El gobierno municipal de Martin Llaryora aumentó el transporte urbano de pasajeros de conjunto. A partir del próximo sábado el boleto de colectivo será de $85 y la bajada de bandera del taxi costará un 26% más cara, mientras que la ficha en el servicio de remises aumentará un 33% en la ciudad de Córdoba.

De esta manera, el aumento en el transporte urbano de colectivos será de un 22%, y acumuló un incremento que supera el 43% solo en los últimos cuatro meses. Ningún trabajador tuvo una actualización en sus salarios de esa magnitud. Es decir que quienes gobiernan pretenden hacerles pagar otra suba que no guarda relación con los ingresos populares.

El gobierno municipal justifica darle un nuevo golpe al bolsillo de las familias trabajadoras por demoras en el pago de subsidios y el incremento en los insumos en torno al 130%, mientras los aumentos salariales rondan un 85% de aumento. El secretario de Transporte, Marcelo Rodio, prácticamente habló como si fuera un representante de las patronales.

Sucede que los aumentos se dan a libro cerrado, está cuestionado cómo manejan las empresas los subsidios de manera discrecional. Cobran por unidades que no tienen el mantenimiento que corresponde, o directamente están fuera de circulación. El poder del gobierno municipal, en tanto poder concedente, nunca hace vale su poder de contralor para garantizar que se cumpla el marco regulatorio.

Es decir que el pueblo de Córdoba paga un precio de boleto que no guarda relación con el servicio que se brinda. Y ahora se pretende otro aumento que está en función de garantizar la renta de las empresas. Así gobiernan los políticos capitalistas, “dólar soja” para las patronales del campo, tarifazo para lxs trabajadores.

En ese marco, desde la banca que ocupó la Concejala Cintia Frencia (mc) “exigimos la suspensión de la concesión a Ersa”, como parte de una reorganización del transporte sobre nuevas bases. Es decir, poner por delante el derecho al transporte en lugar de darle prioridad a la renta extraordinaria de las empresas del transporte.

Por supuesto que el gobierno de Martin Llaryora también justifica otro tarifazo en el transporte criticando al gobierno nacional, que también sigue la ruta del ajuste al servicio del FMI. En efecto, el gobierno de Cristina Fernández y de Sergio Massa está recrudeciendo el ajuste.

En momentos en que se proyecta una inflación en torno al 100% es claro que esta suba no será la última. Esto había sido anticipado en Prensa Obrera, con el pacto con el Fondo Monetario ingresamos a un régimen de tarifazos permanentes, y todo para garantizar la renta de empresas del transporte, vale la reiteración, porque no hay ningún beneficio para el pueblo de Córdoba en sostener a los capitalistas del transporte.

Con el 80% de los salarios por debajo de la línea de pobreza no se puede pagar otro aumento en el transporte. Es necesario congelar el precio del boleto de colectivos, abrir los libros de las empresas, y poner el sistema de colectivos bajo control de trabajadores y usuarixs, eliminando el “costo” empresario y garantizando el derecho al transporte del pueblo trabajador.