A Salta Forestal le fue entregada una concesión de 360.000 hectáreas fiscales (una superficie equivalente a la ciudad de Buenos Aires) por 35 años, con opción a otros 35. Los concesionarios no pagan nada durante los primeros veinte años y solamente 50.000 dólares hasta el final de la concesión. El plan de inversiones suma apenas 3 millones anuales durante diez años. La familia Olmedo es la concesionaria del sector Sur y Cresud, del multimillonario Soros, del sector Norte. Las tierras están ubicadas en el departamento Anta, el de mayor desarrollo sojero desde los últimos ocho a diez años y también uno de los departamentos con mayores indicadores de pobreza y fuerte emigración. Las empresas facturan al año unos 180 millones, sólo en soja. Puesteros y pastajeros fueron expulsados de la tierra en la que venían trabajando por varias generaciones.

Esta concesión es el "modelo" de confiscación de tierras públicas que caracteriza al desarrollo sojero; existen diez causas judiciales por estos atropellos. Entre ellas, el sonado caso de las 90 hectáreas de La Ciénaga, adquiridas para la construcción de viviendas populares y que terminaron en propiedad de una de las empresas de Romero, para convertirlas en un country privado. En cinco de esos casos, el denunciante ha sido el Partido Obrero. En noviembre pasado, se formó una comisión parlamentaria a instancias de nuestro bloque, pero el oficialismo mutiló la investigación a uno solo de los casos denunciados y, en sólo 30 días, se emitió un dictamen que le puso punto final. El fiscal Barrionuevo denunció la homogeneidad de los protagonistas y la forma de operar e imputó al ex gobernador Romero como cabeza de una asociación ilícita. La Corte provincial acaba de rechazar, a pedido del procurador, la unificación de las causas, abriendo la vía de la impunidad.

En todos estos episodios, está la huella de un pacto de impunidad entre Romero y Urtubey.

Urtubey, hace tres años, renegoció el contrato del sector de Soros. Los 32 millones de pesos-dólares del año 2000 en compromisos de inversión quedaron reducidos, devaluación mediante, a 8 millones de dólares. Se acordó también el pago de un quintal de soja por hectárea por el 2% de valor de la producción, cuando el arriendo de tierras nunca es menor al 20%. El mismo tipo de acuerdo se está tramando para el sector de Olmedo.

Nuestra posición en la comisión investigadora será demostrar que corresponde cancelar esta concesión y recuperar el dominio del Estado sobre las 360.000 hectáreas de Salta Forestal. Plantearemos la condena judicial de la camarilla gobernante que habilitó esta operación confiscatoria y la posible comisión de delitos de coimas. La recuperación de estas tierras debe dar paso a una explotación bajo la gestión de los obreros agrícolas y campesinos sin tierras, y a una campaña por la estatización en las mismas condiciones de los latifundios que abundan en Salta -incluidos los montes, objeto de deforestación.

La derogación del estatuto del peón rural; las 8 horas de trabajo por un salario igual al costo de la canasta familiar; la garantía horaria para temporales, cosecheros y golondrinas; la entrega del Renatre a una comisión electa de trabajadores son la condición primera de este plan agrario. En Salta gobiernan y gobernaron los agentes de la confiscación de las tierras de los campesinos y las comunidades aborígenes, los que especulan con el suelo urbano y los beneficiarios de los negociados con la compra de tierras para vivienda. Convocaremos a los campesinos y a los sin techo de las ciudades a movilizarnos en común para que se ponga fin a la impunidad de los confiscadores y recuperar las tierras para vivienda y para trabajar.