29/11/2020
LA PAMPA

Oscurantismo y Covid-19: el caso de la Colonia Menonita

La complicidad del Estado.

Con el objetivo de controlar el brote epidemiológico de coronavirus, el gobierno de la provincia de La Pampa instaló un hospital de campaña en la Colonia Menonita ubicada en el departamento de Guatraché, al sudeste de la provincia, a pocos kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires. Asistido por dos ambulancias, camionetas 4×4 y un vehículo UTV, el hospital fue montado el 27 de noviembre por “la aparición de nuevos casos confirmados y del notable ocultamiento en la información de los síntomas en los habitantes de la comunidad» (El diario de La Pampa). Tres días antes los medios comunicaban el fallecimiento por Covid-19 del líder de la comunidad.

Esta intervención del gobierno de La Pampa, exigida por las circunstancias ante la posibilidad de que el brote provoque un desastre dentro de la comunidad y se expanda a toda la región, tiene como antecedente, décadas de complicidad y desentendimiento de los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales, que permitieron que se instale en 1986 (y se mantenga hasta hoy) un gueto donde se violan los derechos de la mujer, la niñez y la juventud. Recién en los últimos años, el gobierno de la provincia, más preocupado en defender intereses comerciales que por otra cosa, manifiesta su preocupación: “El trabajo infantil, la violencia de género, el analfabetismo, más allá de la competencia desleal que significan para los metalúrgicos y carpinteros de la zona, son preocupantes para esta subsecretaría (…) tenemos en la memoria algo pintoresco de la Colonia, pero detrás hay una unidad económica activa”, declaró el subsecretario de Trabajo de entonces en la Cámara de Diputados (junio 2018).

El trabajo infantil y el analfabetismo son, respectivamente, la causa y la consecuencia de la escasa «escolaridad». Las niñas y niños menonitas no asisten a la escuela pública. La educación que se imparte dentro de la comunidad (discriminada por género, los niños hasta los 13 años y las niñas hasta los 12) se rige bajo sus propias reglas y creencias religiosas, sin la intervención de lineamientos curriculares ni docentes habilitados por el Estado. El trabajo infantil, «que muchas veces termina en tragedia», se realiza «en condiciones peligrosas, que incluyen las labores agrícolas, las tareas domésticas o el manejo de maquinaria peligrosa. Estos niños y niñas se encuentran hoy en un estado de invisibilidad; trabajan como sirvientes domésticos en casas, están ocultos tras los campos de la Colonia, siendo especialmente vulnerables a la explotación y el maltrato” (La Arena, julio de 2018).

En la colonia viven más de 1500 personas, que forman una “comunidad rígida y cerrada, donde la mujer no tiene derechos”. A diferencia de los hombres, no tienen permitido hablar el castellano, que los hombres utilizan para el trato social fuera de la colonia, que las mujeres tienen vedado.  Lo que las ubica en una situación especialmente vulnerable, detrás de las opresivas normas de la comunidad. A fines de 2017, por primera vez  la justicia ordinaria dicta una condena contra un integrante de la Colonia Menonita, por un hecho de violencia de género. El hombre fue condenado a prisión de ejecución condicional por golpear violentamente a su compañera con patadas en todo el cuerpo y la cabeza.  La mujer fue llevada por miembros de la comunidad para ser atendida en el hospital de Darregueira (Buenos Aires), con el propósito, según informan varios medios provinciales, de eludir la intervención del personal sanitario de la provincia de La Pampa.

El gobierno provincial debe de dejar de mirar para otro lado, con la excusa del “apriete del que siempre son víctimas los inspectores cuando acuden al lugar”.

Es urgente que se garanticen todos los derechos en salud, educación, de niñez y adolescencia, de género, laborales e individuales. Las razones religiosas y culturales para no intervenir ocultan intereses de privilegio y comerciales -contradictoriamente (o no), nuestro país cuenta con una larga historia de atropellos y abusos a las comunidades de pueblos originarios, sin que allí exista el respeto indispensable a las cuestiones religiosas, culturales y territoriales. Los intereses comerciales que pugnan fuera de la comunidad, unos beneficiados y otros perjudicados por la presencia de la colonia, y las amenazas de los líderes menonitas de abandonar el país si se les imponen condiciones, han derivado en la vacilante intervención de los sucesivos gobiernos provinciales.

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