El conjunto de los bloques políticos del Congreso aprobó la ley que respalda la reestructuración de la deuda con el extranjero.

Sólo los diputados del Frente de Izquierda votaron contra esta ley de sometimiento al FMI, a los banqueros y a los especuladores.

Sin grietas, Sergio Massa, Máximo Kirchner, radicales, macristas, lavagnistas y Elisa Carrió otorgaron a los tribunales de Nueva York el poder de resolver frente a cualquier litigio.

A su vez, los gobernadores depusieron todos sus reclamos a cambio de una “mesa de trabajo”. Esto a pesar de que la situación en las provincias se agrava aceleradamente.

Ya seis debieron ser asistidas para pagar salarios. Ahora se agregó el pedido de Santa Fe. Arcioni en Chubut quiere un congelamiento de salarios por seis meses. La madre de todas las crisis está en la provincia de Buenos Aires, que entró en el desfiladero de un posible default.

El acuerdo que Alberto Fernández y su ministro Guzmán buscan es una operación de rescate de los tenedores de la deuda. La contracara de esto es la muerte de niños wichis por malnutrición en el norte salteño.

Por eso, la política del gobierno es pedirles “mesura” a los trabajadores en sus reclamos salariales. Por eso se decretan sumas fijas y se eliminan las cláusulas gatillo de actualización.

Para rescatar a los especuladores se eliminó la movilidad jubilatoria. Ahora los jubilados dependerán de la “marcha de la economía”.

Con todo, buscan tranquilizar a los acreedores externos a costa del empobrecimiento de los trabajadores.

Pero los sacrificios a los que pretenden someter al pueblo argentino no van a evitar el default. La deuda es fraudulenta e impagable.

Para los trabajadores, el desafío que se nos presenta es defender nuestras reivindicaciones: el salario, las jubilaciones, las paritarias.

La CGT y las CTAs acompañan esta política del gobierno de Fernández. A la manipulación de la burocracia, oponemos la autonomía de los sindicatos y un congreso de delegados electos por las bases, que debata y resuelva un plan integral basado en la ruptura con el FMI y el no pago de deuda usuraria y fraudulenta.