Uno de los pilares de la política kirchnerista de “reconstrucción de la burguesía nacional” es el negocio de la obra pública. Bajo este paraguas ha montado una red de socios privados donde se destacan los viejos representantes de la “patria contratista”, eternos vividores de las tetas del Estado.

 

 

Por ello, el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, el cajero y principal lobbista oficial, cuenta con la caja más grande del presupuesto nacional (detrás, obviamente, del Ministerio de Trabajo que incluye los fondos de seguridad social). Recientemente el gobierno, mediante un decreto, ha vuelto a aumentar esa cartera reasignando otros “1.085 millones de pesos que ahora pasarán a ser administrados por el cada vez más influyente ministro” (La Nación, 1/4). Pero, además, “De Vido dispone de otro financiamiento que no figura en el presupuesto y, por lo tanto, casi no tiene control independiente: los fondos fiduciarios” (ídem). Estos fondos, que actúan como “cajas negras”, son manejados (y manoteados) a discreción por el oficialismo y el cajero.

 

 

Las áreas más beneficiadas, donde los grandes pulpos se han colocado como socios subsidiados de la política oficial, son las vinculadas a la energía, el combustible y la minería. Esa es la razón de la presión oficial por, el aumento tarifario de los “servicios públicos” (gas y luz) y la imposición de “cargos específicos” (ver aparte) que inyecten dinero de los consumidores a esas “cajas negras”, con la excusa de financiar esas obras de infraestructura.