Tras el choque de trenes en Castelar, Luis D'Elía salió a plantear teorías conspirativas y de sabotaje para ocultar la responsabilidad del gobierno nacional en el vaciamiento ferroviario.

En línea con D’Elía, el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, declaró el mismo día en un acto político local: "Es necesario que todos los argentinos sepamos por qué ocurren estas cosas, yo tengo mi propia opinión (…) ya lo he dicho otras veces, nosotros en Merlo sufrimos un hecho (…) se incendió una formación (…) yo estoy totalmente convencido que ese incendio fue intencionado, tengo los hechos, no se pudo probar en la Justicia hace unos cuatro, cinco, seis años".

Othacehé tiene su "propia opinión", porque durante años defendió los intereses de la patronal vaciadora del ferrocarril Sarmiento (Cirigliano-TBA) y porque, aún hoy, los defiende al avalar el vaciamiento de Ecotrans y atacar a los delegados combativos que lo denuncian. Othacehé dice, refiriéndose a la quema de trenes en Merlo y Castelar en 2008 que "fue intencionado", pero que "no se pudo probar en la Justicia". Fue Aníbal Fernandez quien, en esa oportunidad, levantó las teorías conspirativas que pretendían colocar al Partido Obrero en el banquillo, lo que Othacehé respaldó.

Efectivamente, el entonces jefe de gabinete jamás presentó una sola prueba que respaldara semejante acusación. Por esa razón, se encuentra querellado por nuestro partido.

Lo que sí pudo probar la Justicia es que las denuncias penales del intendente contra el Partido Obrero no tienen asidero: Altamira, Pitrola y Ramal fueron sobreseídos en la causa por calumnias e injurias que les iniciara el intendente. En esa oportunidad, denunciamos que "el intendente de Merlo actúa en connivencia con Cirigliano y las patronales del transporte". No nos equivocamos, hoy los Cirigliano han sido retirados de la escena del crimen, pero las nuevas concesionarias privadas (Roggio y Romero), que mantienen el vaciamiento, encuentran un defensor feroz en el intendente de Merlo.

Frente a esto, desde el Partido Obrero reclamamos poner fin a la concesión privada del ferrocarril, confiscar los bienes que las concesionarias acumularon fruto de la malversación de fondos públicos y reinvertir esos recursos en la recuperación genuina del transporte público, bajo control de los trabajadores y usuarios.