Bajo el insólito argumento de un “operativo de prevención”, el martes pasado se realizó una sorpresiva y alarmante ostentación de las fuerzas de seguridad en un despliegue fenomenal de  efectivos y móviles, patrullando con armas largas en las principales avenidas de Posadas, en simultaneidad –y en menor medida– con otras localidades de la Provincia.

 

Bajo órdenes del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el subsecretario de Gobierno, Ricardo Welbach, al menos 1500 efectivos de todas las comisarias más policías de civil –con bases apostadas cada 16 cuadras aproximadamente– llevaron adelante procedimientos de identificación de personas y vehículos en circulación, recorridos por algunos barrios, relevamiento de información casa por casa: todo ello para obtener como resultado de la jornada el saldo ridículo de cinco detenidos por delitos menores, la retención de 12 licencias de conducir, 5 automóviles y 32 motocicletas.

 

A pesar de la cantidad de denuncias y casos de violencia y abuso policial en diferentes comisarías de toda la provincia, las muertes y desapariciones en las que hay uniformados de todas las jerarquías implicados como los casos de David Gómez, Mario Golemba y Carmen Mirta Rosa (sólo por mencionar los más resonantes), el ministro Pérez se anima a instar a la policía a "ser la mejor del país": no nos olvidamos que esa policía en la última huelga docente fue enviada a las escuelas a tomar nota de la lista de maestros que se habían adherido al paro.

 

La destrucción y el vaciamiento por parte del Estado y sus personeros de la salud, la educación, y el sostenimiento del trabajo a destajo, la precarización laboral y la miseria salarial, son caldo de cultivo donde se crean situaciones de mayor vulnerabilidad que favorecen y reproducen la descomposición social. Por eso la denuncia tiene que posarse sobre las fuerzas policiales, que son las primeras organizadoras del delito, de las zonas liberadas y de la trata de personas.

 

Desde el Partido Obrero, denunciamos que asistimos a un acto de amedrentamiento y disciplinamiento contra la población, en un contexto de ajuste económico, de despidos, de ataques al salario y pauperización de las condiciones de vida y los convenios laborales, y sobre todo con el objetivo de prevenir y reprimir las luchas que se organicen contra estas políticas de ajuste que intenta imponer el gobierno de la Renovación en sintonía con Macri.