Hace ya varias semanas que los casos de coronavirus se mantienen en un promedio muy alto, por encima de 20 mil diarios. El día de ayer se sumaron 25.976 personas a la lista de contagiados. Las medidas implementadas por el gobierno son limitadas, y no funcionaron para bajar la circulación, los contagios y la ocupación de camas. Sucede que fueron hechas a la medida de la “normalización” de las actividades económicas y de la producción, a base de poner en riesgo al conjunto de la clase obrera. Es precisamente lo que cristaliza el proyecto de ley enviado al Congreso.

El cuadro es de una extrema fragilidad y no hay indicadores que prevean una mejora. Incluso los contagios en los lugares de trabajo comienzan a afectar la producción, que ya registró importantes caídas en abril, lo que pone de manifiesto que el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad es la regla. El sector automotriz, por ejemplo, produjo 32% menos que en marzo (Infobae, 12/5). Allí, el 20% de los trabajadores tuvieron que ausentarse por Covid-19, ya sea por estar contagiados o por ser casos estrechos.

Reorganizar los equipos de trabajo y el pago de las horas extra para suplir a aquellos trabajadores aislados genera costos que las patronales preferirían evitar. Por eso el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo habilitaron con una resolución conjunta la convocatoria al trabajo de personas de riesgo a 14 días de haber sido vacunados. Esto mientras Guzmán lleva a las mesas sectoriales con gremios y empresarios la discusión de atar el salario a la productividad.

El crecimiento de la desocupación es otro factor de agrava la crisis. El año pasado, más de tres millones de trabajadores dejaron de tener cobertura médica de obra social, mutual o prepaga, pasando a engrosar la atención en el sistema de salud público (Clarín, 12/5). Es la consecuencia de que el desempleo llegue al 11%, y de una inflación que desvaloriza los ingresos de los trabajadores, que impacta principalmente sobre los alimentos llevando a la población a elegir entre comer y el uso de otros servicios.

También es claro que la segunda ola, más virulenta y peligrosa que la primera, rápidamente escaló una vez que se dio inicio a las clases presenciales. Estas tomaron un lugar significativo como herramienta para garantizar la vuelta a los trabajos de los padres, imposibilitados muchas veces de hacerlo por tener que cuidar a sus hijes. El reciente fallo de la Corte Suprema a favor de la “autonomía” del gobierno de CABA ratifica esa orientación patronal.

En ese marco, el gobierno envió un proyecto de ley para regular las restricciones con la orientación de que, en este cuadro de alerta epidemiológica, algo debe parar para disminuir la circulación del virus, caso contrario terminará afectando más profundamente la producción. Pero los criterios que fija para la suspensión de la presencialidad escolar son extremadamente flexibles, ya que establece que el número de casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos catorce días debe superar los 500 (cuando la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda que sea con 200), y simultáneamente que la ocupación de camas UTI debe estar por arriba del 80%, un índice altísimo.

En resumen el proyecto de ley el gobierno mantiene la apertura a costa de la salud de los trabajadores. Es la orientación de clase que se vio durante toda la pandemia. Es lo que explica la negación a la centralización del sistema de salud, que terminaría con las diferencias entre quienes acceden a la salud privada y quienes a la pública, y permitiría disponer el conjunto de los recursos sanitarios.

La política del gobierno es criminal, sobre todo cuando no hay un plan de vacunación que garantice la inoculación de los trabajadores. Es lo que reclaman sectores crecientes del movimiento obrero. A esta ofensiva le oponemos también la pelea por protocolos elaborados y supervisados por los trabajadores en cada lugar de trabajo; y la lucha por la incautación de las vacunas producidas en el laboratorio de Sigman, la intervención de los laboratorios con capacidad de amplificar su fabricación y la liberación de las patentes.

A su vez, para garantizar la implementación de restricciones de las actividades no esenciales y a la circulación es necesaria la protección de todos los puestos laborales, que se brinde un seguro al parado de $40 mil, y un salario mínimo igual a la canasta familiar.

 

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