El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se presentó el jueves pasado ante las Comisiones de Transporte y Defensa del Consumidor, de la Cámara de Diputados, para exponer sobre su plan de labor. Pero la expectativa de los legisladores giraba en torno a las explicaciones que debía dar el ministro respecto de las denuncias judiciales sobre los negociados de la familia -y del propio presidente Mauricio Macri-, por la venta de Macair a la colombiana Avianca y el rápido otorgamiento de permisos provisorios a esa aérea para volar casi 100 rutas en y desde la Argentina.

 

Por el escándalo que se armó, Macri debió dar marcha atrás…por ahora.

 

Durante más de una hora y media, Dietrich se explayó sobre planes, rutas, cementos y ferrocarriles, entre varios otros temas. Pero el locuaz funcionario no tocó para nada las denuncias de corrupción que pesan sobre el titular del Poder Ejecutivo y otros miembros de su gabinete, también implicados en negociados con empresas “low cost” (bajo costo) que están irrumpiendo en el mercado aerocomercial nacional.

 

´Low labour cost´

 

Pablo Lopez, diputado del PO-FIT, denunció que el “bajo costo” de esas empresas (entre ellas Avianca, que aquí se llamará Avian), al igual que el de las similares que operan en distintas partes del mundo, se basa, en gran parte, en los “bajos costos laborales”.

 

Se trata –añadió López- de una política de superexplotación de los trabajadores, tercerizaciones (haciéndolos incluso trabajar gratis a los pilotos en períodos de prueba y “calificación”) y denunció que las aéreas que recientemente fueron autorizadas para volar en y desde la Argentina, estaban gestando convenios a la baja.

 

El ministro reconoció que cada aérea que llega al país firma un convenio por empresa con sus trabajadores que, obviamente, también son nuevos, sin fuerza de negociación alguna y, por tanto, obligados a aceptar las condiciones que les impone las compañías si quieren comenzar a trabajar.

 

Frente a esto, las organizaciones sindicales del sector deben encarar una lucha común por un convenio único para toda la actividad aerocomercial, impidiendo que la baja de los nuevos convenios golpee sobre los trabajadores que recién ingresan y también sobre el salario y las condiciones laborales de los actuales.

 

¿Conflicto de intereses o corrupción?

 

En lugar de responder por la corruptela en los temas de Avianca, el Correo y el soterramiento del Sarmiento, entre varios otros, el gobierno quiere armar una “nueva normativa para evitar conflictos de intereses”. Pablo López denunció que, en realidad, se prepara una ‘normativa’ para hacer pasar esos negociados.

 

No importarían, por ejemplo, todas las irregularidades en los temas de Avianca o el del Correo. Lo que se va a “analizar” es si “hay conflicto de intereses”. La otras “coincidencias” serían “normales”.

 

Interpelación pública

 

La bancada parlamentaria del PO presentó hace casi 20 días un pedido de interpelación pública sobre las denuncias por Avianca -que se debería realizar ante la Cámara de Diputados- al ministro de Transporte, al Jefe de Gabinete y, oportunamente, al propio presidente Macri,.

 

En lugar de habilitar este pedido, se desvió el tema aceptando una “visita” del ministro a la Comisión. Se trata de una maniobra para morigerar el impacto de las denuncias y hacer aparecer ante la opinión pública que este es un gobierno “transparente”.

 

López, insistió con la necesidad de la interpelación para esclarecer el tem Avianca y el del Correo, respecto del cual Diputados, por mayoría, se pronunció a favor de la interpelación.

 

La coima por el Sarmiento

 

Pablo López, también interrogó al ministro sobre las denuncias del “rey de la coima”, Oderbrecht de Brasil, y sus asociaciones con grupos como el de Calcaterra (primo de Macri) en el consorcio encargado del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

 

Dietrich desestimó el reclamo, porque –dijo- la coima, en el caso de que existiera, se habría pagado bajo la administración K. No importa si Calcaterra sigue haciendo negocios con el Estado ahora que su primo es el Presidente.

 

También sostuvo que las denuncias realizadas ante la Justicia por un directivo de  Oderbrecht en Brasil, eran “meras versiones periodísticas”, porque no había sentencia judicial. Pero: ¿hay o no sobreprecios? El ministro miró para otro lado.

 

Es necesario poner en pie una comisión auditora-investigadora, integrada por ferroviarios y usuarios del Sarmiento, que investigue todo el proceso e impida que las superganancias de los inflados presupuestos vayan al bolsillo de los grupos capitalistas amigos del poder (K y M).

 

El ejemplo de Ecotrans

 

Dietrich también hizo mención a la “recuperación” de la empresa Ecotrans como un logro del gobierno de Mauricio Macri.

 

“Es un ejemplo”, dijo y añadió: “teníamos 1200 trabajadores en riesgo, se trabajó junto al sindicato y los empresarios y se pudo recuperar la empresa, con una inversión de u$s350 millones y con coches nuevos que hoy están circulando en el Oeste”.

 

El diputado del PO rechazó esta afirmación y destacó que, por el contrario, quien estuvo muchos años luchando contra el desguace y manteniendo los puestos de trabajo y las conquistas de los trabajadores fue la Comisión Interna de Ecotrans, de la cual fomaban parte compañeros del Partido Obrero.

 

Explicó que, finalmente, la empresa fue desguazada y que, con el apoyo del gobierno, los hermanos Javier y Eduardo Zbikoski, dueños de la compañía Metropol, una de las más negreras de la rama colectivos, tomaron algunas de esas líneas, impusieron “retiros voluntarios” y ahora el servicio se presta con la mitad del personal, que tiene jornadas de 12 horas y en negro, poniendo en riesgo la vida de choferes y pasajeros.  

 

Lo que el ministro tomó como ejemplo, Pablo López lo caracterizó como “una vergüenza y más aún es que aquí se haya indicado que el Estado ha puesto plata para una empresa que funciona en estas condiciones”.

 

Se impone una inmediata investigación para que quede claro quién aportó y en que fueron utilizados los u$s350 millones de ‘inversión’ anunciados por el ministro.

 

Retrotraer los tarifazos

 

Ante la denuncia de Lopez de que un aumento de tarifas del 50% en el transporte iba a significar un duro golpe al bolsillo popular, toda vez que a los docentes se les ofrecía un aumento del 18% y en cuotas, la respuesta del ministro fue que “por ahora” no habrá aumentos en el transporte.

 

Hizo pública así la resolución de echar lastre en este plano tomada por el gobierno que postergó una parte de los aumentos tarifarios… para después de las elecciones. El gobierno tomó nota del crecimiento de la bronca popular evidenciada en el paro docente y las movilizaciones de la semana pasada.

 

Hay que retrotraer, entonces, el aumento impulsado por gobernadores e intendentes.