El anuncio de Anses de que se empezarán a pagar los haberes actualizados de los jubilados que tengan sentencia firme establece una separación respecto a lo que legalmente debería hacerse que es pagar el retroactivo correspondiente.

Milei, con un nuevo DNU, incumple la ley que dice que “la orden de pago de una sentencia es total, no por parchecitos” (abogado previsionalista Ariel Samana, en Perfil.com, 10/7).

Y para que no queden dudas ni alguna ilusión a los miles de mayores que ganaron los juicios, el presupuesto destinado para pagarlos es de $160.751 millones, lo que equivale a un 38% de aumento respecto al 2023, ante una inflación anual de 271,5% (Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso).

El Dr Samana dice que el gobierno saca un memorando cuando en realidad debería cumplir la ley de pagar la actualización y el retroactivo. Incluso, como la Anses puede apelar, todo el proceso puede seguir durando años. Evidentemente especulan con la muerte de los mayores.

No dan puntada sin hilo

La determinación de pagar la actualización de los haberes con sentencia firme, posiblemente a  los 120 días (o sea adelantando los que se hacía antes), es parte de una nueva maniobra a costa de los jubilados: al abonar la actualización congelan los intereses que deben pagar con el retroactivo. Como para pagarlo no se sabe cuánto tiempo se van a tomar, ya el monto se reduce enormemente.

No queda otra: exigir recomposición de lo perdido y movilidad automática

El camino de los juicios, realizados por miles, retrata las penurias que atraviesan los mayores cuando se calcula el haber de partida para las jubilaciones. La cantidad de juicios representa a los que decidieron apelar ante los cálculos mal realizados. Hay otros millones que no lo han hecho por falta de recursos o de informes.

Por una jubilación en base al 82% del mejor sueldo con actualización mensual por inflación o por sueldos (el criterio más favorable al jubilado es el que corresponde aplicar). Hoy se agrega a esto el reclamo de la recomposición por lo perdido con Macri, Fernández y Milei, partiendo de un haber mínimo acorde a la canasta básica jubilatoria manteniendo la proporcionalidad de las escalas mayores.