Hacia fines de los ’60, cuando el gobierno militar de aquel entonces decidió que la central Atucha I funcionara con uranio natural en vez de uranio enriquecido que se debía importar, la producción de agua pesada estuvo en el horizonte.

Ya con la dictadura videliana, los delirios de construir un submarino atómico y el manejo del proceso nuclear desde los combustibles, puso a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) entre los objetivos de la Armada. Para los marinos, se trataba simplemente de cruzar la Avenida Libertador, ya que la sede de la CNEA está enfrente de lo que fue la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Es así que el entonces capitán de navío Carlos Castro Madero es nombrado por la dictadura al frente de la CNEA apenas cinco días después del golpe y estuvo en el cargo hasta diciembre de 1983. Durante ese período 26 trabajadores la de CNEA fueron detenidos, y 15 aún son detenidos-desaparecidos. Muchos renunciaron para salvar sus vidas y otros fuimos despedidos.

Cuando en 1979 se toma la decisión de construir Atucha II, siempre en la línea del uranio natural, toma cuerpo el proyecto de lo que será la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada), ubicada en la provincia del Neuquén, sobre la margen izquierda del lago originado por la represa y central hidroeléctrica Arroyito. El agua pesada es un componente fundamental (como disipador de calor y moderador de la fisión atómica) para los reactores nucleares.

La CNEA contrató para la construcción de la PIAP a la empresa suiza Sulzer Brothers Limited, que comenzó las obras en los inicios de los 80. Se trataba de una obra “llave en mano”, originalmente proyectada para producir 250 Tn/año (toneladas), pero finalmente se optó por una producción de 200 Tn/año y se construyeron dos plantas en paralelo de 100 Tn/año cada una.

La corporación de origen suizo sacó grandes ventajas económicas de ese contrato, que dejó plasmadas en una serie de exigencias a las cuales el gobierno militar se allanó servilmente. Una de las expresiones más brutales de ese servilismo, es la cláusula 93º de las Condiciones Generales del mismo. Por dicha cláusula se subordinó al texto del contrato toda la legislación, doctrina y jurisprudencia del país, que solo podría aplicarse subsidiariamente.

Se generó así una especie de isla territorial con doctrina y legislación propia. En su momento en un boletín sindical que sacábamos como Agrupación Naranja y Blanca de ATE, la llamamos “Piapilandia”.

Arbitraje buitre

Otras cláusulas contractuales eran leoninas también. Por ejemplo la cláusula 92º de las referidas Condiciones Generales, la que coloca como árbitro de cualquier divergencia o diferencia a la Cámara Internacional de Comercio con sede en Francia. Este es un organismo que vela por los intereses de las empresas en todo el mundo. Su Consejo Mundial está integrado por empresarios multinacionales.

En obras de estas características un aspecto importante es el de las licencias y patentes, sobre todo de soluciones encontradas o avances tecnológicos producidos durante el desarrollo de la propia obra. El gobierno militar en la cláusula 80º renunció a la titularidad de las patentes que surjan, cediendo toda la propiedad de esos avances a la contratista Sulzer Ltd. Obviamente esta cláusula bloquea cualquier posibilidad de traspaso de nuevos conocimientos tecnológicos hacia el comitente, o sea la CNEA.

Otras cláusulas leoninas a favor de la contratista Sulzer Ltd. son las que atañen a los seguros. Por la cláusula 72º la CNEA se obliga a pagar los premios de la totalidad de las pólizas (transporte internacional y nacional de equipos, accidentes laborales) que Sulzer contrate, pero además por la cláusula 69º la CNEA se hace cargo del seguro que cubre de todo daño o perjuicio por responsabilidad civil mientras duren las obras.

Una obra cuasi eterna, como su agonía

La obra, con plazo contractual de 48 meses, o de 60 si se incluye el período de prueba de funcionamiento, se paralizó durante años, en los cuales vencieron todas las garantías de la contratista. En 1990 se produjo la caída del contrato.

Un poco antes, en vísperas de Navidad de 1989, la CNEA formó una sociedad con la provincia del Neuquén para “terminar las obras” y para “la puesta en marcha y la producción de agua pesada”. Esta sociedad estatal, la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, es creada por la ley Nº 1.827 y conformada en un 51% por la provincia y un 49% por CNEA.

La PIAP fue finalmente “inaugurada” en 1993 con un acto oficial por Carlos Menem y el entonces gobernador Jorge Sobisch. Dos años después, ya con la ENSI (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería) a cargo de la PIAP, aprovechando su mano de obra calificada y sus laboratorios y equipamiento, se inauguró un nuevo frente de trabajo: la unidad de negocios de Obras y Servicios para hacer sobre todo servicios petroleros, ya que la producción de agua pesada entraba en un cono de sombras. La PIAP ingresó así en una larga agonía, con relanzamientos y caídas, hasta su definitivo cierre como productora de agua pesada durante el gobierno de Macri.

La CNEA, como el INTI, INTA y otras instituciones de ciencia y técnica, fueron desmantelados y desfinanciados por el Estado. En el caso de la PIAP, además, influyeron otros factores como la dependencia de grandes consumos de dos materias primas (gas natural y electricidad) que se encarecieron y la ahogaron financieramente, así como la inexistencia de una demanda asegurada al paralizarse la cuarta central y achicarse los márgenes de exportación ya que los reactores nucleares a nivel mundial incorporaron tecnología que prescinde del uso de agua pesada, tornando marginal su demanda internacional (solo el 10% de los reactores nucleares consumen agua pesada hoy en día).

El cierre de la PIAP es una tremenda paradoja, ya que siendo la ENSI (que administra y opera la PIAP) una sociedad estatal entre dos Estados que se reclaman propietarios de los recursos y materias primas esenciales para la producción de agua pesada, han sido los precios de esas materias primas las que le asestaron el golpe de gracia.

Así centenares de profesionales, técnicos y personal altamente calificado, quedó en la calle.

Lo que pocos saben

Entre los servicios de ingeniería que las y los trabajadores de ENSI realizaron, figuró la calibración de los medidores de volúmenes de extracción de hidrocarburos instalados en los yacimientos de la provincia de Neuquén. El objetivo de la calibración era verificar realmente dichos volúmenes y el pago de regalías sobre los mismos.

Sin embargo, varios años después las petroleras siguen tributando las regalías en base a Declaraciones Juradas. Es que los operarios de la ENSI encontraron desvíos significativos en la lectura de dichos medidores, de modo que el contrato para esa tarea duró apenas unos meses. El Estado neuquino, propietario de la ENSI, prefirió que las petroleras sigan robando y dibujando su producción.

Tampoco ha sido muy publicitado que la “inauguración” que Menem hizo de la PIAP en abril de 1993 tuvo más de simbólica que de real. La producción real recién se inició en setiembre de 1994, ¡un año y medio después!

Un dato guardado bajo siete llaves es el costo real de la obra. Del estudio de factibilidad de 340 millones de dólares, se elevó al momento de la firma del contrato a 600 millones de dólares. Pero se calcula que su costo real no fue menor a 1.000 millones de aquel momento de la moneda estadounidense.

Otro dato un poco más conocido es que la planta de Arroyito era (y es) la más grande de producción de agua pesada a escala mundial. Pero poco se conoce que tiene un diseño “experimental”, es decir, la Sulzer la construyó sin saber realmente si a esa escala iba a funcionar. Por eso las cláusulas leoninas de salvaguarda de sus intereses en el contrato.

Eso nos lleva a otra información poco difundida: las plantas que producen agua pesada en el mundo en realidad son planta de producción de fertilizantes, que aprovechan la infraestructura que ambos ciclos de producción tienen en común, abaratando así costos de construcción y operación.

Sin embargo, la PIAP no se diseñó para producir fertilizantes, para no pisar los intereses de empresas internacionales que se disputaban el negocio. Todos recuerdan el “Ahora Fertineu” del expresidente Alfonsín -quien acuñó esa frase en su visita a la provincia en 1983, ante el proyecto de creación de una fábrica de fertilizantes con ese nombre por parte de YPF y Neuquén- y la anulación del gobernador Felipe Sapag de las negociaciones para una planta de fertilizantes en la comarca petrolera, una de las razones que desató el Cutralcazo.

Fueron las y los trabajadores de la CNEA los que sí diseñaron un proyecto para producir fertilizantes a partir de la PIAP, y hasta se montó la derivación para anexar a “FertiPiap” como la concibieron los profesionales y técnicos de la CNEA, pero en la disputa de las multinacionales por el negocio “FertiPiap” era un estorbo.

Ese proyecto elaborado por el personal de la CNEA durmió, y aún duerme en los cajones de algún burócrata.
Durante todo el 2019 hubo importantes luchas de las y los trabajadores de la ENSI, quienes depositaron grandes esperanzas en el cambio de gobierno y la asunción del Frente de Todos para una reactivación de la PIAP. Pero eso también sigue durmiendo en los cajones de algún burócrata oficial.

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