El gobierno acaba de anunciar un nuevo bono de $6.000 para quienes cobran la jubilación mínima y pensiones no contributivas. Con esta política, el Frente de Todos intenta disimular el ajuste y la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, que se agravará con el pacto con el FMI.

El bono alcanzará solo a un universo de 4,6 millones de beneficiarios, descartando a millones de jubilados y pensionados que aún superando la mínima se encuentran por debajo del nivel de pobreza, quedando descartados quienes perciban más de $38.630, un monto inferior a la mitad de la Canasta Básica Total.

Con esta orientación, el gobierno profundiza la senda de recorte en las jubilaciones por la vía de sostener una fórmula de movilidad jubilatoria que corre por detrás de la inflación en ascenso, llevando los ingresos de la mayoría de los jubilados por fuera de cualquier referencia a los salarios en actividad, a algo que se parece cada vez más a una política asistencial.

Pérdidas acumuladas

Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) llegó a la conclusión de que tanto las jubilaciones como los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo y valor real ante la inflación, incluso a pesar de los “bonos” del gobierno, que solo sirven a encubrir este ajuste.

El informe calcula que en los últimos 48 meses (4 años) los trabajadores privados no registrados perdieron el equivalente a 10 ingresos mensuales, debido a las actualizaciones deficientes, un 20,9% de capacidad de consumo; los trabajadores públicos fueron privados de 7,9 ingresos mensuales, cayendo 16,4% de capacidad de consumo; los trabajadores privados registrados perdieron 6,3 ingresos mensuales y 13,1% de capacidad de consumo; y los jubilados de la mínima (sumando bonos) perdieron 5,6 ingresos mensuales y un 11,6% de capacidad de consumo.

Estas cifras ponen de manifiesto la caída de los ingresos de los trabajadores respecto a la inflación, como resultado de las negociaciones paritarias a la baja, la fijación de una salario mínimo de miseria y las fórmulas de actualización previsional del macrismo y el kirchnerismo, con el periodo de aumentos por decreto a la baja inclusive.

Tomados los números absolutos relativos al salario mínimo, la jubilación mínima y la Canasta Básica Alimentaria, como referencia del impacto de los precios en bienes de primera necesidad, nos encontramos con la misma situación de deterioro.

Mientras la jubilación mínima pasó de $7.247 en diciembre de 2017 a $29.062 en diciembre de 2021 (+401%), para el mismo periodo el salario mínimo se movió de $8.860 a $32.000 (+361,2%) y la Canasta Alimentaria pasó $6.644,4 a $ 32.964 (+496,1%), superando holgadamente a los ingresos básicos de trabajadores activos y jubilados.

Se estima que lo perdido durante estos 4 años para los jubilados de la mínima alcanza los $193.000, una cifra 32 veces superior a los $6.000 que ofrece el gobierno ajustador. Esto demanda una inmediata recomposición de las jubilaciones para que cumplan la función de garantizar el 82% móvil de una Canasta Familiar.

Cómo la fórmula aprobada por el gobierno depende de la recaudación de la Anses y los salarios, en proporciones iguales, se espera que el deterioro se extienda con las previsiones de una inflación récord para 2022 y con los salarios planchados en una pauta de entre 45 y 48%. El recorte en las jubilaciones como la ampliación de la edad jubilatoria son parte de ajuste fondomonetarista, que suma también el reclamo del FMI de un plan de reforma de todos los regímenes especiales para liquidar las cajas de trabajadores bancarios, docentes y otros.

La “insustentabilidad” del sistema previsional argentino, en la cual se amparan el gobierno y el FMI, tiene como base la rebaja en los aportes patronales de lo 90, las exenciones que brinda el gobierno, el saqueo a la  Anses y la inmensa cantidad de trabajadores y trabajadoras que no cuentan con aportes, por encontrarse sin registración y/o por fuera del sistema previsional, lo que colabora en el vaciamiento de los recursos previsionales.

Rechacemos esta orientación liquidadora de los salarios y las jubilaciones y el encubrimiento del ajuste con bonos de temporada. Por una recomposición general de los salarios para cubrir la Canasta Familiar de $136.104 y una jubilación mínima equivalente al 82% de los salarios.