En la misión con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno intentó negociar para recalibrar las metas del programa firmado, pero por el momento le dejaron en claro que no modificarían las metas comprometidas en el Facilidades Extendidas. El déficit fiscal no mayor al 2,5% del PBI, la emisión monetaria de no más del 1% del PBI y el nivel de reservas de no menos de u$s5.800 millones deberán ser cumplidos para aprobar el ejercicio 2022 y evitar el default. El gobierno deberá profundizar las medidas de ajuste y recesión para poder cumplir con lo pactado.

El escenario particular a nivel mundial por la guerra en Ucrania y la disparada de la inflación por sobre los niveles pronosticados no favorecieron por el momento la concesión de un “waiver” (perdón) por parte del organismo. Así, se plantean nuevos recortes en el gasto público (hoy cuestionados por los crecientes subsidios energéticos), presionando por mayores tarifazos en los servicios públicos como la anunciada suba del boleto, y avanzar por ejemplo en la reforma previsional.

El correlato será el incremento de impuestos, como la suba del inmobiliario urbano en todo el país (es decir impuestazos provinciales) que empujará a miles de trabajadores a pagar Bienes Personales. Es probable que el incremento de la presión tributaria sobre ciertos sectores patronales y el recorte de subsidios avive los choques al interior de la clase capitalista. Los empresarios quieren el acuerdo con el FMI pero no costearlo ellos; aunque de todas maneras no dudan en trasladar a los precios finales la mayor carga impositiva y el encarecimiento de la energía, cobrando a los trabajadores los platos rotos de la crisis del acuerdo.

El objetivo de reducción de la emisión monetaria también presenta dificultades, y suma presión extra a refrozar el ajuste fiscal para achicar las transferencias del Banco Central. Ya ha sido utilizado el 85% del tope de asistencia al Tesoro establecido para el primer semestre, cuando en abril y mayo el gobierno se topó con dificultades para refinanciar los vencimientos y cubrir el déficit con nueva deuda. El acrecentamiento de la bola de nieve de la deuda en pesos, atada a la inflación fuera de control, es una bomba de tiempo que solo ofrece ganancias a los bancos y los fondos de inversión.

La meta fijada para el acopio de reservas tampoco se vislumbra en el horizonte. Como sabemos, a pesar de que persisten las exportaciones récord fruto de los altos precios de las commodities, el encarecimiento de los insumos importados -en especial de energía- y de los costos de fletes, junto con la fuga de capitales constante -financiada por el Banco Central que busca contener la brecha cambiaria-, atentan contra la acumulación de divisas. Con el fin de propiciar el arribo de dólares el gobierno otorga prebendas a las multinacionales, como la flexibilización del cepo para las petroleras y empresas de servicios, pero esto no logra revertir la huelga de inversiones y sí habilita que fuguen dividendos al exterior.

Todo esto también promete agravar las tendencias a la recesión industrial, porque se reforzarán las restricciones a las importaciones y se seguirán aumentando las tasas de interés al costo de paralizar el crédito. Como vemos, el capital financiero digita la política económica del país y si bien no le suelta la mano al gobierno también es cierto que lo condiciona por todos lados. Este rumbo de usura y recesión traerá nuevas penurias a los sectores populares.

Frente a la postración del gobierno y la oposición patronal al FMI, queda en manos de los trabajadores enfrentar la tutela del organismo hasta enterrar su programa de ajuste y saqueo. En este cuadro, y como puso en agenda la enorme Marcha Federal piquetera, crece la necesidad de organizar un paro nacional y un plan de lucha de trabajadores ocupados y desocupados.

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