El Ministerio de Educación y Deportes realizará, el 18 y 19 de octubre, una prueba de evaluación de lo que llaman “la calidad de la enseñanza”. Se trata de una prueba estandarizada, externa al sistema educativo, bajo la forma del laberinto capcioso de las opciones múltiples, desligada por completo de las condiciones sociales de los alumnos y del cuadro de destrucción de las escuelas.  El “operativo” tiene por función establecer un ránking de escuelas, alumnos y docentes y poner en el banquillo de los acusados a la comunidad educativa  y responsabilizarla del derrumbe de la educación argentina.

 

La prueba, a pesar de su extensión, es prácticamente clandestina. Los padres no han sido informados sobre ella, como tampoco los alumnos. Los docentes también han sido colocados al margen de la evaluación y transformados en simple “aplicadores” de una prueba estructurada por fuera de la escuela.

 

 

La evaluación se realizará sobre una población infantil y adolescente que se encuentra, en un 50 por ciento, por debajo de las líneas de pobreza y la indigencia, con niveles pico en el conurbano y en el norte argentino. Desde 1983 la pobreza creció durante todos los gobiernos, sean radicales, frepasistas o pejotistas.

 

Paralelamente, se desenvolvió el proceso de destrucción de la educación pública, desde del “Congreso Pedagógico” convocado por Alfonsín en 1984 –que entregó la educación a la Iglesia y a las empresas- hasta las reformas anti-educativas de Menem (que continuaron siendo aplicadas por los K).

 

El derrumbe de las condiciones de trabajo, salario y educación incrementaron la pauperización de la clase obrera argentina, que por esta vía pagó los platos rotos de todas las crisis capitalistas.

 

Bajo el kirchnerismo, este brutal ataque a los trabajadores y especialmente a los trabajadores jóvenes,  se expresó en los llamados “ni, ni”, los que ni trabajan ni estudian, que bajo la era de Néstor y Cristina llegaron a superar el millón de personas. Casi el 80% pertenece a los grupos con menores ingresos de la población.

 

Ahora, un frente que reúne desde Bullrich-Macri hasta Massa, pasando por los K, pretende facturar este derrumbe a la comunidad educativa y, esencialmente, a los docentes.

 

Daniel Arroyo, ex viceministro nacional de Desarrollo Social bajo el kirchnerismo, y hoy espada del Frente Renovador, señaló que “las principales dificultades de estos chicos para conseguir trabajo provienen de que la mitad no terminó el secundario y  no cuentan con las habilidades blandas que piden las empresas”. Arroyo llama llama “habilidades blandas” a los aprendizajes mínimos que requieren las empresas, en oposición a una educación científica y universal.

 

En una ágape reciente en la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense (CCAC), en la que también participaron representantes de las cámaras de comercio norteamericana y británica, el ministro Bullrich declaró: “vamos a evaluar todos los años y vamos a evaluar competencias y habilidades y no conocimientos “. Trabajadores baratos, sumisos y reemplazables para “atraer inversiones”. Es exactamente lo mismo que se va a tratar en el coloquio del gran capital de Idea.

 

El 18 y 19 de octubre, llamamos a la  comunidad educativa de conjunto a rechazar el “Operativo” trucho de evaluación de Macri-Bullrich, apoyado por Massa y  por todos los gobernadores.