El miércoles 11, los diputa­dos del PJ dieron una lección práctica de cómo funciona el pacto Menem-Duhalde para que no se vote ningún cambio en la ley de riesgos del trabajo.

Con la esperanza de que duhaldistas y menemistas res­petarían una votación anterior que había fijado para ese día la discusión de los proyectos de modificación de esa ley en el recinto de Diputados, Gerardo Martínez de la Uocra llamó a una movilización frente al Congreso para apoyar su tratamiento. Pero nada melló el férreo pacto del duhaldismo con Erman Gon­zález. Duhaldistas y menemis­tas pasaron por alto todos los compromisos anteriores y el or­den del día, y postergaron sin fecha la discusión del tema acci­dentes de trabajo. Como ya ter­minan las sesiones ordinarias, el pacto Duhalde-Menem enterró toda posibilidad de que cambie la ley. La Alianza tampoco se quedó atrás y si bien planteó que se tratara el punto, lo cierto es que hizo esa moción porque sabía que no salía. La Alianza había ade­lantado que si no se discutían los despachos, utilizaría esta pos­tergación para introducir algu­nos cambios en su proyecto.

Este pacto Menem-Duhalde, bendecido por la Alianza, fue gestado por los duhaldistas. El ‘duhaldista’ Banco de la Pro­vincia de Buenos Aires es el ma­yor defensor del actual sistema de riesgos del trabajo. Provincia tiene la principal ART y fue la que mayor presión hizo para mandar los proyectos al muere. Por eso el artífice del Pacto fue el ‘duhaldista’ Atanasof —presi­dente de la Comisión de Trabajo de Diputados— y el hombre en­lace con el Ministerio de Trabajo.

Gerardo Martínez, sin em­bargo, no sacó esta conclusión elemental. En la movilización del miércoles 11 no denunció ese pacto, no dijo nada sobre continuar la movilización y no llamó a encarar un plan de lu­cha de todo el movimiento obre­ro porque el sistema de las ART es un ataque a toda la clase trabajadora.

Lo que sucede es que la bu­rocracia de la CGT, de la que Gerardo Martínez es uno de sus líderes, decidió concurrir a las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo para con­sensuar con la Unión Indus­trial algunos retoques a la ley de riesgos del trabajo sobre la base de la defensa del sistema de las ART. Con este acuerdo, duhaldistas y menemistas en el Congreso decidieron frenar todo cambio, hasta tanto se ex­pida esa comisión tripartita.

La comisión Erman, UIA y CGT considera que el sistema de riesgos del trabajo debe ser ‘cerrado’, lo que significa que el trabajador no tiene que tener

la posibilidad de recurrir a la Justicia, inclusive si el acciden­te se produjo porque la empresa no cumple con las normas de seguridad laboral.

Todo esto sucede, además, cuando el Superintendente de Riesgos del Trabajo reconoce que el 70% de las empresas no realizó los planes de mejora­miento de las condiciones de seguridad, a pesar de que tuvie­ron dos años para hacerlo, lapso en el que fueron eximidas del pago de multas (La Nación, 5/ 11). Ahora, las patronales pi­den una prórroga.

El Partido Obrero denuncia el pacto Duhalde-Menem. Lla­ma a la Uocra a proseguir con las movilizaciones y a exigir que la CGT se retire del Comité propatronal y convoque a una movilización y paro nacional.

El PO plantea la formación de comités obreros que controlen la seguridad con facultades de parar toda obra o fábrica que no respete las normas de seguridad.

El PO plantea el control de los horarios y ritmos de produc­ción que todos los expertos reco­nocen que son las causas por las que se producen tantos acciden­tes laborales.

El PO exige la vía judicial sumarísima de manera que, en pocas semanas, se resuelva el juicio penal y de resarcimiento económico, cuya base debe ser un salario igual a la canasta familiar.