Aunque el gobierno festeje como un gran triunfo el aval del Senado al pacto con los fondos buitres, lo cierto es que la amplitud de la votación obtenida es directamente proporcional a la bancarrota económica en presencia. El alineamiento de la mayoría de los senadores del FPV no sólo convierte en papel mojado el relato ‘nacional y popular’ del kirchnerismo, sino que muestra que en la clase capitalista y sus partidos existe unanimidad sobre la necesidad de un rescate del capital financiero internacional.

 

Bancarrota

 

La votación masiva del Senado ni siquiera tuvo en cuenta la maniobra de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que decidió postergar su pronunciamiento sobre las apelaciones al fallo de Griesa para el 13 de abril, es decir, un día antes de que venza el fallo para pagar a los buitres que aceptaron la propuesta del gobierno argentino. La alternativa de esperar al pronunciamiento de la Cámara para luego tratar el proyecto de ley en el Senado ni siquiera fue evaluada. La presión del gobierno nacional y de los gobernadores del FpV para votar sin dilaciones muestra que el pacto buitre es el único plan que tiene la clase capitalista para hacer frente a la bancarrota económica.

 

En la víspera de la votación, se puso de manifiesto el carácter explosivo de las contradicciones de la política económica seguida por Prat Gay. Después de cuestionar la emisión monetaria llevada adelante por Kicillof, identificándola como la responsable de la creciente inflación, el macrismo vuelve sobre sus pasos echando mano a la `maquinita`. La necesidad de financiar el déficit fiscal se agravó, pues la reducción y eliminación de las retenciones al capital agrario, industrial y minero, y la continuidad de los subsidios a las petroleras producirá una merma de ingresos superiores a los 100.000 millones de pesos. Semejante agujero sólo puede cubrirse con una mayor emisión, que el gobierno ha buscado contrarrestar entregándole a los bancos pagarés (letras) a cambio de absorber parte de esos excedentes monetarios. Pero este recurso ahora se le ha vuelto en contra. El stock actual de esas letras (Lebacs) supera los 400.000 millones de pesos, y con una tasa de interés que ronda el 38%, los intereses a ser saldados rondan los 150.000 millones de pesos. “Ambito Financiero” calcula que el stock de Lebac crecerá este año hasta los 700.000 millones de pesos. El problema es que el pago de intereses, con vencimientos de corto plazo, no puede ser afrontado sin una mayor emisión o con una suba aún mayor de la tasa de interés, que permita renovar las letras que van venciendo. En síntesis, el Banco Central emplea buena parte de la actual emisión en reciclar su propia quiebra. Otra porción importante es para pagarle a los beneficiarios del mercado de futuros, el negociado que armaron Kicillof-Vanoli y que convalida el gobierno actual. Sea una variante u otra, al final habrá que pagar. La suba de la tasa de interés, que podría superar el 40% anual, muestra que la alternativa del gobierno es la recesión económica o la hiperinflación.

 

En estas condiciones, para los partidos capitalistas el acuerdo con los fondos buitres se asemeja a una tabla de salvación después del naufragio, aunque no sepan si los lleva a la orilla o no. Mediante un endeudamiento colosal, se quiere financiar el creciente déficit en el que incurre el gobierno para subsidiar a los capitalistas y pagar la deuda pública, o la que el Estado tiene con los importadores y grandes empresas en concepto de giro de utilidades atrasados. Al final, el endeudamiento servirá para financiar la fuga de capitales, pero en el medio el BCRA deberá emitir pesos contra el ingreso de dólares. Todo conduce a más inflación y mayores tasas de interés, que agudizarán la recesión económica.

 

Ajuste

 

A partir de lo señalado queda claro que el gobierno no puede manejar la situación con medidas monetarias. Está en juego un ajuste de envergadura, que será más duro en tanto se desarrolla en paralelo a mayores concesiones fiscales a los capitalistas. El tarifazo generalizado anunciado en el gas, el agua, el transporte, las naftas y el monotributo se suma al ya aplicado al servicio eléctrico. La suma total de la factura del ajuste quiere ser transferida integralmente a los trabajadores.

 

El ajuste en marcha también se manifiesta en los despidos crecientes en la administración pública, que no se han detenido luego de la primera tanda que superó los 50.000 trabajadores. Las comisiones internas de ATE han denunciado que hay en carpeta al menos 20.000 despidos más que se ejecutarán en el corto plazo. A la vez, el crecimiento de la inflación como resultado de la política del gobierno mete más presión a las paritarias. Es lo que ya se ve en las provincias, donde existen huelgas docentes y estatales muy importantes en rechazo a las propuestas oficiales que equivalen a fuertes ajustes. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, por ejemplo, ofrecieron aumentos del orden del 10 y el 15%, lo que equivale a una reducción salarial de 25 ó 30 puntos. Otro tanto ocurre en Santiago del Estero, Mendoza, y en los estatales de la provincia de Buenos Aires. El fraude de las modificaciones al impuesto al salario -que han terminado con un aumento en el número de trabajadores gravados- refuerza también la presión sobre las paritarias. El diseño del ajuste se completa con el anuncio de una reforma previsional reaccionaria, que apunta a crear un haber asistencial para quienes carecen de aportes.

 

Con esta caldera a punto de explotar, la CGT ‘unificada’ ha decidido anular la marcha que tenía planificada al Congreso, porque -incluso con sus limitaciones- podía convertirse en un canal para que los trabajadores expresen su repudio al ajuste en marcha. Los Moyano, Caló, Barrionuevo y compañía se han convertido en una pieza fundamental para asegurar la `gobernabilidad` del gobierno de Macri. Por eso, ni la ‘honesta’ Carrió deslizó una crítica por el nombramiento como número dos de la Superintendencia de Servicios de Salud a un hombre de la burocracia sindical, procesado por la mafia de los medicamentos. La burocracia defiende sus propios intereses, mientras deja pasar el ajuste contra los trabajadores.

 

Lucha y programa

 

Contra lo que dicen los propagandistas del oficialismo, el pacto con los buitres no servirá para moderar el ajuste. Al revés, implicará un mayor alineamiento de todas las instituciones del Estado, los gobiernos y los partidos del sistema con el capital financiero internacional. El desmoronamiento económico y político de Brasil será un acicate a la bancarrota en curso. A esta conclusión arribó el XXIII Congreso del Partido Obrero que sesionó el 25, 26 y 27 de marzo, llamando a “transformar a la clase obrera y a la izquierda en alternativa política al régimen ajustador”.

 

Con esa orientación llamamos a defender todas luchas en curso para llevarlas a la victoria. Planteamos: no a los despidos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de convenio; paritarios electos en asamblea, por un mínimo de 40% para no perder ante la inflación; aumento de emergencia para los jubilados, por el 82% móvil. Fuera el pacto buitre, no al pago de la deuda externa, por la nacionalización del comercio exterior y de la banca, para aplicar los recursos del país a un plan de desarrollo nacional bajo la gestión colectiva de los trabajadores.

 

Con este programa planteamos una campaña en defensa de todas las luchas en curso y por un congreso de trabajadores para impulsar la acción independiente de los trabajadores. En oposición a la burocracia sindical, entregada al pacto buitre, llamamos al Frente de Izquierda y a todos los sectores combativos de la clase obrera y la izquierda a organizar un acto el 1º de Mayo en la Plaza de Mayo.