Después de nueve meses y once postergaciones sucesivas, Axel​ Kicillof volvería a patear para adelante el vencimiento del plazo fijado para la reestructuración de la deuda externa provincial. El largo tiempo transcurrido​ retrata una negociación empantanada que aviva el apetito de los bonistas y sus exigencias de mayores beneficios. Buenos Aires, la provincia de mayor peso en el país, integra el pelotón de los Estados provinciales en default.

Blanqueadas públicamente, y en parte,​ las aspiraciones de los bonistas nucleados en el Grupo Ad Hoc​ que dicen representar a los tenedores de la mitad de la deuda externa bonaerense: la quita de intereses contraofertada por​ los fondos buitres rondaría los 3.300 millones de dólares contra los 5.500 propuestos por el gobierno del Frente​ de Todos.

En puja está, también, el período de gracia para empezar a pagar la “deuda reestructurada”. La llamada​ oferta de “deuda sustentable” formulada por Kicillof en abril del 2020 partió del reconocimiento​ de la totalidad de la​ usuraria y fraudulenta deuda externa, amasada con los gobiernos peronistas y agravada hasta un total de 12.000 millones de dólares por Vidal.

Aunque se descarta otra​ postergación impuesta por el rechazo de los “acreedores”, el tándem Kicillof-López​ naufraga​ bajo​ la presión de White Case, el estudio jurídico que asesora al Grupo Ad Hoc y que amenaza con “acelerar el default de uno o más bonos”​ ​ejecutando las “obligaciones contractuales”​ en los tribunales de Nueva York.​ ​

El propio​ ministro​ de Hacienda bonaerense, Pablo López​,​ firmó un comunicado a mediados de enero junto a ministros de otras provincias en default reclamando seguir las​ “negociaciones de buena fe” frente a la ofensiva judicial. Toda una muestra de debilidad y alarma.

Kicillof viene quemando cartuchos para mostrar​ capacidad de pago.​ Primero con la votación del presupuesto de ajuste 2021 que arrancó con el impuestazo a las patentes y luego con las paritarias del 1% para los estatales. El préstamo por 500 millones de dólares​ votado en común por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio sigue en el limbo y​​ está sujeto​ a que la provincia de Buenos Aires salga del default y cierre el acuerdo de deuda.

Sin “colchón” para frenar​ la ejecución judicial​ en proceso de Ad Hoc-White Case, al gobierno de Kicillof​ lo asfixia la “doble nelson” de acreedores y prestamistas. El estudio White Case​ también “asesora”​ al pulpo​ BlackRock por la “deuda” de más de 6.000 millones de dólares que los buitres​ le exigen a YPF. El presente de la cesación de pagos bonaerense se dirime en varios frentes y también con el gobierno de Alberto Fernández y Martín Guzmán, cuya prioridad es el acuerdo con el FMI y una salida a la crítica situación de la petrolera “estatal”.

La declaración de guerra de los bonistas​  anuncia nuevas crisis políticas, incluida la que se derivaría de una cesación de pagos en regla en la provincia de Buenos Aires.​

Kicillof corre contra el tiempo.​ Las expectativas electorales del kircherismo y las de​ Máximo​ Kirchner como cabeza del PJ bonaerense deberán transitar por estas arenas​ movedizas, sobre todo cuando​ el gobernador Kicillof​ anunció que el 2021 será el “año de la reactivación”, lo que implica el acceso al crédito, y cuando además y en los próximos meses podría producirse la temida “segunda ola” de la pandemia, con sus consecuencias recesivas.

​Con estos ases en la manga, los buitres aprietan para forzar una definición y capitulación en breve de Kicillof. Lo que está claro es que los​ nacionales y populares van a acentuar el ajuste para que el rojo financiero de la provincia lo paguen los trabajadores. A fuerza de postergaciones, la ” reestructuración” de la deuda bonaerense terminó empalmando con el demorado acuerdo con el FMI y sujeta a sus condicionamientos.

El Plenario Nacional de Tribuna de la Salud​ y el Congreso Nacional de Tribuna Docente sesionarán en un febrero caliente​ en Buenos Aires y en todo el país. Organicemos los​ reclamos paritarios frente a una inflación que pulveriza salarios y jubilaciones, y la intervención de los trabajadores en asambleas y plenarios para defender los puestos de trabajo, la salud y contra la precarización laboral. No al pago de la deuda externa.