Es de público conocimiento que Argentina ocupa el podio entre los países con mayor cantidad de personas que guardan sus activos bajo la titularidad de sociedades off-shore, generalmente creadas en “paraísos fiscales”. Así lo reveló la investigación periodística que sacó a la luz los Pandora Papers. Recientemente trascendieron archivos que involucran al exministro de Hacienda durante el macrismo, Nicolás Dujovne, y al exsecretario de Trasporte kirchnerista, Juan Pablo Schiavi, hoy en día condenado como uno de los responsables políticos de la tragedia de Once.

Dujovne, por su parte, aparece como apoderado de una firma off-shore, Silveray Corporation, radicada en Belice,  donde sus padres son los principales accionistas. Una operación que sucedió cuatro meses antes de asumir como funcionario público y no había sido declarada ante la Afip. El exministro se excusa en que dicho poder, emitido por el buffette de abogados Alcogal -uno de los especializados en montar estructuras off-shore-, nunca contó con su firma, por lo tanto, no tendría validez.

De todas maneras, Dujovne, en su última declaración jurada como ministro, declaró que posee el 77% de sus activos fuera del país. Entre ellos, $58,8 millones en acciones de la sociedad off-shore Florentine Company, registrada en las Islas Vírgenes. A su vez, informó ser dueño de la Sociedad Anónima Jilym Company, ubicada en Uruguay. Es decir, sea cierta o no su participación en Silveray Corporation, no deja de ser “una mancha más al tigre”.

Por más que las acciones refugiadas en el resto de las sociedades off-shore mencionadas anteriormente hayan sido declaradas en Argentina, sigue siendo una estafa al fisco, ya que se eluden los impuestos correspondientes a sus rendimientos futuros en caso de no repatriarse ese dinero a una cuenta local. Y, mientras tanto, los titulares disfrutan de las “mieles” que ofrecen aquellos países donde radican dichas sociedades, conocidos como paraísos fiscales por su baja carga tributaria.

También se filtró que Schiavi, días después de asumir como funcionario dentro de la cartera de Julio De Vido en 2008, firmó, junto a su esposa, un poder que le otorgaba el control de la compañía off-shore Groveland Overseas SA, creada en Panamá, y de una cuenta en el Merrill Lynch Bank de Uruguay. Lo hizo sin dar aviso a la Oficina Anticorrupción ni declarar esos activos en el país, con el pretexto de que se trataba de dinero proveniente de una “herencia” que había recibido su esposa, de nacionalidad venezolana.

El aliciente en este caso es que está comprobado el origen espurio del patrimonio de Schiavi, alimentado a través de las coimas recibidas cuando era funcionario por parte de los empresarios que concesionaban el transporte público y ensanchaban sus bolsillos con los subsidios estatales, en lugar de dirigirlos a mejorar el servicio; además de sostener un régimen de precarización laboral en el ferrocarril. Este entrelazamiento criminal con los Cirigliano y el Grupo Plaza (a cargo del manejo de TBA) provocó la Masacre de Once en 2012, como resultado de la falta de mantenimiento en la infraestructura y el material rodante, donde murieron 52 personas y 789 resultaron heridas. Schiavi, a pesar de estar cumpliendo una condena como partícipe necesario de lo ocurrido, no se privó hace algunos días de manifestar con toda perfidia en relación al hecho que “la cultura argentina de ir a la punta del tren convirtió un accidente en una tragedia”.

Ambos constituyen ejemplos claros de evasión impositiva, cuyos protagonistas han ocupado cargos al interior de los sucesivos gobiernos. Una muestra palmaria de que el personal político del arco patronal se enriquece a costa del desfalco a los fondos públicos, disociándose completamente de los intereses populares. Mientras el pueblo paga con hambre y miseria el endeudamiento con el FMI que contrajo Dujovne en 2018 para que los capitalistas fugaran sus dólares del país, y los familiares de las víctimas de Once siguen llorando su pérdida irreparable fruto de los negociados que mantenía Schiavi (y tantos otros) con los empresarios del transporte, los autores de semejante oprobio atesoran su fortuna en paraísos fiscales.

Se calcula que la “fiesta” de los capitalistas y los políticos del régimen involucrados en el universo off-shore le hace perder a las arcas estatales alrededor de 90 mil millones de dólares por año solo en América Latina a causa de la evasión fiscal, y 427 mil millones de dólares en todo el mundo según el informe “El estado de la justicia fiscal 2020” que elaboraron las ONGs Global Alliance for Tax Justice, PSI y Tax. El estudio arroja que Argentina deja de recaudar debido a estas prácticas 2.341 millones de dólares anuales por parte de empresas y 343 millones de dólares provenientes de personas individuales (Diario Ar, 3/10).

A su turno, se trata de un mecanismo de fuga mediante el cual la clase capitalista gira sus ganancias al exterior, en lugar de reinvertirlas en suelo local; denotando el carácter decadente de este régimen social, incapaz de dar lugar a un desarrollo productivo del país y mucho menos satisfacer las necesidades populares. Como lo pusieron de relieve los Pandora Papers, los protagonistas de este saqueo están a ambos lados de la falsa grieta; son los Dujovne, los Schiavi, la familia Macri, los empresarios K como Hugo Sigman y Figueiras, el secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y la lista sigue. Los mismos que nos endeudan, aduciendo una supuesta “falta de dólares”, y honran dicha hipoteca ajustando a la población son los que por lo bajo se fugan la riqueza del país. Son ellos los que pretenden que los trabajadores renunciemos a nuestras conquistas en nombre de “revertir la huelga de inversiones”. Todo un retrato de una clase social, dueña del poder, que además de ser parasitaria es profundamente hipócrita.

Solo una intervención obrera y popular bajo un programa propio podrá detener esta sangría de recursos que promueven los que nos gobernaron y gobiernan. Para terminar con la fuga de capitales es necesario nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero, así como también romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria. Al régimen off-shore, desde el Frente de Izquierda Unidad le contraponemos una salida de los trabajadores.

 

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