Las cajas de jubilación provinciales son el próximo botín sobre el que se han abalanza como aves de rapiña el gobierno nacional y las Administradoras de la jubilación privada. En el llamado “pacto fiscal” se autoriza la transferencia de las Cajas provinciales a la jurisdicción nacional. Como a su vez el previsional nacional se privatiza, lo que resulta es la “privatización” de los jubilados y empleados provinciales. El objetivo del Estado es bajar las jubilaciones provinciales y succionar las Cajas en beneficio de los acreedores internacionales, y el objetivo de las Administradoras es succionarle una parte del sueldo al millón de empleados provinciales.

Pero las jubilaciones provinciales son más altas que las nacionales. Mientras el haber promedio nacional es de 210 pesos, la jubilación provincial media es de 510 pesos y la municipal de 463 pesos (Clarín, 1/9). No hace falta ser muy avispado para darse cuenta que el objetivo de “nacionalizar”  las Cajas es reducir progresivamente los haberes provinciales al promedio nacional. Clarín lo reconoce abiertamente: “como consecuencia de este traspaso es posible que los jubilados provinciales, de a poco, se vayan sumergiendo a partir del congelamiento de sus niveles de ingresos hasta acercarse a los 200 y pico de pesos mensuales que reciben, en promedio, los jubilados nacionales, excepto los comprendidos en regímenes de privilegio”. Aunque en el “pacto fiscal” se señala que “se respetarán los derechos adquiridos de los actuales jubilados provinciales”, la reducción de los haberes provinciales se tornará inevitable, porque las Cajas Nacionales, con la entrada en vigencia de la “jubilación privada”, pasarán a ser deficitarias en el orden de los 500 millones de dólares mensuales (El Economista, 20/8). Además, habrá una merma de ingresos de otros 100 millones mensuales por la reducción de los aportes patronales. Este déficit intencionalmente creado se financiará endeudando a las Cajas y bajando las jubilaciones.

Para las Administradoras privadas, la desaparición de las Cajas provinciales significa automáticamente la inclusión de los empleados provinciales en la nueva ley de jubilación y la captación, con sus respectivas comisiones, del 11% de los salarios provinciales. Para los empleados significa la elevación de la edad jubilatoria, la derogación del 82%, la disminución de la pensión por invalidez y viudez, etc. De este modo se amplía el negocio de la “jubilación privada” y se reducen los beneficios de los futuros jubilados, violando los derechos adquiridos de los empleados provinciales.

“Los gobernadores provinciales, aunque no lo digan en voz alta porque sería poco político, están muy contentos con la idea del traspaso de las Cajas …”, señalaba Clarín (1/9).

 

El Partido Obrero plantea:

1) Defensa de las Cajas provinciales y municipales, bajo control y administración obrera. No al traspaso de las Cajas.

2) Derogación de las jubilaciones de privilegio. Indexación de los haberes mensuales por el aumento del costo de vida.

3) Control obrero de los aportes patronales y de los Estados provinciales.

4) Sostenimiento de las Cajas en base al aporte exclusivo patronal.