Transcurrían los últimos días de diciembre de 2010. El entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, recorría los medios para acusar de “sabotaje” a los ferroviarios que denunciaban la precarización laboral y el vaciamiento de las líneas. Varios de ellos, como Jorge Hospital y Omar Merino, padecieron prisión a causa de esas denuncias fraudulentas.

 

Cinco años después, Schiavi, junto a Ricardo Jaime y los hermanos Cirigliano, fueron condenados como corresponsables o partícipes de la mayor masacre ferroviaria de la historia. En el público, varios de aquellos luchadores -junto a los familiares de las víctimas de Once- celebraban el fallo.

Entre una y otra circunstancia, no sólo 51 personas -“y un niño en gestación”, como repetía implacablemente el relator de la condena- pagaron con sus vidas el derrumbe ferroviario. Un inmenso movimiento de lucha, el de los familiares de Once, junto a los ferroviarios combativos y quienes los acompañaron, logró llevar a los Cirigliano, Jaime y Schiavi al banquillo.

 

Ahora, funcionarios y empresarios apelarán estas condenas en libertad, y seguirán moviendo sus recursos e influencias para obtener fallos más benignos y hasta zafar de la prisión. La Justicia de este Estado, incluso cuando bajo la presión popular condena a los poderosos, es una versión amortiguada y mezquina de los verdaderos antagonismos sociales que se ponen de manifiesto en estas crisis. Por eso mismo, el tribunal se las arregló para aplicarle una condena -aún menor- a un trabajador, el motorman de la formación que los Cirigliano habían hundido en la falta de mantenimiento y el abandono.

 

Pero a pesar de los límites inocultables del veredicto, por los estrados judiciales ha desfilado todo un régimen social y político. Los hermanos Cirigliano son parte de los privatizadores que rescató el kirchnerismo, a costa de los fondos públicos y de la precarización de los trabajadores. Mientras los trenes se venían abajo, los Cirigliano desviaban los subsidios para financiar un proceso de concentración en las líneas de colectivos de la zona Oeste y formar así un verdadero monopolio de transporte. Schiavi y Jaime fueron los arquitectos de ese desfalco nacional, bajo la jefatura de De Vido y los Kirchner.

 

Mariano Ferreyra

 

El gran episodio de lucha que destapó por primera vez este triángulo corrupto -los funcionarios del Estado, los empresarios y la burocracia de los sindicatos- fue el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La tercerización de ferroviarios, con la cual lucraban los Pedraza, expresaba esta malversación de fondos en el plano de las relaciones laborales. Sus socios mayores eran los Cirigliano, Roggio y otros.

 

En el juicio a los asesinos de Mariano, esos empresarios habían logrado zafar de toda imputación. Hoy, a la condena a Pedraza se suman los Cirigliano y algunos de los responsables políticos. El movimiento de justicia por Mariano y el de los familiares de Once se han fusionado en su lucha y en el tiempo, y la condena de estos vaciadores recoge parte de sus frutos.

 

Los unos y los otros

 

Después de la masacre de Once, el gobierno kirchnerista intentó realizar una operación quirúrgica, destinada a correr de la escena a los desprestigiados Schiavi y Cirigliano. Cuando el régimen privatizador que éstos comandaban se fundió, cambió de rostros y de socios para salvar lo principal: o sea, el saqueo capitalista del patrimonio ferroviario. Vinieron, entonces, Randazzo y sus compras millonarias a China, a costa del dislocamiento industrial y del vaciamiento de los talleres locales. La expresión de este viraje fue la “seudonacionalización” ferroviaria, que abrió un nuevo filón de negocios focalizado en el servicio de cargas. Los familiares de Once tuvieron el enorme mérito de denunciar, paso por paso, esta cosmética kirchnerista, que buscaba borrar las huellas de la masacre de febrero de 2012. En cambio, el macrismo apoyó en el Congreso a la seudoestatización ferroviaria: Randazzo fue el puente entre el kirchnerismo y el gobierno actual, que reemplazó a los Cirigliano por otros privatizadores. Mientras tanto, la precarización laboral en el ferrocarril continúa.

 

Como se ve, la lucha por la masacre de Once y sus implicancias retrata a un régimen social y a sus partidos, a los que gobernaron y a los que gobiernan. Por eso mismo, la jornada de hoy es parte de una lucha que no termina: en primer lugar, por la prisión efectiva de los vaciadores y responsables condenados, y para que el hilo de las responsabilidades llegue hasta el final; para que los privatizadores y sus socios -la burocracia sindical- sean definitivamente expulsados del ferrocarril y conquistemos su gestión obrera y colectiva, en función de un plan de reindustrialización bajo la dirección de los trabajadores.

 

La condena, aún retaceada, a un conjunto de connotados verdugos de trabajadores, es un peldaño y un aliciente para esa lucha.