El allanamiento que dispuso el cuestionado juez Guido Otranto en el territorio de la comunidad Pu Lof, donde fue visto por última vez con vida Santiago Maldonado, constituye una pieza más en el engranaje del encubrimiento oficial. Se trata de una medida a las órdenes del gobierno, ya que el juez había recibido críticas por parte de funcionarios que le reclamaban que avance sobre tierras indígenas. 

 

Se trató de una fuerza de ocupación que incluyó a 400 efectivos, perros, helicópteros, buzos, drones y camionetas policiales. Los resultados fueron la primera detención desde que comenzara el caso Maldonado: Elizabeth Loncopan, que fue detenida cuando uno de los policías a cargo del operativo la reconoció como una mapuche que le había “faltado el respeto” durante el rastrillaje del 16 de agosto al magistrado; asimismo, se redujo a otros tres mapuche que permanecieron bajo custodia policial y con los brazos precintados (esposados) desde las siete y media de la mañana hasta que el operativo concluyó, doce horas más tarde.

 

“El juez tiene que buscar en Gendarmería, ya pasaron 48 días”, cuestionó Sergio Maldonado, hermano de Santiago. La familia ha recusado al juez por su manifiesta parcialidad (ordenó inclusive el desalojo el 1° de agosto). “Que ese tipo sea juez es un asco, es un delincuente”, agregó. “Bullrich, Macri, Milman [secretario de Seguridad Interior], son todos cómplices”. Recordemos que Otranto declaró a La Nación que piensa que Maldonado se ahogó en el Río Chubut, cuando los propios buzos de la Prefectura reconocieron que esto es imposible.

 

Operativo desvío 

 

El operativo forma parte de los denodados esfuerzos del gobierno por desviar la investigación de la desaparición forzada. Y, por sus características, debe inscribirse dentro de la política de demonización y persecución contra la comunidad mapuche. Un planteo que abarca no sólo al gobierno, dado que el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, declaró que “el argumento de la tierra sagrada, toda esa pavada (sic) no se puede sostener” (La Nación, 14/9).

 

El juez Guido Otranto, además, dilató durante horas el ingreso del hermano de Santiago y de miembros de la APDH al lugar donde se realizaba el operativo.

 

Este se produce cuando queda cada vez más clara la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición. Un nuevo testigo confirmó que vio cómo se lo llevaron a Santiago.

 

Por otra parte, la declaración que un policía de Río Negro brindó en la mañana del martes 19 de septiembre en el Juzgado Federal del Viedma subraya aún más la pésima actuación del juez Otranto y la fiscal Silvina Avila y su complicidad con la represión contra la comunidad mapuche. El policía, especialista en perros entrenados de la fuerza de Río Negro, participó del rastrillaje del 16 en la comunidad Pu Lof. Según el acta oficial, el declarante dijo que al acercarse encontró “balas de arma FAL y de 9 mm”. También contó que se alejó doscientos metros de la orilla hasta llegar al lugar donde se encontraba la fiscal Avila y le reveló el hallazgo del perro. Pero la fiscal y el juez le dijeron que ni les sacara fotos porque no era eso lo que estaban buscando. 

 

Complicidad y encubrimiento

 

La declaración suma otra prueba más de que la actuación de los titulares del Juzgado Federal de Esquel y de su Fiscalía se caracterizan por la complicidad directa en el encubrimiento prodigado desde el gobierno nacional.

Las últimas declaraciones de los gendarmes indican que los conductores de las camionetas y la unimog llevaban consigo armas 9 milímetros, tales los cartuchos que fueron encontrados en la orilla del río. El deber investigativo de la Justicia hubiera sido peritar esos cartuchos para comprobar su procedencia.

 

La pantomima que montó Otranto en Cushamen a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado es otro eslabón de una cadena de encubrimiento que va desde los oficiales hasta el poder político en la figura de Patricia Bullrich. Se tienen que ir.