En un decreto secreto de abril de 1974, y bajo el lema “Directivas para los Conflictos Graves N°1 denominado ‘Topo’ y N° 2 denominado ‘Yacaré’”, el entonces presidente Juan Domingo Perón instruye a ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas a “eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritualmente y materialmente el régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre”.

 

En pocas páginas, el documento –revelado días atrás– deja en orsai a quienes buscan atribuir las masacres estatales y paraestatales contra las organizaciones populares en el período exclusivamente a María Estela Martínez de Perón y al “brujo” López Rega, y ratifica el rol de Perón como su mentor y máximo instigador.

 

Las “Directivas” que salen ahora a la luz anteceden en casi un año al decreto de María Estela Martínez de Perón que insta a “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” –acta de nacimiento del llamado Operativo Independencia, cuyo alcance represivo no conocía precedentes hasta ese momento–, y que fue luego extendido a todo el país mediante otros tres decretos de Ítalo Luder. En relación con la Triple A, en más de una ocasión hemos desarrollado en Prensa Obrera cómo Perón presidió y mandató la creación de la misma.

 

Como “Enunciado del conflicto grave”, el decreto establece que “El Estado Argentino enfrenta la subversión armada de grupos radicalizados, que buscan la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista” –el mismo argumento que utilizarán los genocidas del ’76. El combate contra las organizaciones foquistas fue en verdad el pretexto, tanto para el gobierno peronista como para Videla y sus secuaces, para un ataque en regla contra la clase obrera y el ascendiente movimiento de masas desde fines de los ‘60. Basta recordar que, en Tucumán, antes de internarse en el monte para perseguir a la pequeña compañía del ERP que intentaba montar un foco rural, el Ejército –al mando de los generales Acdel Vilas primero y Antonio Bussi después– se ensañó con el activismo obrero y estudiantil de la ciudad, ejecutando secuestros, torturas y fusilamientos sistemáticos.

 

El archivo certifica lo señalado por la izquierda revolucionaria en esos años: que Perón había vuelto para contener y reprimir ese ascenso de los trabajadores, enfrentando así la perspectiva de un “gobierno obrero y popular” (tal como se coreó durante el Cordobazo). Ese es el contenido profundo del “fortalecimiento de los valores democráticos” que el decreto secreto coloca como su “misión”.

 

Sobre los crímenes de la Triple A y de las Fuerzas Armadas bajo mandato peronista reina una impunidad prácticamente total, tan grande como el ocultamiento de los “nac&pop” de la responsabilidad de Perón en las masacres (durante su mandato, CFK llegó incluso a reivindicar a la Juventud Sindical de los ’70, que encuadraba a parte de la burocracia sindical partícipe de estos crímenes). Es el caso del asesinato de nuestros compañeros Fisher y Bufano en 1974, cuya causa se encuentra en un impasse y sin castigo alguno por las chicanas judiciales de los verdugos y la complicidad del poder político.

 

El reclamo contra este estado de cosas integra la pelea por el juicio y castigo a los genocidas, y contra las políticas de “reconciliación” del macrismo, la Iglesia y los jueces de la Corte.

 

Tomado de Infobae (25/5):