Por estos días se discute en Salta la posibilidad de un frente que reúna al ex gobernador Juan Carlos Romero y al actual, Juan Manuel Urtubey (“el pasado y el futuro”, según la última polarización electoral trucha). Se incorporaría además el PRO, timoneado por los dirigentes de la Sociedad Rural y los grandes propietarios.

 

La transa no termina ahí, porque el fascistoide Alfredo Olmedo acaba de recibir “centenares de millones de razones” en su beneficio, con la entrega de Salta Forestal por los próximos 45 años, para sumarse a este enjuague.

 

A su vez, el massista Gustavo Sáenz, intendente de la capital, entraría en este arreglo declarándose “prescindente” a pedido de Mauricio Macri, al menos en la elección de cargos nacionales.

 

Para sellar este arreglo buscaron colocar al Chaqueño Palavecino como el candidato de la unidad. De origen trabajador, esta figura popular encubriría una lista de los que gobernaron Salta el último medio siglo y sembraron la pobreza estructural que se lleva todos los meses algún niño muerto por desnutrición. Pero el intento resultó fallido. El Chaqueño no aceptó.

 

Ahora, “el partido del ajuste”, que a nivel nacional funciona como una “coalición a la carta” entre oficialistas y opositores, podría sincerarse en Salta llevando lista única a diputados nacionales.

 

El “programa” de la unidad

 

El capo de la Sociedad Rural ha planteado, en cuanto al uso del suelo y la habilitación de  desmontes, que hay que volver a la ley Olmedo y convertir 5.000.000 de hectáreas que hoy están pintadas de color amarillo en el mapa –que significa que son de uso restringido– a verdes, de modo de dar vía libre a los desmontes.

 

Los funcionarios de Urtubey han dicho que a tanto no estarían dispuestos, pero sí a habilitar esas hectáreas amarillas para hacer ganadería integrada. Esta práctica también está seriamente cuestionada porque implica desmontes parciales que no son sustentables. Detrás de esta variante están los dueños de las tierras del Chaco salteño, entre los que se destacan la familia Macri, Romero y el banco Macro. A su vez, la Seabord Corporation espera entrar en este negocio ganadero por el lado de la venta de subproductos de la elaboración de biocombustibles, que planifica en gran escala.

 

La otra pata de este “programa” es poner en caja a los trabajadores, públicos y privados. Desde hace mucho tiempo que las patronales piden convenios regionalizados para bajar el costo laboral. La Seabord fue derrotada este año con un paro de 74 días cuando intentaba imponer una reforma en el régimen de trabajo que implicaba 40% de caída del salario de bolsillo. Todo indica que volverá a la carga para tratar de imponerla.

 

Represión

 

La represión está en el orden del día de la política oficial. El año pasado, los municipales de Cerrillos y los trabajadores de la UTA quedaron presos con causas penales gravísimas. Ahora, acaban de encarcelar por doce días al dirigente de la comunidad aborigen de Embarcación por pedido expreso del terrateniente francés de apellido Bourlon, que acusa a las comunidades de pueblos originarios de terroristas y llama a terminar con el Mocase y otras expresiones campesinas. Por pedido de este francés, Urtubey pidió la destitución de la fiscal Lorena Martínez, sólo porque buscó mediar en un conflicto de tierras con las comunidades en vez de impulsar directamente el desalojo.

El gobierno que triplicó en un año la deuda de la provincia y mantuvo todo el sistema de subsidios a las patronales, se dispone ahora a tratar de imponer una drástica caída de los salarios de los empleados públicos con el techo del 18%, acompañado por aumentos del agua del 45 % y otros en el resto de los servicios públicos.

 

Entre los partidos patronales no hay fisuras en cuanto al ajuste contra los trabajadores; por eso, la variante de una inédita lista única se explica sobre todo porque pretenden disciplinar al electorado con candidaturas de alcance provincial y elecciones simultáneas. Esto, aunque al día de hoy coexisten dos sistemas de votación: boleta electrónica y papel. Una elección con fecha desdoblada sería sólo una elección por departamentos y de nivel municipal, donde la atomización de los viejos partidos del régimen será sin dudas la más amplia que se haya conocido hasta el presente. Con el uso simultáneo de dos sistemas de votación, la elección podría terminar en escándalo. Urtubey está tratando de que se autorice por vía de excepción la votación electrónica en todas las categorías, pero esta variante encontraría las mismas trabas que la reforma política que murió en el Senado.

 

La batalla del PO

 

En estos meses, el Partido Obrero ha sido el único en denunciar los tarifazos y ahora toma la iniciativa contra el techo del 18% en la paritaria; el año pasado, se la jugó y ganó con los obreros de Tabacal contra todo el arco de los partidos del régimen y la Iglesia.

 

El PO es el único que batalla, en todos los escenarios, incluida la Justicia, contra la entrega de Salta Forestal, símbolo del parasitismo de la clase dominante, por la anulación de la concesión y la puesta en producción bajo control de obreros y campesinos.

 

La sola posibilidad de un eventual frente único patronal para bancar el ajuste en la provincia pone  en evidencia más que nunca la necesidad de desarrollar la alternativa política de los trabajadores junto al PO.