La crisis habitacional en Orán es alarmante. Lo demuestra el nuevo asentamiento de más de 1.500 familias. En nuestra ciudad, más de la mitad de los barrios son asentamientos.

Todo esto es la muestra de que tenemos un gobierno que ha sido incapaz de garantizar la vivienda al pueblo y ni siquiera de organizar el desarrollo de la ciudad.

Ante esta situación, el PO, junto a vecinos de distintos barrios, ha organizado una coordinadora por la tierra y la vivienda que votó un programa de defensa de nuestro derecho a tener un lugar donde vivir.

Los vecinos de Orán acaban de obtener una gran conquista al lograr la aprobación de un proyecto de ley para expropiar los terrenos del nuevo asentamiento para ser entregados a sus ocupantes. Esta conquista le ha puesto un límite a la mano dura con que el gobierno venía reprimiendo a los asentamientos, como hizo en Salta con los vecinos de San Expedito. También ha puesto un freno a la política del gobierno de hacer negocios con los mejores terrenos de las ciudades.

El gobierno de Barberá ha impulsado la venta de los terrenos municipales a quienes ya viven en ellos desde hace más de cuarenta años. Además de no reconocer el derecho adquirido de los trabajadores que viven en estas barriadas, les quiere imponer precios impagables. Para esta tarea Barberá ha contado con la colaboración de Hucena, quien hasta hace muy poco era su secretario de gobierno y que junto al “Coco” es el que firma los contratos de venta de esos terrenos. Hoy Hucena se quiere mostrar como opositor, asociándose con Urtubey y Lara Gros. Pero son “astillas del mismo palo”. Su nuevo socio Lara es, además, abogado del Ingenio, cuyos terrenos rodean a la ciudad impidiendo su desarrollo, y es además la empresa que desaloja a campesinos y aborígenes de sus tierras. Lara Gros presentó en 2004 un proyecto de declaración en la Legislatura, reclamando el desalojo de los asentamientos acusando a los vecinos de “usurpadores”.

Los concejales de Lara han presentado en el Concejo un proyecto para crear un fondo de regularización de tierras que saldría de lo que se le cobre a los vecinos por sus terrenos.

Mientras el Ingenio concentra las mejores tierras alrededor de la ciudad y los concesionarios del mercado y los grandes empresarios hacen enormes negocios, el intendente y sus cómplices que se dicen opositores quieren recaudar metiéndoles la mano en el bolsillo de los que viven de su trabajo.

Tomemos el ejemplo de los vecinos del nuevo asentamiento, de las asambleas soberanas y la elección de delegados por manzana. Con estos métodos han desenvuelto una fenomenal lucha que conquistó una ley de expropiación, y ahora van por la lucha para la instalación de los servicios.

Tomemos el programa que votó el primer Plenario por la tierra y la vivienda, y llevémoslo adelante a través de la coordinadora que el mismo plenario votó. Vamos por:

• Ejecución de las expropiaciones ya aprobadas por ley.

• Cesión inmediata de los terrenos municipales a sus actuales ocupantes, reconociendo sus derechos adquiridos.

• Que todas las urbanizaciones estatales sean entregadas con los servicios de luz, agua, cloacas, gas, pavimento, desagües pluviales y parquización, tal como lo exige la normativa vigente, con la construcción de viviendas populares a cargo del Estado y cuotas que no superen el 10% de los ingresos del grupo familiar.

• Inmediata instalación de servicios en los asentamientos ya establecidos.

• Regularización de todos los loteos privados, inmediata escrituración y construcción de redes de servicios a cargo del Estado con costas al loteador.

• Que toda deuda adquirida por los vecinos por compra de terrenos sea con el Estado y no con entidades financieras o bancarias.

• Triplicación del presupuesto del IPV para realizar un plan de viviendas de acceso universal, controlado por una comisión de trabajadores y vecinos que garantice el acceso a la vivienda, la calidad de las construcciones y el cumplimiento de los convenios laborales de los trabajadores de la construcción.

• Apoyo a todas las denuncias y juicios iniciados por los vecinos contra los loteadores truchos y el Municipio. Juicio de responsabilidad a los funcionarios que permitieron e impulsan la estafa a los vecinos.

• Que se garantice el derecho a la tierra para campesinos y aborígenes. No a los desalojos. Apoyo a los juicios iniciados por las comunidades. Unidad de los trabajadores del campo y la ciudad.

• Que se informe de manera inmediata el destino que se les dará a las 64 hectáreas que la Provincia le compró al Ingenio El Tabacal. Que se habiliten inmediatamente las tierras para resolver el problema habitacional.

• No a los desalojos. Juicio y castigo al secretario de Seguridad, Ferraris, por la brutal represión sufrida por los vecinos de San Expedito, en la ciudad de Salta.