese modo a los posibles implicados del macrismo. En esta negociación, el gobierno se encuentra con la traba de que no le pueden ofrecer a los funcionarios de Odebrecht la impunidad penal que éstos reclaman. Pero, a cambio de ello, el gobierno está dispuesto a asegurar la continuidad de las obras de este grupo capitalista en Argentina, previo pago de una multa. Se trata de una segunda coima para seguir operando en el país, en este caso, bendecida por un acuerdo institucional. No se ha escuchado decir una palabra de esta negociación turbia a Elisa Carrió. La razón es sencilla: ella misma la promovió, para que las revelaciones de Odebrecht sólo apunten a De Vido y dejen indemne a la camarilla de “Mauricio”. Tampoco ha abierto la boca Sergio Massa, cuyo socio De la Sota es quien le abrió la puerta a Odebrecht a la obra de los gasoductos cordobeses.

 

Contra este encubrimiento a dos (o tres) bandas -la de Macri, los K y también Massa- reclamamos que se haga pública toda la información sobre el Lava jato en Argentina; la anulación de todas las licitaciones adjudicadas al pulpo y una investigación integral a manos de una auditoría independiente de los gobiernos y camarillas judiciales que protegen a los Odebrecht.