Esta semana, la Cámara de Diputados se apresta a votar una ley llamada pomposamente de “blindaje” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sipa (Sistema Integrado Previsional Argentino). Cada vez que los gobiernos hablan de medidas para defender el ingreso de los jubilados, estos instintivamente se llevan las manos a los bolsillos.

El primer problema es que el gobierno reconoce que los fondos para pagar la Reparación Histórica (RH) votada bajo el macrismo, que beneficia a unos 900 mil jubilados, se habrán agotado para octubre. Originalmente se había planteado que estas sumas saldrían del generoso –para los capitalistas evasores- “blanqueo” de capitales y moratorias que se instituían. Si esos fondos no alcanzaban se debía recurrir a los ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que también han sido vaciados. En su defecto el FGS debía avanzar en la venta de las participaciones accionarias que tiene en gran cantidad de empresas privadas de primer orden (Clarín, Techint, etc.). Ese ya habría llegado.

Los ingresos de la Anses se han venido a pique, producto de las medidas del gobierno de continuar reduciendo los aportes patronales. La nueva ley libera al FGS del mandato de tener que pagar a los 900 mil beneficiarios de la RH y lo transfiere a los ingresos del conjunto del  SIPA y en su defecto del Tesoro Nacional. Venimos de una moratoria que beneficia al capital con una exención del… 95% de los aportes jubilatorios. En definitiva el pago de la RH dependerá de las finanzas del Tesoro, es decir, de los avatares del presupuesto nacional en esta época de aguda crisis financiera del Estado. Las sumas de la RH dejan de tener una base fija.

A su vez, una parte sustancial de los fondos del FGS, se habla de unos 100 mil millones de pesos, serían utilizados para constituir un Fondo de Inversiones Estratégicas para financiar proyectos de reactivación económica pospandemia. Este Fondo sería administrado por el Bice(Banco de Inversión y Comercio Exterior) bajo la órbita de un directorio integrado por funcionarios del gobierno y empresarios. Quiere decir que sale incluso formalmente del control del propio FGS. En la actualidad las inversiones del FGS son en un 65% en Bonos de la deuda argentina.

La otra “urgencia” que preocupaba al gobierno y a la oposición burguesa era la refinanciación de las deudas que 17 provincias mantienen con la Anses. Se trata de más de 101 mil millones de pesos (la CABA debe casi 3.000 millones, etc.). Estas deudas estaban garantizadas por la coparticipación federal que cobran las provincias. Es decir, que se descontaban automáticamente, mensualmente, de ese ingreso provincial. Ahora se ha impuesto la postergación a largo plazo de ese pago. Se fijan 8 meses para debatir por cuánto tiempo se va a postergar la devolución de los préstamos a la Anses. Un diputado del PRO entendió que 8 meses era poco tiempo de prórroga, pero Carlos Heller del bloque oficialista, presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados le aclaró que en 8 meses se iba a discutir cómo se pagaría… con un ¡bono a 7, 8 o más años! El interés de ese Bono sería del 1% pagadero al final. Mientras que la “renegociación” de la deuda ilegítima y usuraria con los Fondos de Inversión buitre establece tasas del 3 al 4%. Son varas diferentes las que se usan para el capital financiero y para los fondos de los trabajadores y jubilados. Esto definió para que el bloque de Juntos por el Cambio declarara que votaría la ley cuando se presente en la Cámara de Diputados. El “ahorro” otorgado a los gobernadores está hecho sin condición alguna, lo que significa que usaran ese dinero para pagar deuda externa y subsidios diversos a grupos capitalistas.

Encima en el debate, preguntada la titular de la Anses,  Fernanda Raverta, si se pensaba en una nueva moratoria para los empresarios, señaló que se estaba estudiando. Estamos en un régimen no solo de reducción de los aportes empresarios, sino de moratoria permanente, que va licuando los aportes no solo de la propia patronal, sino de los trabajadores de los cuales los capitalistas actúan como agente de retención.

La única oposición, la constituyeron los diputados del FIT: Romina Del Plá y Nicolás del Caño, quienes presentaron un dictamen de oposición.

El FIT plantea que los aportes jubilatorios de las patronales son parte del salario obrero, se trata de un salario diferido, para financiar el retiro de la mano de obra agotada por la explotación capitalista. Su punto central es que para combatir el desbalance de la Anses hay que reintroducir todos los aportes jubilatorios que se fueron reduciendo desde Menem-Cavallo hasta la fecha. La burguesía pretende borrar directamente el principio de una jubilación estatal, para reemplazarlo por un Bono Universal de subsistencia. El FIT plantea que la Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad deben estar directamente dirigidos por trabajadores y jubilados electos. Esta es la voz obrera que se escuchará en la sesión que trate el “blindaje trucho” del gobierno y la oposición burguesa derechista.