El proyecto de reforma laboral que preparó Erman González, ya recibió el caluroso y triunfalista respaldo de la CGT. Pero no es, como dicen Daer y sus abogados, un giro del gobierno en favor de los trabajadores, sino en perjuicio de la clase obrera.

Reduce las indemnizaciones

1) El proyecto sustituye el piso de dos sueldos de indemnización mínima por el 16,66% del mejor sueldo del último año.

2) Fija una indemnización de dos jornales y medio por mes de antigüedad. Para un trabajador que gana 700 pesos y tiene 6 meses de antigüedad, esto significa que hoy cobraría 1.400 pesos de indemnización, y con el proyecto Erman-CGT, sólo 350 pesos. Si lo despiden al año, la indemnización llega a 700 pesos, pero es la mitad que la actual.

3) Fija una indemnización máxima de 15 sueldos, cuando hoy no tiene límites. Abarata el despido de los trabajadores más antiguos.

4) También baja la indemnización por falta de preaviso: pasa a considerarse desde el día de la notificación, y no a partir del primer día del mes.

Período de prueba

Aunque el proyecto reduce el período de prueba de 90 a 30 días, agrega que los convenios podrán extenderlo “hasta los 180 días desde la finalización del período de prueba legal”. Esto es lo que ha estado haciendo la burocracia en los últimos convenios, como el de Correos, Aguas Argentinas o el del Banco Hipotecario. Por lo tanto, no es cierto, como dice Daer, que con el proyecto a los 30 días el trabajador ya está “protegido” por la indemnización contra el despido, sino que la desprotección puede llegar a los seis meses.

Disponibilidad

Lo más grave es que se autoriza a los convenios a “regular la organización del trabajo disponiendo la forma de aplicar las normas legales sobre jornada y descansos (respetando los topes mínimos y máximos respectivos) y el período de prueba y el régimen indemnizatorio. Esta disponibilidad efectiva estará condicionada a la generación de empleo”.

Esto significa que se podrían establecer horarios de trabajo irregulares, vacaciones fraccionadas, un período de prueba aun superior a los 180 días e indemnizaciones inferiores a las que ahora se rebajan, con el pretexto de que servirían para crear puestos de trabajo.

Contratos basura

El proyecto mantiene sólo dos de los 18 contratos basura, pero porque todo el proyecto convierte en basura el contrato de trabajo en general. Los dos contratos especiales —aprendizaje y pasantía— que sobreviven canalizarán las contrataciones especiales. De todas maneras, las grandes patronales están negociando que se mantenga el llamado contrato “de fomento del empleo”, que es el más utilizado.

Ultractividad

Se convoca a la negociación de los convenios prorrogados, entre 1975 y 1988, por falta de acuerdo entre las partes. Si en dos años no se alcanza un acuerdo, el Ministerio laudará a través del arbitraje obligatorio. El arbitraje del Ministerio asegura que las patronales logren sus propósitos por la vía del laudo.

Firmantes

El proyecto mantiene que el sindicato con personería gremial es el único autorizado a firmar los convenios, al margen de la decisión soberana de asambleas o plenarios de delegados.

Todo eso explica que el archirreaccionario abogado patronal Julián De Diego escribiera en Ambito Financiero (12/2) que “el proyecto presentado por el ministro Antonio Erman González puede convertirse en un instrumento básico que contribuya a la modernización laboral … (porque genera un) disparador de nuevas reformas y ajustes”.

Impuestos y aportes

Un aspecto medular del nuevo proyecto pasa por otra ley, la que reforma el sistema jubilatorio, que elimina el aporte patronal jubilatorio, extiende el IVA a todos los productos y grava los sueldos a partir de los 700 pesos mensuales. Entre las dos leyes se cierra el círculo de un nuevo subsidio gigantesco al capital y una nueva confiscación a los obreros. Todo el sistema laboral se transforma en un código de disciplina contra el trabajador y deja de contener cualquier regulación contra la superexplotación patronal.

Estamos entonces en presencia de un pacto negro de la burocracia con las patronales y el FMI contra los trabajadores. La Alianza oficialmente no abre la boca, porque avala esta canallada. Julio Godio, responsable del área laboral del Instituto Programático de la Alianza, acaba de decir que “estos acuerdos y convenios dan cuenta de los cambios en la organización del trabajo. Así se introduce la polivalencia funcional, los salarios se componen de partes fijas y variables, se flexibilizan horarios dentro de la semana laboral fijada por ley. Las negociaciones reflejan la necesidad de adaptar estructura y contenido del trabajo a la realidad de las empresas” (Clarín, 15/2).

Propuesta

El Partido Obrero repudia este pacto reaccionario y plantea una vasta campaña por asambleas generales y plenarios de delegados, para que los trabajadores enfrenten el nuevo proyecto y decidan qué legislación laboral y sindical quieren.

En las fábricas y lugares de trabajo donde la burocracia está firmando convenios de empresa, el PO plantea que en asamblea general se discuta el pliego de reivindicaciones de cada lugar de trabajo y la elección de paritarios.

Allí donde la burocracia haya firmado un convenio en secreto, sin asamblea general, el PO plantea la realización de asambleas para que los trabajadores digan si aceptan o no lo firmado inconsultamente y promover una acción por la anulación de ese convenio.

En todos lados, el PO llama a la realización de plenarios de delegados y asambleas para que se discuta la convocatoria a la paritaria por actividad, eligiendo los paritarios, para evitar que la burocracia siga avanzando con la flexibilización fábrica por fábrica, atomizando al movimiento obrero.

En toda asamblea, plenario y reunión de trabajadores, la discusión y la resolución debe ser la misma: Fuera el proyecto flexibilizador de Erman y la burocracia. Fuera la burocracia de los sindicatos.