“El Tranquerazo”, la lucha de los vecinos autoconvocados de las localidades de Galpón, Tunal, J.V González y Metán, contra la instalación de la empresa Nitratos Austin, cumplió 1000 días el pasado 7 de Febrero.

El recordatorio se realizó con un almuerzo y posterior asamblea. Participaron delegados del MOCASE, UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), agrupaciones ambientalistas como Yuyo Colorado, una delegación del Partido Obrero, encabezada por el diputado nacional Pablo López, y el fiscal federal Gustavo Gómez.

La Lucha

El objetivo de la empresa es producir nitrato de amonio, un compuesto químico para la fabricación de explosivos que se utilizan en la megamineria.

La historia se remonta al año 2010, cuando el gobernador Urtubey firmó un contrato con la empresa comprometiéndose a la venta de gas -que se importa de Bolivia- a un precio subsidiado, lo que representará cifras millonarias a favor de la empresa, en una provincia donde la mayoría de la población no tiene garantizado el acceso a una red de gas domiciliaria.

La instalación de la empresa en la zona generó un gran repudio, que llevó a los vecinos a movilizaciones, cortes de ruta y un acampe permanente en el lugar. Interpusieron un amparo ambiental, en el que se cuestionó el procedimiento administrativo con el que se autorizó la instalación, pero no tuvieron respuestas en ninguna instancia de la provincia. La causa judicial se encuentra ahora en la Corte Suprema de la Nación.

Para los vecinos y trabajadores la empresa representa un gran peligro. Este tipo de industrias registran antecedentes de accidentes a nivel mundial y los municipios de la zona no están dotados de equipos de emergencias. La zona en la que se instala la industria está individualizada como grado 3 en el nivel de peligrosidad sísmico, por lo cual, los vecinos caracterizan la instalación de la empresa como una catástrofe anunciada.

Ello quedó demostrado en octubre de 2015, cuando un temblor de 6 grados, provocó un desastre en la localidad de Galpón.

Las perspectivas del conflicto.

La lucha contra Austin tuvo la adhesión de diferentes sectores, y en la asamblea del 7 de febrero cada uno expuso sus posturas y las actividades que realiza.

Los grupos ambientalistas han iniciado acciones de difusión permanente y han propuesto actividades para financiar la lucha. Además,  han extendido sus actividades a Salta capital, lo que significó que más personas se integraran a la causa.

El fiscal federal Gustavo Gómez planteó la proliferación de querellas penales contra los ejecutivos de la empresa, y llamó a los vecinos a organizarse en ese sentido.

Por su parte, Pablo López, diputado nacional del Partido Obrero, única organización política presente, explicó que el estado salteño, con Urtubey a la cabeza, actuó con sus funcionarios, la policía y la justicia, para defender la instalación de la empresa contra la voluntad de los vecinos.

Marcó la importancia de conquistar a los pobladores de la zona y también al resto de los trabajadores de Salta, ya que la contaminación y los multimillonarios subsidios afectan a toda la provincia.

Sin restar importancia a los planteos judiciales, dijo que los mismos son un aspecto más de la lucha, pero que no deben ahorrarse esfuerzos en generar una gran movilización popular.

Ratificó que las bancadas del Partido Obrero están a disposición de la lucha, y recordó las iniciativas parlamentarias ya presentadas.

Por último, dejó planteadas algunas iniciativas inmediatas, como una auditoría a las obras que la empresa está realizando por parte de una comisión de especialistas independientes, con participación de los vecinos que luchan; reafirmó la consigna surgida en asambleas anteriores, de reclamar que los subsidios y exenciones impositivas vayan a un fondo para la enorme cantidad de obras públicas que hacen falta en la zona, como la reconstrucción de Galpón, luego del sismo ocurrido.

A mil días del Tranquerazo la consigna “Fuera Austin” está más vigente que nunca.