La aceleración de las negociaciones del gobierno nacional con el FMI para llegar a un acuerdo en los próximos meses sigue ofreciendo una clarificación política de la verdadera naturaleza del régimen político que nos gobierna. El gobierno engrosa la deuda pública y busca la foto de “unidad nacional” para sellar un acuerdo; la oposición de Juntos se divide por sus internas, pero cerrará filas con el gobierno, ya sea en los despachos oficiales o en el Congreso de la Nación.

La invitación de Alberto Fernández y Martín Guzmán a los gobernadores para ofrecer “explicaciones” respecto a la propuesta de acuerdo con el FMI, con el objetivo de mostrar “consensos” ante el organismo multilateral de crédito, fue rechazada por los gobernadores de Juntos por considerarla “una reunión política”, aunque tres de ellos (Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez) enviaron, finalmente, representantes, desmarcándose un tanto de Horacio Rodríguez Larreta.

Días después, Gerardo Morales avivó aún más las llamas de la interna de Juntos, al señalar: “Esta deuda que se está negociando la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir y escuchar”. Esto animó los “intercambios” internos por las redes sociales, donde diputados de Juntos, como Iglesias y Wolff, atacaron al gobernador, tildándolo de una actitud oportunista de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

Lo cierto es que la deuda actual con el FMI fue contraída por el anterior gobierno, con la “excusa” de hacer frente al déficit dejado por la gestión anterior… y continuado por el macrismo. Ahora, Alberto Fernández no solo refrenda dicha deuda, sometiendo al hambre al pueblo trabajador, sino que acumula un crecimiento de US$ 40.215 millones de deuda pública, bajo sus dos primeros años de gestión, con el mismo propósito que el macrismo.

Ellos contraen las deudas y las paga el pueblo

Al asumir el gobierno nacional la deuda pública ascendía a US$ 313.299 millones, mientras que para el 30 de noviembre del 2021 la misma llegó a US$ 353.514 millones. Esto se debe principalmente a la demanda y colocación de bonos en pesos y adelantos transitorios del Banco Central a la Tesorería para cubrir el déficit fiscal, además de los fondos excepcionales por partidas para combatir el coronavirus.

Se estima que a este ritmo la gestión de Alberto Fernández podría convertirse en la que más rápidamente endeudó al país, pudiendo superar los US$ 80.000 solo bajo su mandato, de continuar estos guarismos.

El kirchnerismo muchas veces abusa del relato de que sus gestiones son las que les toca “desendeudar al país”, o como le gustó decir a la vicepresidenta Cristina Kirchner “somos pagadores seriales”. Sin embargo, también se ha demostrado que son endeudadores seriales, ambas caras de la moneda, y responsables de las políticas antiobreras que luego son justificadas a razón de “pagar nuestras obligaciones”.

Pagar más

Ahora, la propuesta presentada por Guzmán surge de la necesidad imperiosa del gobierno de postergar pagos al FMI que vencen próximamente. Solo en los próximos tres meses vencen obligaciones por US$11.880 millones, y en todo 2022 serán US$ 18.800 millones.

Del préstamo contraído con el FMI ya se pagaron US$ 1.479 de intereses bajo el macrismo y otros US$ 2.679 millones en intereses y US$ 3.800 millones en vencimientos de capital bajo el actual gobierno, para lo cual se valieron de los DEG enviados por el FMI. Pero el gobierno carece de los dólares para cumplir con la agenda de vencimientos, aunque acelere en todo proyecto extractivista y/o petrolero que deje algo de dólares, destrucción ambiental mediante.

La propuesta del gobierno, con un plazo de 10 años, plantea postergar pagos de capital durante cuatro años, donde se abonarían intereses y la sobretasa de interés (US$ 900 millones anuales), para acumular capital e intereses desde el 2026: patear la pelota, nuevamente, para adelante, al tiempo que el gobierno se sigue endeudando por otras vías.

En este paquete se anota el Plan Plurianual del gobierno y el proyecto de Presupuesto 2022, de ajuste, así como toda la artillería patronal y de ajuste fiscal, que deberá contar con el consenso de todo el régimen político patronal como garantía ante el FMI, lo cual desnuda la actitud de Larreta como un “acting” de temporada, que quedará desenmascarado en el Congreso de la Nación, a su debido momento.

Estamos ante un régimen de endeudadores y saqueadores, que protegen los intereses de los capitalistas y el capital financiero y que descargan sobre la población trabajadora los costos de dicha política, con hambre, desempleo, ajuste fiscal, inflación y recortes en el gasto público. Rechacemos la senda del endeudamiento para financiar a los grupos capitalistas, partiendo de un impuesto a las grandes fortunas para reimpulsar la industria y la economía nacional. No al pacto con el FMI, fuera el capital financiero. No al pago de la deuda externa.

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